Encarcelados dos militares, un empresario y un civil por el asesinato de Berta Cáceres

La rueda de la justicia en Honduras empieza a desatorarse con lentitud. Una conspiración para asesinar a la activista hondureña Berta Cáceres inició el 29 de enero de 2016 y se ejecutó el 3 de marzo. A 60 días del asesinato que conmocionó a Honduras y a la comunidad internacional, un juez ha enviado a prisión a los cuatro principales responsables del crimen.

Los cuatro acusados de homicidio y asesinato en grado de tentativa como supuestos autores materiales e intelectuales son hondureños: Sergio Ramón Rodríguez Orellana, ejecutivo de Agua Zarca, la empresa que impulsa la construcción de una planta hidroeléctrica en el occidente del país y a la que se oponía la activista medioambiental. También figuran los militares Mariano Díaz Chávez, mayor de las Fuerzas Armadas y Edilson Atilio Duarte Meza, capitán en retiro. Y un civil, Douglas Geovanny Bustillo. 

Un quinto sospechoso, Emerson Duarte, gemelo del excapitán, fue capturado el 2 de mayo pero quedó libre y el viernes 6 de mayo se entregó, al ser señalado como presunto miembro del equipo que asesinó a Cáceres, defensora de la etnia indígena lenca y promotora de los derechos humanos. 

Duarte, sorprendido con el arma con la que se habría ejecutado el crimen, sigue en arresto judicial y su caso se dilucidará esta semana. El Ministerio Público (Fiscalía General) reveló que un sexto sospechoso está en fuga. Al solicitar el auto de formal procesamiento y de prisión preventiva, el Ministerio presentó el viernes anterior ante el tribunal una serie de pruebas “periciales, documentales y testificales”. 

El homicidio apunta a un hecho crucial en Honduras. Cáceres, coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), encabezó un movimiento nacional para oponerse reiterada e intensamente a la construcción de la represa, por su impacto ambiental y cultural en las tierras que históricamente han sido habitadas por el pueblo lenca. 

Las investigaciones del Ministerio Público de Honduras revelaron que en los teléfonos celulares de los cuatro principales sospechosos, detenidos el 2 de mayo, se detectaron los primeros mensajes del 29 de enero para iniciar la conjura que condujo al asesinato. 

Una semana antes de ser ultimada a balazos en su casa de habitación, en el suroccidental departamento hondureño de Intibucá, Cáceres denunció el asesinato de cuatro dirigentes lencas que se opusieron a la edificación de la central hidroeléctrica, que operaría en aguas del río Gualcarque, que para los indígenas es sagrado.

A los cuatro se les responsabiliza también de las heridas de bala que sufrió el ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto, testigo principal del asesinato. Castro dormía en la vivienda de la hondureña cuando el grupo entró y la asesinó en la madrugada del 3 de marzo y aunque le dispararon, el mexicano simuló estar muerto, por lo que sobrevivió para convertirse en elemento fundamental de las indagaciones.

Pese al avance, y ante el riesgo de que el caso quede en la impunidad, como miles de hechos sangrientos o de corrupción política en uno de los países más violentos del mundo, la familia de Cáceres reafirmó que desconfía del proceso e insistió en que urge que un equipo internacional de especialistas independientes y veraces conduzca la investigación.