Pilares para un futuro incierto
A pesar de los nubarrones económicos que no acaban de despejar el horizonte, este año será clave para las infraestructuras. Avanzan con fuerza los proyectos de ciudades con propósito, los edificios y viviendas adaptados para frenar el cambio climático, y la modernización de obras que contribuyan a la descarbonización
El comportamiento del ser humano este año definirá el futuro de las infraestructuras, al menos, durante la próxima década. Alguien lanzó un desafío y alguien debe responder. El hombre heredó un paraíso y su deber es cuidarlo. De repente, imaginando esas infraestructuras, parece que se desmoronaran. Guerra en Ucrania, elevada inflación y tipos de interés, altos costes de las materias primas, ...
El comportamiento del ser humano este año definirá el futuro de las infraestructuras, al menos, durante la próxima década. Alguien lanzó un desafío y alguien debe responder. El hombre heredó un paraíso y su deber es cuidarlo. De repente, imaginando esas infraestructuras, parece que se desmoronaran. Guerra en Ucrania, elevada inflación y tipos de interés, altos costes de las materias primas, rotura de las cadenas de suministro, abandono de la globalización y la búsqueda del propósito en las ciudades, las empresas; la vida. O las próximas generaciones miran 2023 con orgullo o con infinito reproche.
Somos descendientes de las infraestructuras. Miles de años las han sofisticado. Y a la vez dependemos de ese tango, y sus imprevisibles pasos, de la geopolítica. “El sector de la construcción se encuentra inmerso en un descenso lento y leve del precio de las materias primas, una reducción de las inversiones en España y, por el contrario, un fuerte empuje en Oriente Próximo debido al auge del petróleo”, narran en la constructora FCC. Estados Unidos crecerá con fuerza. Mientras Canadá, Australia y Europa “mantendrán un ritmo constante”. Los analistas del banco suizo UBS prevén que los precios de las materias primas se moderarán en 2023 y 2024 por una mayor oferta compensada con un descenso de la demanda.
Al fondo, la guerra en Ucrania. “Tiene profundas implicaciones para el gasto mundial en defensa, que, según mis previsiones, aumentará un 1% del PIB en todo el mundo durante la próxima década, y más en Europa”, observa Kenneth Rogoff, ex economista jefe del FMI y profesor de Economía en la Universidad de Harvard. “Esto, a su vez, repercute en el desembolso en infraestructuras, incluidas las energías verdes y el transporte, necesario para apoyar esa expansión”. Ucrania necesita al menos 750.000 millones de euros para su reconstrucción, y una parte importante de esa cantidad debe ir a sustituir y mejorar las infraestructuras. “Pero hasta que no exista una garantía firme de la OTAN que proteja la seguridad del país, será muy difícil conseguir los recursos financieros necesarios”, concluye el docente.
La situación es compleja pero existe cierto optimismo. Los expertos de Oxford Analytics confían en que este año las administraciones seguirán usando las infraestructuras para impulsar sus economías (aunque el precio del dinero sea más elevado), pues acumulan un fuerte retraso en construcciones esenciales, el mercado inmobiliario chino se recuperará, y resulta innegociable crear propuestas que se adapten al cambio climático.
El Gobierno español entiende que esta subida de los precios amenaza a las empresas locales y muchas licitaciones corren el riesgo de quedar desiertas. Por eso aprobó el Real Decreto-ley 3/2022 —vence el próximo 2 de marzo, y habrá que ver qué sucede a partir de esa fecha—, en el que se revisaban al alza los precios de los contratos públicos. En la lista aparecen materiales como el cemento, la madera, los productos químicos, la cerámica y el vidrio. Posee sus lindes. Limita al 20% el presupuesto de cualquier posible compensación. “Estas medidas excepcionales han contribuido a mitigar y resolver la paralización de la actividad constructora”, valora Julián Núñez, presidente de Seopan (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras). “Aunque el porcentaje”, critica, “se ha quedado corto dado que casi todas las obras civiles en ejecución han superado ese límite y el tema, importante, está sin resolver”. Llegan, además, quejas de algunos sectores que han sido excluidos (costes salariales y electricidad) de esos contratos públicos bonificados. Depuradoras, potabilizadoras, desalinizadoras, carreteras, ferrocarriles. Afecta a unos 70.000 trabajadores. Esa imposibilidad de cumplir los modelos es una de las reclamaciones de Acciona. “La situación es más dramática en los proyectos de construcción privados, que están casi parados del todo”, alertan. Pese a la nueva normativa, apenas tienen margen para absorber la subida de precios. “De hecho, en las construcciones que no se beneficien de un contrato a precio cerrado, el incremento de las materias primas supondrá un aumento de los costes totales de construcción”, resume, por correo electrónico, Gonzalo Cantabrana, senior director y sector lead de Infraestructuras y Project Finance en S&P Global Ratings.
