La lucha contra los efectos del cambio climático se hace un hueco en la agenda de Illa
Tras cumplir cien días en el cargo, el ‘president’ afronta el reto de desarrollar la ampliación del aeropuerto sin incomodar a ERC y Comuns y cumplir con los acuerdos de investidura en materia de vivienda y financiación
Los efectos del temporal en el litoral mediterráneo han sacudido el tablero político y han obligado a los líderes políticos a mover ficha, también en Cataluña. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado esta semana que limitará las actividades económicas en zonas de riesgo de inundación y ha dado un margen de dos años a los ayuntamientos para ordenar sus planes de emergencia civil. La lucha contra los efectos d...
Los efectos del temporal en el litoral mediterráneo han sacudido el tablero político y han obligado a los líderes políticos a mover ficha, también en Cataluña. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado esta semana que limitará las actividades económicas en zonas de riesgo de inundación y ha dado un margen de dos años a los ayuntamientos para ordenar sus planes de emergencia civil. La lucha contra los efectos del cambio climático se revela como prioridad inminente de una agenda del president ya tensionada por las exigencias de sus socios de investidura (ERC y Comuns) y por la inestabilidad en el Congreso de los Diputados. Las medidas medioambientales, la mejora de los servicios públicos y el cumplimiento de los pactos de investidura en materia de vivienda y financiación autonómica se presentan como las principales líneas maestras de los primeros 100 días de Salvador Illa como president:
Economía. Presupuestos retrasados. El PSC aseguró que su objetivo prioritario era tener los Presupuestos listos para su entrada en vigor el 1 de enero. Pero con republicanos y Comuns en pleno proceso de reconstrucción (ambas formaciones fijan este noviembre sus horizontes políticos) y con las negociaciones congeladas, el Govern ya ha admitido que no llegará a tiempo. Junts ha denunciado que ese supone “el primer incumplimiento” de Salvador Illa. Alícia Romero tiene la misión de pilotar las negociaciones con el Gobierno y ha designado el equipo que se encargará del diseño del nuevo modelo de financiación singular. “En 2025 se debe tener el modelo de financiación singular y en 2026 tenemos que poder gestionar el IRPF”, manifiesta la consejera.
Infraestructuras. Una comisión para la ampliación del aeropuerto. El Govern tiene sobre la mesa dos carpetas sensibles: el traspaso de Rodalies, incluido en el pacto entre ERC y el PSOE para investir a Pedro Sánchez; y la ampliación del aeropuerto de El Prat. Sobre el primero punto, el Govern ha creado las bases del modelo de empresa mixta Generalitat-Estado para asumir los recursos materiales y humanos de Renfe Cataluña dentro de la futura empresa Rodalies Catalunya, que debe prestar el servicio cuando se concluya el traspaso. Respecto al aeropuerto, una comisión técnica con miembros del Gobierno central y de la Generalitat trabaja en el diagnóstico y el plan de trabajo para alcanzar un consenso sobre su ampliación.
Vivienda. 50.000 pisos de protección hasta 2030. Illa hizo de la vivienda protagonista de su primer debate de política general como president. El socialista anunció una inversión de 4.400 millones de euros para afrontar la crisis residencial en cuatro años y la creación de 50.000 pisos de protección hasta 2030, lo que supondría doblar el parque público (de un 2,5% del total a entre un 5% y un 6%). El plan se apoyará en la creación de una bolsa de suelos públicos, la tramitación exprés de licencias y permisos, créditos para promotores privados, y ayudas al alquiler y para comprar vivienda de segunda mano. Illa también anunció el Plan Territorial Sectorial de Vivienda, que prevé que en 20 años un 15% de las viviendas se destinen a políticas sociales: nada menos que 300.000, sobre todo de protección oficial pero también con otras fórmulas. La patronal de los promotores, APCE, ha cuestionado que haya suelo y financiación para llevarlos a cabo. Mientras, está pendiente el otro gran melón de la crisis residencial: la regulación del alquiler de temporada.
Medioambiente. Plan contra la sequía. El Ejecutivo no tardó ni dos semanas (el 27 de agosto) en anunciar su intención de construir una desalinizadora en la Costa Brava, antes incluso de que existiera un anteproyecto. Ya en campaña, Illa se comprometió a aprobar un decreto ómnibus para invertir 3.500 millones a corto, medio y largo plazo. Por lo pronto, ya se ha anunciado un plan de 70 millones, ayudas directas incluidas, en la comarca del Priorat. Dos semanas después, el Ejecutivo anunció otro plan urgente para la provincia de Barcelona con 99 millones para activar nuevos pozos y ampliaciones de potabilizadores. A largo plazo, el Govern tiene en la agenda la desaladora del Foix y la ampliación de la de la Tordera, en Blanes.
