Empresas y derechos humanos

En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos. Éstos reiteran la obligación de los Estados de proteger los derechos humanos, incluyendo controlar actividades empresariales; resaltan la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; y la necesidad de mecanismos adecuados de acceso a la justicia para las víctimas.

El Consejo creó también el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos para promover la implementación de dichos Principios. Este Grupo visitará México del 29 de agosto al 7 de septiembre. Será la segunda visita que haga a América Latina, la primera fue en Brasil en diciembre de 2015.

La visita a México es de gran importancia:

México es una de las 15 economías más grandes del mundo y el rol del sector empresarial, así como la relación de éste con los derechos humanos, es evidente.

Se ha vuelto excepcional que México invite a organismos internacionales de derechos humanos en misiones oficiales y que las autoridades atiendan seriamente las recomendaciones realizadas.

El país atraviesa por una crisis de derechos humanos, evidenciada entre otros, por los primeros lugares que ocupa respecto de desapariciones forzadas,ataques a defensores de derechos humanos (especialmente ambientalistas) y a periodistas .

Por ello la expectativa alrededor de esta visita. En preparación, el Grupo ha recibido información acerca de la situación de derechos humanos en México y sobre violaciones de derechos humanos causadas por empresas. Están pendientes por anunciar los lugares a visitar y la agenda; una tarea complicada considerando la vasta geografía del país y la temática por abordar.

En su visita a Brasil, el Grupo se reunió con autoridades, empresas privadas y estatales, sociedad civil y personas afectadas. También fue a lugares estratégicos para verificar denuncias de violaciones cometidas por empresas. Estuvo en Altamira, ciudad donde se construyó la represa Belo Monte, y Minas Gerais, estado donde una represa de residuos mineros se rompió en noviembre pasado.

El Grupo produjo un informe sobre Brasil con 32 recomendaciones, en el cual expresó su preocupación por la indebida influencia corporativa en la definición de políticas, y porque la capacidad del Estado de vigilar a las empresas esté posiblemente comprometida debido al lobby y al financiamiento de procesos políticos. También destacó que la mayoría de las empresas no evalúan los riesgos que sus actividades implican para los derechos humanos y cuando lo hacen, es bajo la perspectiva del riesgo para la empresa. Enfatizó la debilidad de la reglamentación, licenciamiento y monitoreo a grandes proyectos, así como la falta de consulta de medidas de mitigación y compensación a personas y comunidades afectadas.

Resalto diez recomendaciones que podrían ser aplicables a México.

Al gobierno:

Capacitar a funcionarios, tomadores de decisión y jueces sobre las obligaciones del gobierno y las empresas de prevenir y resarcir afectaciones a derechos humanos.

Definir expectativas claras sobre políticas para que todas las empresas respeten los derechos humanos e implementen operaciones nacionales y en el extranjero con debida diligencia.

Cumplir con los Principios Rectores, los lineamientos de la OECD sobre empresas transnacionales a nivel nacional e internacional, y con estándares internacionales y buenas prácticas, especialmente en proyectos de infraestructura y desarrollo.

Evaluar el acceso efectivo a remediación, fortalecer mecanismos judiciales y no judiciales, y abordar abusos relacionados con empresas.

Fortalecer la reglamentación a grandes proyectos, así como la capacidad, recursos y coordinación entre autoridades —particularmente las ambientales y de derechos indígenas— para mejorar el monitoreo de impactos socioambientales.

Asegurar que cuando ocurran desastres ambientales, se implementen medidas de mitigación y remediación, y compensación adecuada a los afectados (debidamente consultados).

Garantizar que los actores posiblemente afectados por proyectos de desarrollo (especialmente los más vulnerables), reciban información y asesoría legal adecuada para estar en igualdad de condiciones en negociaciones con empresas.

Dar mayores recursos al programa nacional de protección de defensores/as y enfatizar la mejora de sus condiciones sociales, económicas y políticas.

A las empresas privadas y públicas:

Respetar derechos humanos, e identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas con debida diligencia, de cómo abordan las afectaciones a derechos humanos.

Asegurar consultas efectivas con personas y comunidades afectadas. Ello implica evaluar afectaciones en derechos humanos; prestar atención especial a grupos potencialmente marginalizados o vulnerables, garantizándoles información adecuada y oportuna sobre actividades que podrían afectarles; resaltar de manera diferenciada la atención de riesgos para mujeres, niños y niñas, y hombres, especialmente respecto de proyectos de infraestructura que involucren reasentamiento de comunidades.

La visita del Grupo de Trabajo de la ONU apunta a ser un suceso en materia de derechos humanos en México. Esperamos que sus conclusiones estén a la altura de lo que el país requiere, y que tanto el gobierno como las empresas reciban la visita y las recomendaciones con seriedad y verdadera disposición a aplicarlas. Llegará septiembre y veremos. Nos conviene e interesa a todas.

* Astrid Puentes Riaño es abogada ambientalista y de derechos humanos, codirectora ejecutiva de AIDA, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente - @AIDAespanol, @astridpuentes