El Parlamento de Venezuela retrocede y acata los fallos del Supremo

Los tres diputados venezolanos opositores cuestionados por el Tribunal Supremo, controlado por el chavismo, pidieron ayer ser desincorporados del Parlamento. El gesto se produce después de que la máxima instancia jurídica declarara nulos los actos deliberados por la Asamblea mientras no se revirtiera la toma de posesión de los tres parlamentarios. El Supremo los suspendió mientras investiga presuntas irregularidades en las elecciones de diciembre. Altos dirigentes chavistas han llegado a sostener esta semana que el Supremo podría asumir las competencias del legislativo si este está en desacato.

La bancada chavista llegó ayer a la Asamblea Nacional pendiente de que la mayoría opositora desincorporara de la cámara a tres diputados de la Mesa de la Unidad Democrática recurridos por el Tribunal Supremo de Justicia y que tomaron posesión de sus cargos. Y así fue. Como avanzó el martes en la noche a una televisora local el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Allup, los tres parlamentarios del Estado de Amazonas han pedido ser desincorporados de la cámara para asumir su defensa.

Esta decisión supone que la opositora Mesa de la Unidad Democrática acata la disposición del máximo tribunal, que ordenaba declarar como nulas todas las decisiones de la mayoría mientras no se reversara la juramentación de los tres representantes del Estado de Amazonas, en el sur de Venezuela.

De momento el chavismo ha permitido que la plenaria continúe sin recordar a cada tanto que el Parlamento actuaba al margen de la legalidad. La pregunta es si la cúpula chavista aceptará ese retroceso táctico anunciado por la oposición. En la tarde del martes la Procuraduría General de la República, en nombre del presidente Nicolás Maduro, avanzó en el desconocimiento de la autoridad legislativa al solicitarle a la Sala Constitucional que estableciera el alcance del desacato declarado contra la Asamblea Nacional. “Necesitamos saber dónde y cuándo debe presentarse la memoria y cuenta del presidente”, dijo el vicepresidente Aristóbulo Istúriz.

El retroceso de la oposición pareció dejar sin efecto la posibilidad de eximir a Maduro de presentar su mensaje a la nación desde la sede del poder legislativo, como lo ordena la Constitución. “Es aquí donde debe rendir su informe, no en la esquina”, advirtió Ramos Allup. En la mañana del martes el dirigente opositor se había negado a ventilar ante los medios cómo enfrentarían al desafío planteado por el chavismo, que logró convertir por pocas horas el Parlamento en un club de debates políticos sin trascendencia legal. El miércoles se daba por descontado que el presidente acudiría al palacio federal legislativo, como es tradición en la política local, para dirigirse al país en la esperada alocución.

Perspectiva de choques

Es apenas el primer capítulo de la ristra de enfrentamientos que se avecinan entre los poderes públicos más importantes de Venezuela. Al protestar la juramentación de los tres parlamentarios, el régimen impide que sus contrincantes puedan contar con dos tercios de la cámara para, por ejemplo, modificar leyes orgánicas —como las que soportan la arquitectura económica del chavismo— o votar una reforma de la Constitución. Ese logro no pasó por debajo de la mesa. Este martes por la noche el chavismo había impuesto como tendencia en Twitter una etiqueta llamada #109ysincuorum, en referencia a la imposibilidad de sus rivales de concretar de momento los planes anunciados. En los próximos seis meses se habían propuesto escoger de entre las opciones que ofrece la Carta Magna aquella que permitiera la sustitución electoral del Gobierno.

En la sesión de hoy la oposición pudo avanzar en su plan de reforzar el vínculo con la clientela electoral chavista descontenta con la gestión económica de Maduro. El diputado Julio Borges presentó una ley para darle el título de propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el programa de dotación de casas y pisos para las familias más pobres. Asimismo la mayoría opositora aprobó la formación de un grupo parlamentario que investigará la crisis de la frontera, cuyo tramo con Colombia está cerrado desde agosto con el argumento de evitar el contrabando de extracción. La propuesta fue rechazada por la bancada del chavismo con el argumento de que la oposición “es cómplice de los delitos que se cometen”.