México construye una autopista privada sobre un santuario indígena en Xochicuautla

Dominga Villada, indígena otomí del pueblo mexicano de Xochicuautla, saca de los escombros unas hojas de estafiate, la planta con sabor amargo que crece en su tierra de manera natural y que emplea en algunos rituales. Aplastada por algunos restos de cemento asoma la jara, con la que bañan a las "muchachitas" que acaban de parir. En el camino hacia el bosque recolectan los hongos que consumen y venden en la capital del país, a unos 70 kilómetros. Y cada pocos metros, una cruz. Desde lo más alto, unas señoras de rostro duro controlan que se respete la construcción que las máquinas no han derribado todavía: una pequeña y humilde capilla. Todo lo demás se encuentra arrasado. Sobre las montañas a las que los peregrinos indígenas conocen como Santuario del agua van a construir una autopista privada.

El Castillo derribado era el inicio de la peregrinación para los indígenas de los pueblos vecinos

En 2007 la constructora del Grupo Higa —cuyo propietario, Juan Hinojosa, está involucrado en el escándalo de los Papeles de Panamá y la empresa fue señalada por la construcción de la polémica Casa Blanca de la primera dama de México, Angélica Rivera— consiguió la concesión para la obra de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan. En julio del año pasado se decretó la expropiación de 38 hectáreas del pueblo de Xochicuautla para tal fin. Pero los vecinos aseguran que nunca se consultó al Consejo Supremo Indígena, como marca la ley que se debe hacer para respetar los usos y costumbres de estos pueblos. Añaden que los desalojados no han recibido ningún tipo de indemnización. Y, sobre todo, que las obras fueron suspendidas por un juez de distrito el pasado mes de febrero después de los amparos presentados. Pese a todo, el lunes pasado las máquinas entraron apoyadas por más de 300 policías federales para allanar el terreno. Los vecinos aseguran que no tenían ningún tipo de orden judicial para tocar sus tierras.

Por la cuesta que lleva al cerro, baja un centenar de policías en formación romana. "Mañana regresamos", espeta uno de ellos en tono burlón a un hombre mayor con sombrero que los observa. Según una abogada, miembro de una organización activista que está apoyando a los indígenas, las autoridades se han comprometido a respetar las construcciones que quedan en pie. Se refieren a la capilla. Todos, agrupados en un círculo la miran escépticos: "¿Y cómo pretenden que nos creamos que van a respetar el templo si por ahí tiene que pasar la carretera?", se atreve a preguntar uno de ellos. Silencio total. Aunque la resistencia de los vecinos ha logrado que no toquen los edificios, muchos sospechan que ese avance no durará mucho tiempo.

Los escombros que se extienden por lo que ahora es una explanada donde los vecinos y los activistas han montado un campamento son de lo que ellos llamaban El Castillo. Una casa de tres niveles construída hace siete años por el líder de la comunidad, Armando García Salazar, de 51 años. En la planta baja vivía con su mujer y sus dos hijos adolescentes. Los otros dos pisos servían de centro cultural para los vecinos del pueblo de unos 3.000 habitantes. "Era un símbolo para nosotros. Está junto al bosque, que es sagrado", explica Villada.

El lunes derribaron la puerta principal del Castillo mientras María Isabel Hernández resistía junto a su nieta en el interior. "Nos sacaron a golpes, fue muy doloroso", cuenta Hernández entre lágrimas. Ella es de los miembros con mayor edad del Consejo Supremo Indígena.

El Castillo era el inicio de la peregrinación que los indígenas de pueblos vecinos hacen anualmente hacia el Cerro de la Campana, la última capilla en lo más alto de la montaña. Ahí, aseguran los vecinos, se ha aparecido la cara de la Virgen en una piedra. Los fieles acuden al bosque en primavera y para el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe. Ese es el recorrido sagrado en el que la devoción prehispánica de los pueblos indígenas a la montaña se une con la religión católica. Sobre el camino de cuatro horas circulará el proyecto de asfalto.

Después de las negociaciones llevadas a cabo el lunes y el martes entre el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, los activistas y la empresa constructora, se ha decidido continuar con las obras. No se respetará la suspensión otorgada en febrero, según informan los abogados del colectivo Causa, que representan a los indígenas de manera voluntaria. La capilla del Santuario es por el momento lo único que se han comprometido a resguardar.