Tendencias positivas
A pesar de que el río, a veces, fluye en contra, las infraestructuras seguirán beneficiándose en el futuro de esa fuerte corriente que los economistas llaman megatendencias. Dos descienden las aguas. El auge digital —con el avance del 5G— y la descarbonización. “A la que se puede acceder a través de energías renovables contratadas, servicios públicos regulados globales o, incluso, mediante gasoductos intermedios que empiezan a facilitar una transición energética a través del hidrógeno o la captura y almacenamiento del carbono”, cuenta Charles Hamieh, gestor del ClearBridge Infrastructure Value Fund. Los omnipresentes fondos Next Generation defienden una filosofía que corre por esas riberas. “Hasta el 31 de diciembre se licitaron 18.000 millones de euros. El año anterior fueron 12.000 millones y ya se han adjudicado 7.500 millones”, calcula Manuel Hidalgo, investigador de EsadeEcPol, quien cita datos del Observatorio de Fondos Next Generation EU EsadeEcPol-EY. La ingeniería civil suma 4.500 millones. Los fondos aportan un 1,5% al PIB. Aunque el reloj da problemas. “Tenemos que liberar el dinero público más rápido para que llegue a las empresas”, aconseja César Cantalapiedra, socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI). Hasta aquí existe consenso. Más adelante, los fondos viven en ambas orillas del río.
Algunas empresas se quejan de que los plazos son tan cortos que apenas tienen tiempo de preparar los pliegos y otras, por el contrario, critican que tardan mucho en resolverse. Porque antes de 2026 la compañía adjudicataria debe haberlos utilizado. “Están centrados en proyectos muy puntuales y la saturación y la falta de coordinación dentro del Gobierno, junto con el actual sistema estándar para licitar, dificulta tanto el manejo como el cumplimiento del gasto para acceder a ellos”, se quejan en Acciona. El tiempo transcurre relativo. Einstein tenía razón hasta en las infraestructuras. “Los fondos los distribuyen de forma lenta las instituciones autonómicas y locales y supone un fuerte frenazo de los proyectos que se van a ejecutar”, lamentan en FCC Construcción. Y añaden: “Pensamos que la situación se irá resolviendo en el primer y segundo trimestre del año”. Pero si esa reflexión se traslada a los expertos de BBVA Research, abren una brecha en el discurso. Para adjudicar una licitación sin financiación europea se necesitan, de media, 42 días. Esta cifra se eleva a los 52 cuando se analizan proyectos avalados por Europa. Una diferencia escasa. “Hay mucha evidencia anecdótica (comentarios de empresas) que apunta a que el problema se debe a procesos burocráticos. El desajuste parece estar más bien en las expectativas creadas. Sin embargo, como se ha ido moviendo todo, está, diríase, en línea con experiencias anteriores”, aclara Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research. Desde el comienzo (julio de 2021) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) se han licitado contratos por importe de más de 22.827 millones de euros, de los cuales un 32% ya está adjudicado. Las inversiones relacionadas con la digitalización y la movilidad sostenible absorben más del 60% de los programas aprobados por el Gobierno. Este es el presente, este es el futuro.
Cambios inexorables
La verdadera perspectiva de las infraestructuras es un gran cambio. Las necesidades de las personas son distintas, la ciudad de los 15 minutos en París o las supermanzanas de Barcelona propugnan una relación diferente (tengan éxito o no) entre el hombre y el entorno, y la tecnología (más allá del trabajo a distancia) debería darle propósito al viejo ladrillo y mortero. “Veo una profunda transformación, y no es una cuestión de costes, sino del concepto de vivir y habitar. Espacios, quizá más pequeños, pero construidos de dentro hacia fuera. Primero pensando en la persona y lo que desea, o puede permitirse, y más tarde hallar la arquitectura adecuada”, analiza Jorge Pérez, mecenas, uno de los latinos más ricos del planeta y fundador de la constructora, con sede en Miami, Related Group. Los edificios y las ciudades tienen que responder a la escala humana.
