¿Cuán alta estará la vara de Macri en política exterior y derechos humanos?

Theo van Boven, jurista holandés y ex titular de la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU en la época de la dictadura militar argentina, expresó hace un tiempo en una entrevista en el diario Página/12 que "no se puede ser neutral cuando se violan los derechos humanos". Esto significa no ser indiferentes cuando en otros países se reprimen severamente las libertades fundamentales y de ahí la obligación moral de la intervención democrática en política exterior, mediante la expresión de condena y reclamo de respeto a los derechos humanos.

Aplicar la lógica de van Boven respecto a Venezuela es lo que viene haciendo Mauricio Macri, desde el debate presidencial con Daniel Scioli hasta en la reciente reunión del Consejo Permanente del Mercosur realizada en Paraguay. Pero para que sea consistente la política exterior en defensa de los derechos humanos, la misma tiene que aplicarse, en primer lugar, de manera activa frente a todos los países cuyos gobiernos aplican políticas de Estado que violan los derechos humanos. Es decir, países en los cuales los derechos fundamentales son considerados delitos.

Si Macri consideró aplicar la cláusula democrática del Mercosur respecto a Venezuela, corresponde entonces que pida la suspensión de Cuba en la CELAC

De ahí que ahora Macri, para ser coherente en su política exterior regional en derechos humanos, tenga que reclamar en la próxima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la aplicación de la Declaración Especial en Defensa de la Democracia de este organismo en el caso de Cuba.

Es que si Macri consideró aplicar la cláusula democrática del Mercosur respecto a Venezuela, corresponde entonces que pida la suspensión de Cuba en la CELAC, teniendo en cuenta que el régimen de partido único de los hermanos Castro, además de mantener presos políticos y hostigar a los disidentes, no reconoce derechos como la libertad de asociación, reunión y expresión que, en realidad, sí existen en Venezuela, más allá de las restricciones y persecuciones.

El caso de Cuba es particularmente emblemático, pues sus pacíficos activistas opositores sufren una oprobiosa indiferencia, principalmente desde América Latina, debido a que sus partidos y organizaciones independientes no cuentan con autorización legal para funcionar y por tal motivo la mayoría de los países democráticos les extienden la ilegalidad que el régimen cubano les impone.

Por ejemplo, son muy pocas las embajadas en Cuba que les brindan reconocimiento, facilitándoles el acceso a internet e invitándolos a sus fiestas nacionales. Al respecto, ¿instruirá Macri a la embajada argentina en La Habana para que sean invitados a la fiesta nacional del próximo 25 de mayo referentes democráticos cubanos como Manuel Cuesta Morúa y Dagoberto Valdés, declarados ambos huésped de honor de la Ciudad de Buenos Aires por la legislatura porteña a iniciativa de diputados de su propio partido?

Más allá de la ejemplar solidaridad de muchos dirigentes del partido ahora oficialista, como tambien de destacados referentes intelectuales progresistas hacia sus colegas cubanos, la postura que adopte Mauricio Macri frente a Cuba mostrará cuán alta estará su vara en el compromiso regional en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la democracia.

Asimismo, en el plano global, la prueba de fuego de las convicciones de Macri la tendrá respecto a China, la mayor dictadura del mundo y potencia económica ante la cual se silencian hasta las democracias desarrolladas. Al igual que lo hizo frente a Venezuela pidiendo por la libertad de Leopoldo López y otros presos políticos, ¿se animará Macri a reclamarle a Xi Jinping por la liberación del premio Nobel de la Paz 2010, Liu Xiaobo?

Como puede apreciarse, mantener una política coherente en materia de política exterior en derechos humanos sin caer en el doble estándar, o sea, aplicarla en un caso y no en otro similar o más grave, puede resultar un desafío demasiado grande. No obstante, junto a las democracias desarrolladas y con la autoridad moral de solidaridad internacional recibida durante la última dictadura militar, Argentina puede jugar un papel de liderazgo en la elaboración de una agenda común en política exterior activa en derechos humanos.