La justicia peruana condena a Vladimiro Montesinos a 22 años de cárcel

Un tribunal penal en Lima condenó el martes a Vladimiro Montesinos, el jefe de facto de las Fuerzas Armadas y exasesor del presidente durante la dictadura de Alberto Fujimori, a 22 años de prisión como autor de un delito de desaparición forzada de dos estudiantes de la Universidad Nacional del Callao en 1993, Martín Roca y Keneth Anzualdo, y el profesor Justiniano Najarro, secuestrado ese mismo año. La Segunda Sala Penal Liquidadora de Lima calificó los hechos como crimen de lesa humanidad. La sentencia indica que está probado que las víctimas fueron detenidas y llevadas a las celdas en el sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE): allí los torturaron y asesinaron y luego incineraron los cuerpos en el horno del SIE instalado con ese fin. Montesinos ya cumple una condena de 25 años.

Además de a Montesinos, la justicia peruana condenó el martes a 22 años de cárcel el entonces comandante general del Ejército peruano, Nicolás Hermoza Ríos —quien, como el exjefe de facto de las Fuerzas Armadas, ya está en prisión por otros crímenes—, y a 15 años el exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Jorge Nadal Paiva, quien no asistió a la lectura de sentencia y es reo contumaz. “Nadal asistió a las primeras sesiones del juicio, pero está fugado: si lo detienen tendrá que haber otro juicio oral para su caso, tiene varios otros procesos”, explicó la abogada Gloria Cano en declaraciones a este diario.

 En agosto de 1993, en plena dictadura de Fujimori, un grupo de efectivos de la Marina allanó la casa del estudiante Martín Roca para llevarse la grabación de una marcha de protesta en la que participaron jóvenes. Al no encontrarla, lo torturaron y amenazaron de muerte. En octubre, Roca volvía a su casa en un omnibus y no se supo más de él. Un amigo suyo, el también universitario Anzualdo, iba a dar su testimonio en diciembre sobre la desaparición de su compañero de estudios, pero el vehículo en el que viajaba fue interceptado por supuestos policías y desapareció. Tampoco se supo más de él.

Cano indica que entre las pruebas más importantes del caso están los cuadernos de ingreso del Servicio de Inteligencia del Ejército. “Las fechas de detención e ingreso coinciden con la fecha de desaparición de los agraviados, aunque no figuren los nombres”, apunta. En 2002, una comisión de investigación del Congreso peruano encontró dichos documentos. Los militares identificaban con una clave a los civiles que retenían en los sótanos del SIE.

En el caso del profesor Najarro, fue acusado —por el dueño del local que alquilaba— sin pruebas de ser miembro del grupo terrorista Sendero Luminoso y tras tres años preso fue absuelto. Después el asesinato de un exmiembro del Ejército cerca del local, en el que regentaba una panadería, dos militares allanaron su casa y no encontraron nada, pero se lo llevaron a él en un automóvil con rumbo desconocido.

Los familiares de los desaparecidos, que buscaban justicia desde 1993, tuvieron que esperar casi dos décadas hasta que se produjese la acusación del Ministerio fiscal. En 2012 empezó el juicio oral. Ayer, los allegados de las víctimas indicaron en una conferencia de prensa que la sentencia les “restituye la dignidad y la confianza en la justicia”, pero esperan que encuentren los restos de sus seres queridos.

 “La sentencia no alude a la búsqueda de los restos, pero cuando se mete un cuerpo humano en un horno, no se destruye totalmente. Los restos deben estar enterrados en algún lugar cerca del SIE. Para solicitar esa diligencia usaremos la nueva ley de la búsqueda de desaparecidos”, añadió la letrada abogada Cano.Montesinos ya cumplía condena de cárcel hasta 2026, cuando tendría 81 años. Con la nueva pena, su salida de prisión se postergará aún más.