Aunque resulta innecesario viajar tan lejos, España es una potencia en este sector. Pero las perspectivas pasan por resolver una duda semántica. ¿Qué es una infraestructura en el siglo XXI? Antes estaba claro. Era cualquier cosa que la Administración construía para cubrir las necesidades de los ciudadanos o su agenda política. Esas líneas se han difuminado. Hasta las grandes tecnológicas proporcionan infraestructuras de conectividad. Metaverso, 5G, fibra, líneas eléctricas o cableado submarino. La acepción está más cerca de responder a las necesidades de una comunidad que a construir una carretera o una vía de tren. Los gobiernos afrontan el reto de continuar siendo importantes en un tiempo en el que las tecnologías y las compañías privadas están transformando el modelo de prestación de servicios. Quizá las administraciones tienen que repensar dónde invertir y dónde apearse.
Con frecuencia, la historia pone al ser humano frente al espejo de escoger entre lo peor y lo mejor de sí mismo. En el informe Emerging trends in infrastructure, de KPMG, se propone que “la sociedad podría unirse ante el peligro, adaptarse al cambio e innovar en la adversidad”. Estas son las perspectivas. Transformar el mundo en una isla y querer construir un paraíso.
El encaje público-privado
“La colaboración público-privada continúa siendo inexistente en la promoción de infraestructuras públicas”, admite Julián Núñez, presidente de Seopan (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras). Aunque sea el sistema que defiende la Comisión Europea. Porque Bruselas cree que es la forma de multiplicar los presupuestos de muchas infraestructuras y convertirlas en viables. Hay condiciones. ”Para que funcionen de manera correcta no solo necesita una regulación estricta que evite violaciones de integridad por algunas de las partes, sino, también, que las otras entidades se adapten a las formas de trabajar, las necesidades y al propio contexto”, describe Guillem Ripoll, profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra.
Sin embargo, la mala imagen funciona como esa plomada que cae a peso al fondo del lago. El sector lo sabe. “Los casos de corrupción y malversación han sido utilizados por ciertos sectores para propagar la sensación de enriquecimiento privado en la relación público-privada”, subrayan en Acciona. “Esto se trasladó al espacio legislativo y frenó el lanzamiento de nuevos contratos bajo modelos colaborativos”. Pero ¿quién lo tiene fácil? Porque la incertidumbre fragua mal. “Las administraciones deben enfrentarse al reto de decidir cuáles son las infraestructuras prioritarias en las que invertir y destinar los fondos de los contribuyentes y, a la vez, planificarlas para que sean útiles y eficientes a lo largo de su vida”, incide Ovidio Turrado, socio responsable de Infraestructuras de KPMG.
“Además, la ejecución debe ser lo más ágil y eficiente posible”. Al otro lado, si nos encaramamos sobre la tapia, vemos al capital privado y su importancia. “Ha habido muy pocos casos de corrupción, y desde luego ninguno en nuestras carteras”, precisa Charles Hamieh, gestor del ClearBridge Infrastructure Value Fund. “La gran mayoría de los acuerdos entre el sector público y las empresas privadas se hacen en condiciones de igualdad, licitaciones abiertas, con marcos y contextos muy claros y transparentes”.
¿Dónde habita, entonces, el equilibrio, el fiel de la balanza? En el sector existe una corriente de fondo que pide modificar la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP). El espíritu de la normativa es garantizar la libertad e igualdad de acceso a las licitaciones y su transparencia. Además, aseguran en FCC Construcción, que ese cambio sería la forma de “conectar la relación entre ambas entidades, tras corregir defectos del pasado, que han sido superados, y crear una conexión inversora ecuánime”.
Acciona comparte las palabras de su rival. La constructora defiende lo que en la jerga de este mundo se llama diálogo competitivo. No es ningún oxímoron. Es un procedimiento extraordinario en el que la Administración y las compañías seleccionadas negocian una o varias soluciones que pueda aceptar el órgano de contratación y que sirvan de base para que los candidatos presenten una oferta. Esta fórmula —muy utilizada en otros países— ha demostrado ser un buen cortafuego frente a la malversación y la corrupción. Pues sobre esas cenizas es imposible levantar pilares.