El expresidente de Guatemala, Otto Pérez, ligado a proceso por un nuevo caso de corrupción
Su ex vicepresidenta Roxana Baldetti y 53 altos cargos también quedan sujetos a los tribunales por utilizar el aparato estatal para despojar los bienes públicos

El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, han quedado sujetos a los tribunales por un nuevo escándalo de corrupción conocido como 'cooptación del Estado -convertir a las instituciones gubernamentales en una maquinaria para el despojo de los bienes públicos-, según dictaminó este miércoles el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de mayor Riesgo que conoce el caso.
Es la tercera imputación de la misma naturaleza en contra de los exmandatarios, quienes ya están a disposición de los tribunales y guardando prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo (cobrar sobornos) y lavado de dinero.
Era una maquinaria perfectamente aceitada, con porcentajes acordados para la distribución de los sobornos. “Baldetti y Pérez se quedaban con el 55%”, puntualizó Gálvez, mientras el resto se distribuía de acuerdo con la importancia de los implicados en esa cadena de corrupción.
La audiencia, la más numerosa de la historia de Guatemala, también conoció la petición del Ministerio Público (Fiscalía) en contra de 57 altos cargos del Gobierno de Pérez y Baldetti (2012-2015), así como de empresarios y banqueros cómplices en la rapiña o acusados de financiamiento electoral ilícito. Solo cuatro de estos últimos quedaron libres de cargos porque el juez Gálvez no encontró indicios de culpabilidad.
La audiencia se prolongó por 27 jornadas, a lo largo de las cuales el juez Gálvez detalló cada uno de los señalamientos, con abundantes citas a la Constitución de Guatemala, códigos, y hasta derecho comparado. Tras escuchar a la defensa, el letrado también se tomó su tiempo para desmontar sus argumentos y utilizó cinco días más para sustentar su decisión, dictada al mediodía de este miércoles.
Los abogados centraron su alegato en desacreditar a uno de los testigos protegidos, Juan Carlos Monzón, a quien Gálvez descalificó de entrada: “No es ningún angelito. Es pícaro. Un delincuente”, dijo durante la audiencia, para centrarse en pruebas abundantes, basadas en escuchas telefónicas y documentación sustraída de ordenadores y lápices de memoria que la Fiscalía se incautó en allanamientos a las oficinas y residencias de los imputados.
Durante estas largas y agotadoras jornadas, se pudo ver a Otto Pérez nervioso. Por ratos, mostrando síntomas de cansancio y a veces visiblemente molesto. Baldetti parecía estar serena y prestar atención a los razonamientos del juzgador. Solo eventualmente se inclinaba para cambiar un par de palabras con su defensor. También tuvo pasajes pintorescos, como ver al exgerente del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, aferrado a una Biblia, la que leía a ratos. Rodríguez está acusado de utilizar los recursos del Seguro en beneficio propio, con grave perjuicio para los afiliados.
Para Carlos Guzmán-Böckler, considerado como el padre de la sociología guatemalteca, el que se juzgue a gobernantes corruptos es un hecho único en la historia de este país. “En un hito en la percepción de la justicia. Es un cambio vital en el contexto histórico”, dijo a EL PAÍS, para concluir que el juez Gálvez ha demostrado entereza a la hora de impartir justicia.
“La justicia ha ganado credibilidad, pero es necesario seguir avanzando. Ante la contundencia de las pruebas, la población espera condenas severas”, dijo el analista Luis Linares, de la Asociación para la Investigación y Estudios Sociales (Asíes, independiente). “Hemos vivido un saqueo organizado y sistemático y sólo unas penas contundentes harán que los funcionarios sean recatados en el ejercicio de sus cargos”, sentenció.
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