El veto de Maduro a la ley de amnistía abre otro conflicto de poderes en Venezuela

Un nuevo conflicto de poderes se asoma en Venezuela. La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, ha aprobado la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, un instrumento que debería liberar a 78 personas presas por motivos políticos. El presidente Nicolás Maduro ha avisado de que vetará el proyecto, mientras que el jefe de la bancada chavista, Héctor Rodríguez, considera que la reforma aprobada “es inaplicable porque viola las leyes venezolanas e internacionales”.

La Constitución faculta al gobernante para rechazar la ley, incorporar las observaciones y devolverla al Parlamento para su posterior aprobación, pero también le deja una opción mucho más efectiva: enviarla al Tribunal Supremo de Justicia para que la Sala Constitucional decida si la ley choca o no con lo establecido en el contrato social que rige a todos los venezolanos. Desde 2004, cuando una reforma elevó el número de togados del máximo tribunal, el Gobierno no ha perdido una sola decisión ventilada en esa instancia, de acuerdo con una investigación del abogado Antonio Canova y compilada en el libro El TSJ al servicio de la Revolución. La ley avivará la llama de la pugna entre los poderes públicos y supondrá un nuevo asalto del combate que libran el Ejecutivo y el Legislativo desde enero, cuando se renovó el elenco de representantes parlamentarios. La oposición los ha perdido todos hasta ahora. El chavismo lleva las de ganar no solo por la naturaleza de la Constitución, sino porque los cinco integrantes de la Sala Constitucional del Supremo, donde se deciden estos recursos, comparten el proyecto político de la autodenominada revolución bolivariana.

El veto de Maduro a la ley de amnistía abre otro conflicto de poderes en Venezuela

Desde enero el Parlamento ha tomado decisiones que luego no han podido ejecutarse por las decisiones adoptadas por el Supremo. Ocurrió en las primeras sesiones del año cuando la directiva, encabezada por Henry Ramos Allup, intentó juramentar a tres diputados del Estado de Amazonas, en el sur de Venezuela, cuya elección había sido impugnada por el Gobierno. No era un desafío menor. Con estos tres asambleístas la opositora Mesa de la Unidad Democrática hubiera completado los dos tercios necesarios para legislar con mayoría cualificada. Pero después de la negativa del máximo tribunal, y ante la perspectiva de convertirse en un foro de discusión política sin incidencia alguna, optaron por desecharlos. A día de hoy, la provincia carece de representación parlamentaria y está a la espera de la resolución del contencioso. Ocurrió también cuando la oposición intentó revertir el atropellado nombramiento de los nuevos magistrados al final de la legislatura anterior y el propio tribunal, en respuesta a un recurso de interpretación, decidió que la Asamblea Nacional no estaba facultada para “revisar, anular, revocar o dejar sin efecto” la designación de los togados.

Alegría de la oposición

Al margen de ese incierto destino, la aprobación ha constituido una alegría para los familiares de los detenidos que podrían ser beneficiados con esta ley. Lilian Tintori, esposa del celebérrimo preso político Leopoldo López, no ocultó su alegría al ver aprobado el proyecto. “Es el comienzo del rescate de la justicia, la reconciliación y la libertad en Venezuela”, aseguró. En el chavismo tienen una opinión distinta: “La amnistía es un olvido sin reparación de las víctimas”, aseguró el diputado Pedro Carreño en el debate previo. El propio Maduro denunció que se trata de leyes “para amparar terroristas y criminales”. Precisamente, la oposición ha querido salirle al paso a la idea de que la ley amparará a los responsables de las 43 muertes ocurridas durante las manifestaciones ocurridas entre febrero y junio de 2014, convocadas por López, la exdiputada María Corina Machado y el alcalde del área metropolitana de Caracas, Antonio Ledezma, para demandar el fin anticipado del gobierno de Nicolás Maduro, o a quienes hayan cometido delitos graves.

En la exposición de motivos del proyecto se asegura que la ley ampararía solo a aquellas personas involucradas en delitos cometidos en manifestaciones políticas, y alcanzaría también a aquellos ciudadanos sentenciados en procesos judiciales amañados. Muchos de los oradores recordaron que la carrera política de Hugo Chávez fue posible en parte porque en 1994 el entonces presidente Rafael Caldera decidió amnistiarlo junto a sus compañeros de armas. El resto es historia.