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El Supremo rechaza el proyecto sobre el derecho al aborto en México

La Corte considera improcedente el amparo presentado y elaborará un nuevo proyecto

Manifestación contra el aborto frente al Supremo mexicano este miércoles.
Manifestación contra el aborto frente al Supremo mexicano este miércoles.

La Suprema Corte de Justicia mexicana ha rechazado este miércoles avalar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo. El máximo Tribunal ha desechado un proyecto del ministro Arturo Zaldívar (impulsor también del uso recreativo de la marihuana y del matrimonio homosexual en México) que reconocía la inconstitucionalidad de dos artículos del código penal que criminalizan el aborto.

De los cuatro magistrados presentes en el debate de la Primera Sala (un quinto se ausentó), solamente el ponente votó a favor del proyecto. Los otros tres lo rechazaron, sin discutir el fondo, por la “improcedencia del mismo”, al considerar que el amparo no es la vía para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres cuando se les niega la interrupción del embarazo. Uno de ellos elaborará un nuevo proyecto que podrá ser debatido en los próximos meses.

Regina Tamés, presidenta de la organización feminista GIRE, considera que “el escenario no es negativo, ya que todavía hay una oportunidad para aprobar un proyecto que garantice el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo”.

Entre agosto de 2012 y diciembre de 2013, 682 mujeres enfrentaron una denuncia por aborto

El amparo presentado consideraba que la normativa actual “vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud sexual y reproductiva y el derecho a la igualdad y la no discriminación”. En su redacción establecía que el Estado no puede exigir en su código penal que la mujer lleve a término su embarazo cuando este no fue consentido (como en el caso de una violación), cuando está en riesgo la salud de la embarazada, cuando el feto es inviable o en un periodo cercano a la fecundación.

El caso de Margarita

Con la votación de este miércoles, la Corte rechaza amparar a Margarita, una mujer que se quedó embarazada a los 41 años y cuya edad, los problemas de sobrepeso y el haberse sometido unos meses antes a un bypass gástrico, hicieron que su embarazo fuera catalogado de alto riesgo. Según los médicos, estos factores podían provocarle complicaciones diabéticas, tromboembolismo y preeclampsia. Además de sufrir dos amenazas de aborto, el feto fue diagnosticado con el síndrome de Klinefelter, una alteración cromosómica que impide el desarrollo de los genitales en la pubertad.

Cuando la mujer, a finales de 2013, acudió al hospital 20 de Noviembre de la Ciudad de México para solicitar poner fin a su embarazo, su petición fue denegada hasta tres veces. El centro pertenece a la red de salud de la seguridad social para empleados públicos, que se rige por la normativa federal, la cual permite el aborto sólo en unos supuestos muy limitados. Como la capital del país había aprobado en 2007 la interrupción legal del embarazo, Margarita acudió a una clínica privada para terminar con el suyo, pero inconforme con la respuesta de las autoridades de salud, decidió promover un juicio de amparo contra los artículos del código penal federal que impiden el aborto.

El contexto en México

Según datos de GIRE, entre agosto de 2012 y diciembre de 2013, 682 mujeres enfrentaron una denuncia por aborto y 75 fueron sometidas a un proceso penal. En el mismo período 22 mujeres se encontraban en prisión por este delito, 13 de ellas de manera preventiva y nueve con sentencia definitiva.

Las legislaciones sobre interrupción del embarazo varían en las 32 entidades de México y sólo la Ciudad de México permite el aborto libre en las primeras 12 semanas de gestación. El aborto en casos en los que el embarazo es producto de una violación sexual es la única causal legal que existe en todo el país. En otros Estados se contempla también el riesgo grave para la vida, alteraciones genéticas en el feto, inseminación artificial no consentida y situación económica. Las penas de cárcel para una mujer que comete el delito de aborto varían de seis meses a cinco años.

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