México busca encauzar la indignación con una nueva ley anticorrupción

En junio de 2015 los habitantes de Cuernavaca, a 80 kilómetros de la Ciudad de México, decidieron votar alcalde de la ciudad de 330.000 habitantes a un popular futbolista que no tenía educación universitaria y sin experiencia en la administración pública. El exdelantero Cuauhtémoc Blanco recibió una ciudad con graves problemas de inseguridad y quebrada por malas gestiones de sus antecesores. El gesto del electorado fue una muestra de la bilis que muchos depositaron en las urnas en las elecciones del año pasado. La dosis podría repetirse en los comicios que celebrarán 12 Estados este junio. Antes de que esto suceda, grupos ciudadanos están tratando de encauzar la indignación con la política y uno de sus mayores vicios: la corrupción, un mal que le cuesta al país 19.000 millones de dólares al año.

Esta semana se cumple un mes del lanzamiento de la campaña Ley 3 de 3, una iniciativa ciudadana que pretende llegar al Congreso para convertirse en la Ley general de responsabilidades administrativas. El documento quiere obligar a los funcionarios a revelar cuánto dinero y propiedades tienen, señalar donde y con quien han trabajado y demostrar que no han evadido impuestos y están al corriente del pago de sus impuestos. El proyecto presenta una clasificación de diez conductas graves de corrupción y hace más fácil a los ciudadanos denunciar las malas conductas de los servidores públicos.

La propuesta llega después de que se dieron a conocer casos emblemáticos como el de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, una propiedad que uno de los contratistas del Gobierno construyó y vendió a la primera dama Angélica Rivera con muchas ventajas. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, también se vio involucrado en una situación similar. En ambos casos, el conflicto de intereses fue descartado por Virgilio Andrade, el secretario de la Función Pública, nombrado por la Administración del PRI para investigar los casos. La corrupción le cuesta a México el 9% de su PIB y lo ha hundido a la posición 95 de 165 países en el índice de Transparencia Internacional.

“Los escándalos de este sexenio nos abrieron los ojos de la escala y magnitud del problema de la corrupción”, ha señalado Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), uno de los impulsores de la iniciativa. “La ley junta el hambre con las ganas de comer. La energía estaba ahí, pero no había un solo partido político que pudiera presentar una campaña anticorrupción”, agrega.

Para que la iniciativa pueda ser tramitada en el Congreso necesita reunir un mínimo de 120.000 firmas. Ese respaldo masivo sería el músculo ciudadano que pondría un alto costo a cualquier partido político que quiera congelarla en las cámaras legislativas. Los ciudadanos que quieran apoyarla deben firmar la petición con su nombre y los datos de su credencial de elector (el carné de identificación en México) como su clave, el número identificador y el número de emisión.

Los escándalos de este sexenio nos abrieron los ojos de la escala y magnitud del problema de la corrupción Juan Pardinas, director del IMCO

A los voluntarios que están recabando las firmas en los 188 puntos que hay en todo el país el trámite les toma un minuto y medio aproximadamente, pero se está extendiendo a cinco. “Se convierte en un ejercicio terapéutico porque la gente te quiere contar lo encabronada que está. Alguna madre quieren mentar con el tema de la corrupción”, afirma Pardinas.

El café Alondra, en el centro de Cuernavaca, es uno de los sitios donde se están juntando apoyos. “Está siendo más difícil de lo que yo pensé”, admite Vera Sisniega, una activista que respalda la iniciativa. Desde el 2 de febrero, cada día ha acudido una decena de personas. “Creo que la gente piensa que firmará después porque aún hay tiempo”.

Los organizadores no han querido decir exactamente cuántos apoyos han recibido a un mes del lanzamiento de la convocatoria, pero señalan que llevan poco menos de la mitad de las 120.000 que necesitan. “El 21 de marzo esperamos tener suficientes firmas. Es un límite que nos imponemos nosotros. La Constitución pone el límite a finales de mayo, cuando el Congreso debe aprobar la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción”, señala Pardinas.

La iniciativa ciudadana ya ha recibido el visto bueno de sectores académicos e intelectuales. Más de 20 abogados la redactaron durante siete meses hasta tenerla lista en enero pasado. Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la calificó como una “ley sólida y políticamente necesaria”. También la han validado centros de estudio como el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Universidad Iberoamericana (UIA) y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

Los ciudadanos podrán encauzar su malestar con una ley ha tardado 16 años en llegar. “Este es el fracaso de la transición. Las leyes están diseñadas para que los actos de corrupción no tengan consecuencias penales, jurídicas o administrativas”, subraya Pardinas al afirmar que los Gobiernos del PAN y del PRI hicieron nada por corregir esto. “Ahora es el turno de los ciudadanos. Si con este nivel de masa crítica no lo logramos, no veo cómo podremos enmendar el rumbo”.