Valdepeñas en el ojo del huracán: cómo una de las zonas vinícolas más importantes ha llegado a su descontrol actual

Ya van cuatro años desde que el caserón manchego que acoge al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdepeñas permanece cerrado. Este edificio, que alguna vez simbolizó la organización y el prestigio de una de las denominaciones más antiguas y respetadas de España, se ha convertido en el reflejo de una gestión colapsada. Tras una sonada disolución de su Interprofesional en 2021, en medio de una grave crisis interna y acusaciones de fraude, ahora es la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha la encargada de supervisar todo lo referente a esta D.O.

En su reciente auto, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, no escatimaba en críticas hacia los actores involucrados. Asegurando que el “descontrol administrativo y supervisor por parte de todos los operadores del sector”, incluyendo a productores, entidades de certificación y la Administración Pública, “impide determinar con la certeza necesaria requerida en el proceso penal si se han comercializado vinos de calidad inferior a la catalogación indicada en la botella”.

El magistrado añadía que esta “relajación, interesada o no, en la cadena de producción y supervisión por parte de todos los operadores implicados parece haber conducido a un sistema basado en un control meramente aparente o formal más que real”. Según el juez, esta falta de control no permitía sostener una acusación penal sería. Pese a ello, el auto acordaba poner los hechos en conocimiento de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha “a los efectos administrativos oportunos”, lo que sugería que la D.O. podría enfrentarse a sanciones en otros ámbitos.

La causa, iniciada en abril de 2021 y archivada a mediados de este mes, ha contado con todo lo necesario para ser la comidilla del mundo del vino. Además de desvelar el enfrentamiento entre dos de las bodegas más grandes de nuestro país: García Carrión, detrás de marcas como Pata Negra y Señorío de los Llanos, con una facturación de más de 1.142 millones de euros en 2023, y Félix Solís, propietario de Viña Albali y Los Molinos, que en 2022 inauguró el mayor parque de barricas de Europa con capacidad para 130.000 toneles. Estas dos bodegas se han acusado mutuamente de manipulación de datos, competencia desleal y prácticas irregulares en la certificación de los vinos.

Para entender cómo se llegó a esta situación, es fundamental comprender el papel de la Interprofesional, una mesa de diálogo que reunía a agricultores, productores y bodegas para gestionar la D.O. Según José Luis Martínez, autor del libro Los vinos de Valdepeñas a través de sus bodegas, la desaparición de esta estructura en 2021 dejó un vacío de poder que agravó la crisis: “La Interprofesional era fundamental para tomar decisiones sobre producción y mercado. Su desaparición complicó la toma de medidas más estrictas de control”. Martínez, que también fue jefe de prensa de Félix Solís durante seis años, y que previamente venía de inaugurar el Museo del Vino de Valdepeñas, del que fue su presidente, añade que la falta de consenso entre los actores principales de la D.O. complicó la toma de medidas más estrictas de control. “Estar en una denominación de origen supone cumplir con una serie de normas, pero a veces esas normas se quedan cortas o no se aplican con el rigor necesario”, comenta de una situación que se fue complicando a medida que pasaba el tiempo, con acusaciones cruzadas entre una y otra bodega.

Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas durante los últimos 23 años y presidente de la D.O. entre 2016 y 2021, también reflexiona sobre el colapso: “En aquel momento, tanto los industriales como los agricultores entendieron que el alcalde podía ser un hombre de paz. Sin embargo, las discrepancias eran profundas y la Interprofesional terminó por desmoronarse”. A partir de entonces, la Consejería de Agricultura asumió la gestión, pero las tensiones entre las grandes bodegas y los agricultores se mantuvieron.

Uno de los avances más significativos en la D.O. Valdepeñas fue la implementación de un sistema que vinculaba las contraetiquetas a la cantidad y tipo de vino producido. “Antes todo el vino llevaba una única contraetiqueta, lo que facilitaba irregularidades. Gracias a las decisiones tomadas conseguimos que se emitieran las etiquetas únicamente cuando el vino había cumplido los requisitos de envejecimiento”, detalla Martín, que vio como en su época todas estas medidas comenzaban a realizarse. “Cuando nosotros llegamos a Valdepeñas, el vino se vendía con una contraetiqueta genérica que solo decía ‘vino tinto’. No había trazabilidad”, explican fuentes de García Carrión, que insisten en hacer ver como fueron ellos quienes impulsaron estas medidas. “Empezamos a luchar para que se estableciera la añada, la tipología del vino —joven, crianza, reserva o gran reserva—. Sin trazabilidad, se podía vender vino joven como gran reserva, y eso al final afectaba a la confianza del consumidor”.

