La creciente violencia del narco activa las alarmas en Costa Rica

La ola de violencia entre grupos de narcotraficantes en varios puntos de Costa Rica ha roto este año los registros históricos y ha obligado a las autoridades a reconocer la nueva realidad del país centroamericano. Con un promedio de un asesinato por venganza cada 48 horas —que incluyen casos de ensañamiento extremo a plena luz del día— y la amenaza de filtración del crimen organizado en instancias de poder, el Gobierno se ha autoimpuesto la urgencia por combatir las complejas redes delictivas y por aumentar su control del territorio.

Las cifras amenazan con alcanzar en 2015 una tasa de homicidios superior a los 11 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Los vídeos en las redes sociales muestran el horror como, por ejemplo, un ataque letal con ametralladoras AK-47 a las 8.30 de la mañana en un barrio tranquilo del cantón central de San José, contra un sospechoso de sicariato que iba en un taxi. Casi 100 balazos sorpresivos con un tipo de arma frecuente en las bandas que han convertido los ajustes de cuentas en el principal móvil de asesinatos de Costa Rica y en el más difícil de investigar por el temor de los testigos.

Con solo un 20% de eficacia en la investigación de los asesinatos por aparente venganza (ataque directo, sin robo y con una víctima sospechosa) entre grupos traficantes de drogas, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha propuesto crear una sección especializada para los homicidios del crimen organizado. Utilizan ahora una camioneta que puede resistir los balazos de la AK-47 y entrar a operativos en ciertos barrios donde nadie puede dar garantías, y donde los taxis, mensajeros de correo e inspectores de seguros se lo piensan antes de entrar, según la policía, los bomberos y la Cruz Roja.

El panorama en Costa Rica ha empeorado respecto a hace cinco años, cuando la tasa de homicidios alertaba a los ticos por la violencia de asaltantes y ladrones. Las autoridades aplacaron esa ola de delincuencia entre 2011 y 2014 y redujeron la tasa de homicidios a menos de 10 por cada 100.000 habitantes, atraparon también a importantes líderes de bandas narcos y el crimen organizado acabó desorganizándose.

La situación dio lugar entonces en el centro del país a las peleas por territorios y los asesinatos a bocajarro de jefes de bandas menores, aspirantes a jefes y hasta de abogados dedicados a defender en los tribunales a los acusados por narcotráfico. El último de ellos, el 1 de octubre, tuvo lugar a menos de un kilómetro de la Casa Presidencial de Costa Rica, en el distrito josefino de Zapote, cuando unos desconocidos asesinaron de ocho balazos en el pecho al abogado Roy Ching.

Ajustes en el poder judicial

“No vamos a volver a la Costa Rica libre de violencia de organizaciones criminales. Costa Rica es ya un país violento”, diagnosticó el Fiscal General, Jorge Chavarría. El presidente, Luis Guillermo Solís, ha convocado a los presidentes de los supremos poderes. Aceptan que hay que hacer ajustes en el Poder Judicial en el área de investigadores y jueces, pero también cambiar leyes contra el lavado de dinero procedente del narcotráfico, como una propuesta para el decomiso de bienes cuyo origen no pueda ser explicado por los propietarios.

Ahora las bandas que trasiegan no son de extranjeros; son grupos nacionales que se surten de la cocaína que viaja desde Sudamérica rumbo al norte. Tampoco es raro escuchar la preocupación de que el narcotráfico o su dinero penetre instituciones. El Partido Liberación Nacional (PLN), la mayor estructura política de Costa Rica, decidió este mes sustituir a su candidato a la alcaldía de Limón en las elecciones municipales de febrero porque consideró que su ocupación es una mala señal política: es abogado defensor en casos de drogas y crimen organizado.