Argentina en vilo ante la decisión de la justicia sobre las tarifas de la energía

Argentina es uno de los pocos países del mundo donde buena parte de los jueces y fiscales son personajes muy conocidos, que aparecen con frecuencia en televisión y viven una vida de estrellas. Buena parte de la política argentina pasa por la justicia, y no solo por los escándalos de corrupción. Pero pese a ese enorme protagonismo, pocas veces el país austral había vivido tan pendiente de una decisión judicial. Millones de argentinos esperan que la Corte Suprema, el máximo tribunal del país, decida mañana jueves si tienen o no que pagar los descomunales aumentos de las facturas del gas, de hasta el 1.000%, que es ya la medida más polémica de Mauricio Macri.

Los argentinos vivían una anormalidad absoluta: con la inflación más alta de Latinoamérica después de Venezuela –ahora mismo supera el 40%- los precios de casi todo –alimentos, ropa, mobiliario, alquileres, seguros de salud- están entre los más altos del continente. Pero los de la energía estaban entre los más bajos. Una decisión política de los Kirchner congeló los precios de agua, luz, gas y transporte desde 2002, compensados por el Estado con subsidios.

Macri decidió acabar con esta anomalía y decretó descomunales subidas de todas las tarifas. El descontrol y las críticas fueron de tal calibre que el Gobierno intentó ponerle freno y limitó los aumentos para el gas al 400%. Pero muchos usuarios recurrieron a la justicia y lograron que se frenaran. Ahora los argentinos viven en un limbo en el que nadie sabe si hay que pagar el gas o no. Y el Gobierno lleva varias semanas presionando a tope a la Corte Suprema para que no eche para atrás los aumentos.

El Ejecutivo de Macri asegura que una sentencia desfavorable contra su decisión económica más importante implicaría un descontrol y una enorme presión de los mercados contra Argentina. La oposición a su vez está presionando a los jueces para que tumben la medida estrella de Macri. En medio de este ambiente de gran tensión, la fiscal general del Estado, Alejandra Gils Carbó, que fue nombrada durante el kirchnerismo y es prácticamente el único cargo importante que Macri no ha podido destituir, ha solicitado formalmente a la Corte Suprema que eche atrás la medida.

Sin embargo, todo parece indicar que la Corte Suprema, presidida por Ricardo Lorenzetti, que ha hecho gala hasta ahora de su independencia y tuvo fuertes enfrentamientos con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, adoptará una decisión salomónica en la que exigirá al Gobierno que tome algunas medidas correctoras, como la posibilidad de hacer audiencias públicas para discutir la subida de precios, pero sin anular por completo la medida.

Fuentes judiciales coinciden en que la Corte no dará un golpe en la línea de flotación del Gobierno en un momento especialmente delicado. La anulación de la medida tendría un coste no solo político sino sobre todo económico –los subsidios y la inestabilidad- que el Ejecutivo no puede asumir.

La decisión se conocerá con toda probabilidad mañana jueves. Las discusiones entre los cuatro miembros de la Corte –falta un quinto por asumir- han sido muy intensas y las presiones mayores que nunca pero el consenso tejido por Lorenzetti parece cercano.

El gobierno aumentó la tarifa del gas el 1 de abril. En ese momento se anunció que la subida alcanzaría al 285% para un promedio de consumo de 34 metros cúbicos. Pero la realidad fue bien distinta. Las subidas llegaron en algunos casos a más del 1.000% y generó una ola de amparos judiciales para detenerlas y manifestaciones en las calles. A las quejas se sumaron también muchos gobernadores, sobre todo de las provincias del sur, donde el gas es la principal fuente de calefacción en los hogares. Un invierno muy duro en julio calentó aún más los ánimos.

Sin embargo, Macri ha ido poco a poco convenciendo a varios gobernadores de que le apoyen, ante la tesitura de tener que financiar ellos los subsidios que se están reduciendo. El Gobierno insiste en un dato: a pesar de las subidas, el 87% de los argentinos paga menos de 500 pesos -33 dólares- al mes de gas.

Todo el sector de la energía en Argentina está desacoplado del resto del continente. El petróleo, por ejemplo, es el más caro del mundo porque se subvenciona para pagar a las empresas que lo extraen 70 dólares el barril –en el mercado ronda los 40-. Macri no se anima a eliminar ese subsidio, pensado para promover las inversiones petroleras, porque terminaría de hundir la industria y mandar al desempleo a miles de personas que viven del petróleo en regiones del sur donde no hay ninguna otra actividad.

El Gobierno culpa al kirchnerismo del desbarajuste. “Argentina pasó en los últimos años de tener energía abundante, exportada y barata a escasa, importada y cara. El sector se instaló en un enorme desorden”, resumió el ministro de Energía, Juan José Aranguren, en una larguísima comparecencia de 10 horas ante el acoso de la oposición. Aranguren sufrió durísimas críticas porque él viene de la industria energética –fue consejero delegado de Shell en Argentina y conserva un importante paquete de acciones- por lo que le acusaron de beneficiar a sus anteriores patrones y a su propia cuenta corriente.

Pocas cosas hacen más daño al millonario Macri que el mensaje de que dirige un "Gobierno de ricos para ricos". El Ejecutivo insiste en que el sistema de subsidios organizado por el kirchnerismo beneficiaba sobre todo a las rentas más altas, que tenían más gasto energético y por tanto más subsidio, pero incluso dentro del Gobierno admiten que este asunto, que lleva coleando casi desde el principio del mandato de Macri, le está haciendo mucho más daño del previsto.