El último brindis del Pacto por México

Hay pocos casos en el mundo en donde la capital ha dado su nombre al país. México es una de esas excepciones. Octavio Paz señaló esta particularidad y reveló el enorme significado de haber llamado al país entero con el nombre de la ciudad que representaba la dominación azteca sobre los pueblos prehispánicos. Cortés decidió que la capital de la Nueva España se edificara sobre Mexico-Tenochtitlán para convertirse en el sucesor de los aztecas. La fascinación por el tlatoani y su poder dominante ha seducido a conquistadores, virreyes y presidentes, y se extiende hasta nuestros días. La dominación de la sede del poder, de la ciudad que domina al país.

El viernes pasado, después de 191 años, el país le regresó su nombre a la capital. Aunque para todos los mexicanos siempre fue la Ciudad de México, en el texto constitucional se le refería como el Distrito Federal. Un cambio formal de poca trascendencia, pero hasta el momento el más visible de una reforma a la Constitución fraguada en el Pacto por México. Al igual que todas las reformas surgidas de este pacto político, son impopulares y la mayoría de la gente no percibe ningún beneficio para sus familias. Es una reforma por y para la clase política, no para las y los ciudadanos. Si Peña Nieto se promueve con sus reformas estructurales, Mancera ya tiene la suya.

Las limitantes de la reforma tienen su explicación en la génesis de la misma. La reforma se abordó como un ajuste de cuentas con el pasado y con muy poca visión de futuro. La agenda pendiente en materia de derechos políticos se subsana en su totalidad al decretarse la autonomía de la ciudad, lo cual la pone a la par del resto de las entidades integrantes de la federación, pero no la convierte en el estado 32 por su condición especial de capital de la República y sede de los poderes. Aunque resulta significativo este cambio de estatus constitucional, en la vida diaria de la ciudad tendrá poco impacto.

Resulta incomprensible que se hayan dejado de lado en esta reforma cambios que sí hubieran representado beneficios para la ciudadanía. Esta claro que la capital necesita acelerar la construcción de infraestructura que permita aumentar la competitividad y mejorar la oferta de servicios públicos. Ello no es posible porque la mayor parte del financiamiento de la inversión proviene de la deuda pública, la cual es aprobada por el Congreso a capricho de la mayoría del partido gobernante a nivel federal. Este chantaje permanente impide que la ciudad tenga planeación de mediano y largo plazo como la mayoría de las grandes ciudades del orbe. No hay autonomía plena sin autonomía financiera.

Resulta incomprensible que se hayan dejado de lado en esta reforma cambios que sí hubieran representado beneficios para la ciudadanía

La misma suerte corrió el tema de la educación. El control del gobierno federal sobre los servicios educativos -que ocurre sólo en la capital- ha dado como resultado una baja en el rendimiento escolar de la población estudiantil, el abandono de las escuelas y el rezago en la capacitación de los maestros. La reforma se olvidó de abordar la variable que determinará el futuro de la ciudad: la educación.

El logro mas interesante de la reforma es que la ciudad deberá elaborar la primera constitución de su historia. Desde una visión progresista, era una oportunidad única para organizar un ejercicio de participación ciudadana inédito en el país, un momento fundacional para la ciudad que terminara plasmado en la primera constitución elaborada bajo el paradigma de los derechos humanos. Sin embargo, se ha optado por acuerdos políticos que le dan la espalda a la ciudadanía más organizada, politizada, participativa, informada y comunicada del país.

La asamblea constituyente estará integrada por 60 diputados electos en comicios abiertos el próximo 5 de junio mediante listas que presentarán los partidos. Otros 40 serán designados por el Congreso (28), por el Jefe de Gobierno (6) y por el Presidente (6). Resulta cuestionable la legitimidad de los constituyentes designados porque no tendrán un mandato directo del pueblo, depositario original de la soberanía. Pero más ilegítimo resulta que la distribución de los designados esta diseñada para facilitarle al partido de Peña Nieto alcanzar un tercio del total de la asamblea constituyente, tener el derecho a veto y garantizar el control de la negociación. Una influencia desproporcionada para un partido cuyo rechazo en la ciudad, gobernada por la izquierda desde 1997, es el más alto de todo el país.

La alianza política que ha permitido la aprobación de esta reforma, genera temores fundados de que el texto de la constitución capitalina termine siendo dictado desde Los Pinos. La culminación del proyecto mas ambicioso en la historia de la izquierda mexicana -la refundación de la capital bajo ideas progresistas- pudiera resultar, paradójicamente, en el retorno triunfal del PRI al territorio del cual fue desterrado desde hace casi dos décadas. El último brindis del Pacto por México, es por el regreso del tlatoani.

Mario Delgado es senador por la Ciudad de México y miembro del partido Morena.