El 97% de denuncias por corrupción en México se pierden en el limbo

A la espera de que el paquete de leyes anticorrupción termine su paseo parlamentario y baje definitivamente a tierra, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano encargado de supervisar las cuentas públicas mexicanas, ha vuelto a retratar uno de los agujeros más negros y profundos del Estado de Derecho mexicano. El 97% de las denuncias penales que la ASF ha presentado durante los últimos años se ha quedado en nada. De un total de 656, tan solo 19 han alcanzado los tribunales. El resto se encuentran atascadas, en su gran mayoría, en las manos de la fiscalía (PGR).

El Gobierno lanzó el año pasado junto el resto de grupos parlamentarios una reforma constitucional con la ambición de mejorar los mecanismos institucionales y taponar los huecos de la corrupción, que sólo en términos económicos le cuestan al país cerca del 10% del PIB.

Los escándalos por los presuntos conflictos de interés en la compra de lujosas viviendas que apuntaban directamente al presidente Peña Nieto y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aceleraron el ritmo de una reforma que no aparecía entre las primeras de la lista en la agenda del Pacto por México. Salvado el cambio del texto constitucional, al Sistema Nacional Anticorrupción aún le queda camino por delante. El plazo para la modificación del puñado de leyes federales y estatales que ha de redondear el nuevo diseño institucional está fijado como mínimo para 2018.

Tan sólo el 2,8% ha alcanzado los tribunales y cuentan con una orden judicial

Desatascar la correa de transmisión entre el nivel administrativo y el nivel penal es uno de los caballos de batalla de la reforma. El paso lo debe marcar la futura fiscalía anticorrupción, autónoma del Ejecutivo, que reciba, agilice y traslade las denuncias presentadas por la ASF. La actual Procuraduría General de la República (PGR), dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y no del Poder Judicial, se ha convertido en un recipiente estéril de las denuncias administrativas.

El informe del organismo auditor mexicano revela que el 91% se encuentra “en integración del ministerio público”. Es decir, estancadas en los archivos de la fiscalía mexicana. Tan sólo el 2,8% ha alcanzado los tribunales y cuentan con una orden judicial. Mientras que el 14% se reparte entre amparos y reservas.

“La ASF cumple su función e identifica las irregularidades de funcionarios públicos que pueden tener consecuencias penales. Entonces entra el ministerio público y es cuando se inicia el pobre desempeño. Un número bajo de denuncias y un nivel alto de impunidad nos condena al fracaso de la política anticorrupción”, explica el presidente de Transparencia Internacional México, Eduardo Bohórquez.

Las denuncias del órgano supervisor han ido creciendo exponencialmente durante el último lustro desde las 53 de 2010 a los 157 del año pasado. Los resultados del informe corresponden a los últimos 17 años y son parte del informe de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente al año 2014 que el ASF presenta anualmente a la Cámara de Diputados.

“El mundo académico y la sociedad civil hemos instituido en que se necesita más que un zar anticorrupción. Necesitamos un sistema, un conjunto de instituciones que funcionen bien”, insiste el director de Transparencia Mexicana, una de las organizaciones más propositivas durante el proceso de reforma constitucional. En el nuevo sistema, la designación del secretario de la Función Pública, el zar anticorrupción al que se refiere Bohórquez, deberá ser ratificada por el Senado. El actual, Virgilio Andrade, un priista amigo personal del ministro de Hacienda, fue nombrado en febrero por Enrique Peña Nieto para que investigara los supuestos conflictos de interés que han salpicado al Gobierno. El caso ha sido finalmente cerrado tras concluir que no hubo irregularidades.

Para que todas estas novedades aterricen faltan aún dos cambios de calado. Quedan por remozar la ley general de responsabilidades administrativas y la general de competencias, encargada de enhebrar el nuevo sistema entre los 32 estados mexicanos. “Estamos un momento clave en cuanto al diseño de estas leyes. Muchas veces falla la implementación de las leyes porque son cooptadas por intereses políticos que impiden la independencia necesaria para cumplir de manera independiente con su mandato”, subraya Haydee Pérez, directora ejecutiva de asociación Fundar.

El plazo está fijado en dos años, el final del sexenio de Peña Nieto. El riesgo es que los tiempos se dilaten, las reformas acaben engullidas por la lógica electoral y las políticas públicas contra la corrupción en México continúen sepultadas en su endémico agujero negro.