En México es asesinado un periodista cada 26 días, denuncia Article 19

Durante los primeros siete meses de este año, ocho reporteros han sido asesinados, todos en la zona sur- sureste de México: Marcos Hernández, Anabel Flores, Moisés Lutzow, Francisco Pacheco, Manuel Torres, Eligio Ramos, Salvador Olmos y Pedro Tamayo. La cifra supera los siete asesinatos de todo 2015 y al menos en dos casos, se trató de ejecuciones extrajudiciales, es decir, crímenes cometidos por alguna autoridad, revela un informe de Article 19, organización defensora de la libertad de expresión.

Además de los asesinatos, Article reporta 218 agresiones cometidas contra informadores de medios establecidos o independientes. De enero a marzo fueron 69 y de abril a junio 149, lo que significa que durante el segundo trimestre la violencia contra periodistas aumentó a más del doble (115%).

Esto se explica por dos importantes sucesos en los que la prensa estuvo involucrada: las elecciones estatales del 5 de junio y el conflicto magisterial en Oaxaca, que tuvo un violento estallido el 19 de ese mes, con el enfrentamiento entre maestros opositores a la reforma educativa y policías armados. Durante estos eventos, reporteros y fotógrafos fueron acosados para acotar sus coberturas, agredidos físicamente, detenidos o se intentó retener sus equipos de trabajo, explica la directora de Article 19, Ana Ruelas.

Tan sólo el día de la elección, apunta Ruelas, hubo 17 agresiones contra la prensa. Durante los dos días más convulsos de las protestas magisteriales en Oaxaca se documentaron 16 ataques. “En tres días documentamos casi la mitad de las agresiones del primer trimestre. El número incrementó notablemente en las dos semanas anteriores y posteriores a la elección, incluso Estados donde no había registro de agresiones (como Aguascalientes), aparecieron en esos días”, especifica la directora de Article 19.

El número de asesinatos de periodistas en 2016 no sólo ha superado el de 2015, sino también el de cualquier otro año del Gobierno de Enrique Peña, que inició el 1 de diciembre de 2012, según el informe trimestral de la organización. “Incluso, los 24 asesinatos en la actual administración superan el total del sexenio de Vicente Fox (2000- 2006), de 22”, refiere el reporte.

Pero más importante que las cifras, indica el informe, es la inacción del Estado y la impunidad. Lejos de encontrar justicia, lo que algunas de las víctimas de estas agresiones han obtenido es desprestigio público y revictimización, además de que en muy pocos casos se considera la labor periodística de las víctimas dentro de las investigaciones. La mayoría de los asesinatos son relacionados con el crimen organizado o delincuencia común.

“La verdad es que no existe ningún incentivo negativo para agredir a un periodista, se ve que vas a salir libre por un delito que a plena luz del día cometiste. El nivel de impunidad ha permitido y ha dado puerta abierta a que las agresiones se sigan intensificando”, sentenció Ana Ruelas.

Uno de los casos más representativos de este flagelo es el de Salvador Olmos, locutor de radio comunitaria en Oaxaca, asesinado el 26 de junio, una semana después del violento enfrentamiento entre maestros disidentes y policías armados. De acuerdo con el informe de Article, Olmos fue arrollado por policías en una patrulla, presuntamente porque estaba huyendo de su detención. Los policías argumentaron que Salvador corrió y el lugar estaba oscuro, por lo que no pudieron verlo y lo arrollaron accidentalmente, pero sus familiares aseguran que el cuerpo tenía signos de tortura. Al ser un asesinato cometido por servidores públicos, explica Ana Ruelas, se trata de una ejecución extrajudicial y con esa categoría debe ser investigado y castigado, pero ni ese factor ni el de su trabajo periodístico han sido considerados hasta ahora.

El informe se publica unos días después del primer aniversario del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, una de las cinco víctimas del multihomicidio de la colonia Narvarte, ocurrido el 31 de julio de 2015 en la Ciudad de México. Este caso es otro en los que Article 19 advierte que se debe considerar la profesión de la víctima dentro de las investigaciones, al menos respecto a Espinosa.

A un año del crimen, el caso Narvarte no ha sido esclarecido. Tampoco ha sido cerrado, pero Article 19 asegura que la fiscalía de la Ciudad de México se resiste a iniciar una investigación diligente, “este proceso podría tener la misma suerte de todas las agresiones a periodistas, falta de justicia y acceso a la verdad”, lamentó Ruelas.