Brasil, una democracia atrincherada

El 2 de abril de 1964 el Congreso brasilero protagonizó uno de los discursos más infames de su historia. La sesión legislativa que había empezado en las últimas horas del 1º de abril, día de la mentira, concluyó justamente con una, al tiempo que las calles del país eran tomadas por las Fuerzas Armadas. Con las siguientes palabras y, de un solo golpe, el Presidente del Senado Auro de Moura Andrade mintió al país y fungió como trompetista real del gobierno de Humberto Castelo Branco, primero de los cinco dictadores militares:

El señor Presidente de la República dejó la sede del gobierno, dejó la nación acéfala en una hora gravísima de la vida brasilera en que es menester que el jefe de Estado permanezca adelante de su gobierno. Esta acefalía configura la necesidad de que el Congreso Nacional, como poder civil, inmediatamente tome la actitud que le corresponde. De esta forma, declaro vacante la Presidencia de la República...

Antes de su discurso, Moura Andrade había sido advertido por el entonces Ministro Jefe de la casa Civil, Darcy Ribeiro, de que el Presidente João Goulart seguía en territorio nacional, impedido de regresar a Brasilia por parte de efectivos militares en Rio de Janeiro. A esa altura, una mentira en el Senado agregaría muy poca tinta a la mancha de la conspiración entre sectores políticos y altos mandos militares.

El 21 de noviembre de 2013 el Congreso anuló la sesión del 1 y 2 de abril de 1964, en un ejercicio de discernimiento democrático que a ratos vuelve a ser ignorado. El último episodio de relieve democrático tuvo lugar el pasado 2 de diciembre, cuando el Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, anunció la apertura de un proceso de destitución parlamentaria contra Dilma Rousseff. Según Cunha, la decisión de iniciar el proceso de impeachment tiene un embasamiento exclusivamente técnico, a saber, los maquillajes en las cuentas del gobierno pese a las advertencias del Tribunal de Cuentas de la Unión. Esos maquillajes consisten en gastos financiados por bancos públicos y sin previsión en el presupuesto federal, en flagrante incumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Hay casi un consenso de que la decisión de Eduardo Cunha está lejos de basarse meramente en una cuestión técnica. Más bien, se trata de una represalia por la postura del Partido de los Trabajadores de apoyar las investigaciones en la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados que pueden conllevar a la inhabilitación del congresista. Tales investigaciones tienen origen en evidencias presentadas por el Ministerio Público en la operación “Lava Jato”, de que Cunha habría recibido millonarias coimas en contratos irregulares celebrados por PETROBRAS.

Mientras Rousseff ha denunciando un intento de canje político por parte de Cunha, éste ha manifestado que el gobierno le ha condicionado el apoyo en la Comisión de Ética al rechazo de los varios pedidos de impeachment bajo consideración de la mesa directora de la Cámara de Diputados. Al margen de si la mentira radica en el Congreso o en la Presidencia de la República, lo trágico de todo eso es que la sociedad brasilera vuelve a sufrir una profunda crisis económica nacida y agravada por el caos político. Falta solamente el estallido de grandes agitaciones sociales para que el escenario actual sea una réplica de los últimos meses del gobierno de João Goulart. A diferencia de la acefalía inventada por Moura Andrade en 1964, la actual tiene una dimensión ética y abarca a las principales instancias del Estado, con dos honradas excepciones: el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Aunque sobran razones para que los partidos, congresistas, ministros y ex ministros enlodados en escándalos de corrupción paguen un alto precio político, muchos se preguntan por el costo de un proceso de impeachment instrumentalizado por un diputado involucrado en esos escándalos y cuya credibilidad agoniza ante la opinión pública. En efecto, la destitución parlamentaria de Rousseff podría significar un espaldarazo de impunidad a uno de los partidos con más miembros investigados en la operación “Lava Jato”, el Partido por el Movimiento Democrático Brasilero (PMDB), al cual pertenecen Eduardo Cunha y el Vicepresidente de la República Michel Temer. En todo caso, los últimos conteos indican que ni una teratológica alianza entre la oposición y el PMDB alcanzaría el quórum especial requerido para aprobar el impeachment de Rousseff.

Si por la vía política es improbable que se logre resucitar la gobernabilidad, queda la esperanza de que las entidades a cargo de administrar justicia hagan las veces de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, actualmente ocupados en autodestruirse. El desenlace de las investigaciones por corrupción conducidas por el Ministerio Público Federal, así como la decisión que adopte el Tribunal Superior Electoral en torno a las denuncias de irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Rousseff y Temer, parecen ser las principales trincheras de la democracia en Brasil.

Daniel Cerqueira es abogado, oficial de programa sénior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). Twitter: @dlcerqueira