La delincuencia y la violencia cercan Lima y saltan a la política

El ministro de Interior de Perú, José Luis Pérez Guadalupe, afirmó el pasado martes que la delincuencia se había vuelto “mucho más violenta y hasta letal”. Para combatir esta situación, el Gobierno ha desplazado a 1.770 agentes de la Policía Nacional de ocho regiones del país a Lima. En la capital han sido asesinados o heridos de gravedad en las dos últimas semanas cambistas de dólares y alumnos de universidades, institutos y escuelas. Los candidatos presidenciales hacen campaña con la lucha contra la inseguridad.

Una de las principales promesas del presidente peruano, Ollanta Humala, durante la campaña electoral de 2011 fue el combate a la inseguridad ciudadana, pero los ciudadanos piensan que no la ha cumplido. Según una encuesta de Datum difundida la semana pasada, el 90% de los peruanos considera “muy necesaria” una reforma en seguridad y un 43% cree que es el sector que requiere una modificación con más urgencia.

El domingo un delincuente asesinó a un adolescente de 17 años cuando intentó robar a su familia. Dos días antes, el viernes 13, unos ladrones montados en una motocicleta dispararon contra cuatro cambistas de dólares y se llevaron 50.000 dólares, en una estrecha calle del Barrio Chino, en el centro de Lima.

El 90% de los peruanos considera “muy necesaria” una reforma en seguridad según una reciente encuesta

Esta zona es uno de los 222 puntos de la capital en los que trabajan ciudadanos con enormes fajos de billetes, sin mayor protección que el amparo de ir en pequeños grupos de tres o cuatro. Afortunadamente, el pasado sábado no hubo muertos, como es habitual, pero dos cambistas quedaron heridos. El asalto ocurrió frente a un banco con protección policial.

Falta de recursos

“No tenemos recursos suficientes”, reconoció ayer el general César Gentille, al reportar la captura de un sospechoso de otro crimen ocurrido el 23 de abril fuera de la Universidad San Marcos. El policía explicó que están reordenando la distribución de los policías para tratar de solucionar el problema. A los más de 8.200 efectivos que trabajan en Lima, llegarán otros desde distintas regiones para patrullar.

 Mishell Solís, un joven universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue asesinado con dos impactos de bala por los asaltantes que le robaron la mochila cuando salía de clase. Mauro Solís, su padre, afirmó que no presentará denuncia por el delito. “Ya estoy cansado de pelear con el Estado. Al final no pasa nada, todo queda en nada”. Ante este crimen y el ocurrido el 6 de mayo en la misma zona, la hija de Margarita Arribasplata ha decidido mudarse, como su propia madre contó en una radio peruana. “Los delincuentes tocan la mochila y si sienten un laptop, roban. Si [las víctimas] ofrecen resistencia, disparan”, aseguró Arribasplata.

Gino Costa, responsable del equipo de seguridad ciudadana de Peruanos por el Kambio (PPK), ve insuficiente que el Estado se dedique solo a controlar el delito, como ahora. En un debate televisado el domingo, planteó reforzar la prevención para garantizar calles y barrios más seguros, “integrando el trabajo con la Policía Nacional, el serenazgo [la municipal] y los vecinos organizados”. Además, la organización liderada por el candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski propone mantener la exclusividad del servicio público de los policías, triplicar la capacidad de inteligencia e investigación policial y asegurar cárceles productivas, “que no sean universidades del delito”, en palabras del aspirante electoral.

Por su parte, Fuerza Popular, de la candidata Keiko Fujimori, propone el retorno al sistema 24 x 24, que establecía que los policías trabajaban un día para el Estado y tenían un día libre para prestar sus servicios en el sector privado. Este partido planea además reducir la criminalidad en las prisiones construyendo cinco centros para delincuentes altamente peligrosos, a 4.000 metros sobre el nivel del mar y sin acceso a la telefonía móvil.

Fujimori afirma que, si gana, en su Gobierno las Fuerzas Armadas vigilarán los locales públicos para aumentar las patrullas en las calles y encargará la gestión de los puertos —donde hay narcotráfico— a la Marina de Guerra.