Un grupo de exterminio perpetra una nueva matanza de pandilleros en El Salvador

El combate a las pandillas y la política de mano dura emprendida en El Salvador avanza en paralelo con el aumento de matanzas extrajudiciales que han puesto en estado de alerta a organizaciones de Derechos Humanos que denuncian el aumento de prácticas paramilitares.

El martes un grupo armado cubierto con pasamontañas y vestido con ropas del ejército irrumpió en un funeral, se llevó por la fuerza a cuatro pandilleros y terminó con ellos a machetazos en una zona rural del país sin que hasta el momento haya ni un solo detenido, confirmó ayer la policía salvadoreña.

Según las primeras investigaciones, los cuatro asesinados, presuntamente miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS 13) con edades entre los 23 y 36 años, participaban en un velorio cuando el grupo armado llegó al cantón El Amatón- Departamento de Usulután-a 160 kilómetros de San Salvador- y se los llevó del lugar.

El Gobierno de Salvador Sánchez Cerén del FMLN ganó las elecciones en 2014 con un mensaje de mano dura contra las pandillas y en enero de 2015 movilizó al ejército en los barrios, apoyado por tanquetas y helicópteros.

El Estado no puede ser peor o igual que el criminal Procurador de DDHH de El Salvador

Sin embargo el resultado es agridulce. En los tres primeros meses de este año el pequeño país centroamericano registró 22 muertes violentas cada día, lo que convierte a El Salvador en el país más violento del mundo entre las naciones sin una guerra declarada. Aunque el gobierno se atribuye haber reducido en mayo a 11 las muertes diarias, Santiago, líder pandillero de la 18 Sureño, insistió en entrevista con EL PAíS que los buenos datos de mayo se deben a una tregua pactada desde Semana Santa.

En paralelo con la mano dura de Cerén el Procurador de Derechos Humanos de El Salvador, David Morales, denunció la reaparición de grupos de extermino y responsabilizó a la policía y a soldados de las fuerzas armadas de ejecuciones extrajudiciales encubiertas como enfrentamientos. “El Estado no puede ser peor o igual que el criminal, es preocupante casos de enfrentamientos donde se informa de ejecuciones extralegales” escribió Morales en abril en su cuenta de Twitter. Su institución investiga 30 matanzas que habrían dejado unos 100 presuntos pandilleros muertos.

En concreto, el defensor de DDHH denunció dos matanzas en 2015.

Una de ellas fue reporteada por el periódico digital El Faro, que publicó en julio cómo la policía asesinó a ocho jóvenes tras un supuesto enfrentamiento en la finca San Blas, Departamento de La libertad. El enfrentamiento se publicitó como un éxito de los cuerpos de élite de la policía salvadoreña cuando en la realidad es que se trató de una matanza en la que aparecieron ejecutados varios jóvenes que ni siquiera eran pandilleros, demostró este periódico. Según Insightcrime una web especialidad en crimen organizado, en lo que va de año han muerto 346 pandilleros en enfrentamientos con la policía.

Otra modalidad es la participación directa de escuadrones de la muerte en matanzas de presuntos pandilleros como la de esta semana.

En las escasas investigaciones puestas en marcha hasta el momento, la Fiscalía General también demostró los vínculos entre la policía y los grupos de exterminio. La primera semana de mayo la fiscalía ordenó detener a cinco agentes, un empleado administrativo de la policía y 16 pistoleros dedicados al robo, sicariato y el exterminio de pandilleros. Según las investigaciones de la fiscalía, esta organización estaría vinculada al menos a una docena de homicidios.

Silvia Cuellar, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, citada por la agencia AP, dijo que la existencia de estos grupos de extermino podría constituirse en una repetición del pasado "como en un tiempo pudieron haber sido los escuadrones de la muerte". "Creo que es una alerta, y el gobierno debe preocuparse y debe ver la disolución de los mismos y procesar a los que estén en dichos grupos", agregó.

En el último año y medio, 85 policías han sido asesinados por los pandilleros, que pusieron a los uniformados en el punto de mira tras la escalada represiva desatada por el Estado desde inicios de 2015.