Irregularidades históricas

Félix Solís hizo todo lo posible por ralentizar el uso de esas contraetiquetas. Según un auto previo, “los acuerdos establecidos en 2016 para el etiquetado se han bloqueado de forma sistemática por una asociación que controla la mayoría de los votos en la Interprofesional”. Martín reconoce que estos cambios llegaron tarde para prevenir las irregularidades históricas. “Durante años, el sistema permitió que algunos vinos se etiquetaran como reservas o grandes reservas sin haber cumplido los tiempos mínimos de crianza. Esto, combinado con controles deficientes, fue el caldo de cultivo para el supuesto fraude”, explica, dejando caer que una gran parte de la culpa correspondió a la laxitud de las certificadoras.

El papel de estas entidades de certificación, responsables de verificar el cumplimiento de los estándares de calidad, ha sido uno de los puntos controvertidos de la causa. ENAC, el organismo nacional que acredita a estas entidades, señala que su trabajo se ha limitado a evaluar la competencia técnica de las certificadoras. “Nosotros verificamos que cumplen las normas internacionales, pero no validamos los resultados específicos de su trabajo” explican desde ENAC. En 2020, tras las primeras denuncias públicas, ENAC activó un protocolo extraordinario para evaluar a estas certificadoras. Aunque las investigaciones no son públicas por normativa europea, esta institución ha confirmado que las entidades mantienen su acreditación: “Si encontramos irregularidades graves, podemos retirar la acreditación, pero ese no ha sido el caso aquí”.

Liec, una de las certificadoras implicadas, ha defendido sus métodos. “De acuerdo con el procedimiento autorizado por el órgano de control, Liec como mínimo afronta una auditoría interna anual, realizada por una consultora externa y es sometido a auditorias de ENAC y de la Autoridad competente, como mínimo una al año por cada organismo”, responde la empresa a un cuestionario remitido por EL PAÍS. “Las supuestas irregularidades que se dicen detectadas son ajenas a Liec. Según se ha trasladado por terceros, en los últimos años la D.O. Valdepeñas, parece ser que carecía de medios y recursos, personales y económicos, para cumplir su función como órgano de gestión”.

Uno de los informes más reveladores fue elaborado en 2020 por Juan Manuel Cruz, secretario de la D.O. Según este documento, entre 2012 y 2019 no hubo técnicos responsables de inspecciones o certificaciones, dejando al sistema sin una supervisión adecuada. Los datos eran alarmantes: en 2019, mientras la D.O. reportó 15,9 millones de litros de vinos envejecidos, las estimaciones del mercado indicaban ventas reales de 29,7 millones, casi el doble. Esto sugería que cerca de la mitad de los vinos etiquetados como crianza, reserva o gran reserva no cumplían los requisitos de envejecimiento.

El auto del juez Calama también destacaba cómo Félix Solís habría vendido más de 472.745 litros de vino como crianza sin cumplir los requisitos. Aunque García Carrión también duplicaba las cifras estimadas, un informe de la UDEV exoneró a esta bodega al no encontrar pruebas concluyentes de fraude. A pesar de ello, García Carrión presentó una querella por falsedad documental contra Carlos Nieto, exdirectivo de Félix Solís y presidente de la D.O. después de Martín, acusándolo de manipular los datos enviados a las autoridades judiciales.

La Consejería de Agricultura ha reiterado su compromiso con la D.O. y trabaja para restablecer una Interprofesional que represente a todos los actores del sector. Sin embargo, el conflicto entre García Carrión y Félix Solís sigue siendo un obstáculo. Mientras Félix Solís defiende su cumplimiento con la legislación, García Carrión insiste en su lucha por una mayor transparencia: “Seguimos luchando para que las cosas cambien en Valdepeñas y para que funcione correctamente, legalmente y sin fraudes”.

Hace décadas, Valdepeñas competía con La Rioja como una de las regiones vinícolas más importantes de España. Hoy, su prestigio se tambalea. Como escribió el periodista José Peñín, fundador de la Guía Peñín: “Cuando en La Rioja se asentaban los cimientos de su primera bodega mercantil, Marqués de Riscal, ya en Valdepeñas se llenaba un tren diario de vino para la Villa y Corte”. Si Valdepeñas quiere recuperar esa grandeza, deberá reconstruir su sistema desde la base, trazando objetivos claros y luchando contra los fraudes que han manchado su nombre.