Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

Río de Janeiro, de la euforia a la depresión

Tras la luna de miel de los Juegos Olímpicos, el Estado brasileño se enfrenta a un colapso financiero

Un espectador durante la inauguración de los Juegos Olímpicos.
Un espectador durante la inauguración de los Juegos Olímpicos. AFP

El joven Edvaldo Bispo criaba pollitos en una granja del interior de Bahía cuando se mudó, hace tres años —con 200 reales [algo menos de 60 dólares] en el bolsillo y la bendición de su pastor—, a la Ciudad Maravillosa. José das Graças y Claudio Gomes terminaron una presa en Sapucaia, en el interior de Río de Janeiro, y justo después les llamaron para trabajar en el nuevo puerto de la urbe. Edvaldo Pereira, otro bahiano, era carpintero en un municipio costero que vive de plantar cacao y acudió atraído por la altísima demanda de fuerza de trabajo. Las manos de todos ellos construyeron las obras que hicieron de Río la capital olímpica, pero hoy, una vez concluidas o paralizadas, esperan en una sala de sillas amarillas y un televisor sin volumen sus finiquitos. Es hora de volver a casa.

Río ya no es la ciudad de los Juegos ni un productivo Estado petrolero. Se acabó la fiesta, el precio del crudo se ha desplomado, la crisis nacional y las investigaciones anticorrupción han paralizado las inversiones y, sin nuevas fuentes de ingresos, la euforia terminó. La tasa de paro ha pasado del 3,5% en 2014 al 6,7% actual, frente al 11,8% nacional.

Río también ha dejado de ser un ejemplo de éxito, representado con aquel Cristo Redentor despegando como si de un cohete se tratara en la portada de The Economist para ilustrar la bonanza de Brasil en 2009. Hoy, el propio gobernador, Luiz Fernando Pezão, del PMDB, dice que Río se está volviendo “ingobernable” y el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, pone al Estado como ejemplo de lo que no debe hacerse, y justifica así, de paso, un severo ajuste fiscal nacional para recuperar las finanzas del país. “Lo que está sucediendo en Río es didáctico. Prueba que alguien tiene que pagar [las cuentas del descontrol de gastos y de la seguridad social]”, dijo recientemente. La situación de Río es tan crítica que el salario de octubre de los funcionarios va a ser fraccionado en siete cuotas, y nadie garantiza que se les abone la paga extra de final del año. Se pone en duda incluso que se les pague la nómina de los próximos meses.

El Gobierno de Río ha empezado a actuar: más allá de buscar ayuda federal en Brasilia, ha elaborado un paquete de medidas de ajustes que ha provocado que los funcionarios salgan a la calle durante cuatro días seguidos. Su situación ya no es sinónimo de estabilidad, y ya hay quienes los vetan a la hora de a alquilar un piso.

Con el plan de ajustes actual, el Ejecutivo pretende recaudar 13.300 millones de reales, casi 3.900 millones de dólares. El Fondo de Pensiones del Estado, incluso con los recortes e ingresos a cuenta, solo dejará de ser deficitaria en dos décadas. “Las medidas son draconianas, pero necesarias. El Estado, además, necesita buscar ingresos: la crisis no se debe a un aumento del gasto sino a una caída brutal de la contribución proveniente de impuestos, de los ingresos derivados de la exploración de petróleo y de las transferencias federales en un Estado con una planificación errónea, dependiente del crudo y con una estructura productiva todavía hueca”, lamenta Mauro Osório, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro. A su juicio, la euforia nunca fue real. “A partir de 2008, Rio se acerca al promedio nacional de crecimiento. Fue nombrada sede los Juegos Olímpicos, la industria automovilística creció, se benefició del Programa de Aceleración de Crecimiento (PAC) y recibió inversiones federales, pero no hubo ninguna planificación más consolidada y se apostó por exenciones fiscales para atraer inversiones”, explica. Las exenciones fiscales, cuyas cifras no se divulgan con total transparencia, benefician desde a grandes empresas a pequeñas joyerías.

El panorama que se avecina no es nada esperanzador. “Si la Justicia congela las cuentas del Estado hasta que no se paguen los sueldos de los funcionarios, no va a haber dinero para pagar la comida de los presidios, ni para comprar medicamentos en los hospitales. Es muy grave”.

En la sala donde los trabajadores esperan para formalizar sus finiquitos, Nilson Duarte, el presidente de un sindicato de la construcción —el sector que más empleos ha perdido por la crisis— rechaza también cualquier optimismo. “Casi todas las principales obras están paradas, y una obra de infraestructura es fundamental para que la economía camine. 9.000 personas pasaron por aquí en 2015 para firmar sus finiquitos; este año ya son 14.000. Nunca habíamos pasado por una situación similar”, lamenta Duarte. “En Brasil todo vuelve a funcionar después de los carnavales, pero no sé qué pasará esta vez”.

Más protestas en los próximos días

El clima de insatisfacción amenaza con agravarse los próximos días: hoy los funcionarios estatales de todas las áreas —de policías a doctores— se concentrarán frente a la Asamblea Legislativa. No solo se temen protestas: un aliado del Gobierno dijo a este diario que lo peor aún está por llegar: “Imagine que los trabajadores deciden cruzarse de brazos en hospitales, comisarías, escuelas... será el caos”.

El “paquete de la maldad”, como ha sido bautizado por sus contrarios, contempla la reducción de secretarías y del 30% de los sueldos del gobernador y sus secretarios. También un aumento de los impuestos sobre la energía, la cerveza, los cigarrillos, la gasolina y el teléfono, la extinción de programas sociales, como los comedores populares o el alquiler social, o el aumento del precio del billete único de transporte.