Educación. Matrícula más ágil en FP. La consejera Esther Niubó se comprometió a acortar los plazos de matriculación para FP (con matrícula online) después de que miles de alumnos se hayan incorporado este curso más de dos semanas tarde a las aulas; y conocerse que había unos 31.000 alumnos esperando una plaza. El nuevo equipo de Educación todavía tiene pendiente solucionar el aumento de la oferta pública y evitar el trasvase hacia la privada. La llegada de Niubó coincidió justo con el arranque de un nuevo curso escolar, que fue programado y diseñado por el anterior equipo de ERC. Los socialistas no han podido poner su sello a casi ninguna novedad hasta ahora anunciada, a excepción del plan para reducir la burocracia.
Universidades. Llega la nueva Selectividad. La nueva consejera, Núria Montserrat, se ha prodigado poco y solo ha protagonizado un gran acto público, para presentar el plan para contratar 1.200 docentes en cuatro años, gracias a la inyección del Gobierno central, al que urge invertir los fondos europeos. La iniciativa debe ayudar a solventar el gran volumen de jubilaciones previstas para los próximos años y acabar con la precariedad entre parte del profesorado, con contratos temporales. El Govern también tiene el reto de recuperar la financiación recortada durante esta década a los campus, especialmente en cuanto al mantenimiento de los edificios, casi abandonados durante este periodo. Con todo, estas primeras semanas, el quebradero de cabeza del departamento está en la nueva Selectividad. Tras una protesta de los estudiantes, que se quejaban de haber empezado el curso sin saber cómo serían los exámenes, el departamento se comprometió a publicar las novedades y los nuevos modelos de examen en su web ante de finales de octubre.
Derechos sociales. Subvenciones otorgadas por error. La consejera Mònica Martínez Bravo recibió de su predecesor, Carles Campuzano, algunas de cal y otras de arena: el Departamento ha culminado o está desarrollando varios proyectos de éxito, como el despliegue completo de la red Barnahus, de atención de los abusos a la infancia, o el incremento del 5% de las tarifas sociales para las entidades. Y tiene retos mayúsculos por delante, como el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Pero también heredó una crisis importante que le estalló el mes pasado: la revisión de miles de expedientes de la Renta Garantizada de Ciudadanía que llevó al Govern a reclamar parte del dinero percibido. La consejera propuso para solucionarlo una amnistía a los afectados.
Salud. Una comisión para repensar el sistema. El Departamento anunció la voluntad de garantizar la accesibilidad a la atención primaria en un máximo de 48 horas, cuando actualmente se llega a tardar hasta un mes. Ante la dificultad de contratar más personal por la contención económica prevista si no se acelera la mejora de la financiación autonómica, el plan de la nueva consejera, Olga Pané, pasa por la reestructuración de los roles para liberar a los profesionales asistenciales de tareas burocráticas. De momento, la nueva consejera ha congelado dos de los planes estrella de ERC: la centrifugación de los sanitarios desde los hospitales de Barcelona hacia los comarcales; y la creación de centros especializados en pediatría. Pané ha creado un comité de reforma del sistema de salud y pretende impulsar un plan de salud bucodental que debe implementarse inicialmente entre los colectivos vulnerables.
Presidencia. Una administración más eficiente. El Departamento de Presidencia se ha fijado reformar la Administración para aumentar la eficacia de la misma. La medida más llamativa ha sido la de eliminar la obligatoriedad de la cita previa para que cualquier ciudadano pueda ser atendido sin necesidad de concertar la entrevista con antelación. El consejero de Presidencia, Albert Dalmau, exgerente del Ayuntamiento de Barcelona, ha encargado a una comisión de expertos la elaboración de un informe para acometer esa reforma. La comisión, formada por 67 miembros, deberá tener listas sus propuestas en 10 meses. El plan aspira a profesionalizar la administración e incorporar perfiles de directivos públicos independientes que se mantengan en el cargo más allá del cambio de Govern.
Interior. El regreso de Trapero. Una de las medidas casi inmediatas que tomó la nueva consejera del Interior, Nuria Parlon, fue recuperar al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero. Pero eligió un lugar distinto para él: la dirección política de la policía catalana, como director general. En los siguientes días, también relevó al máximo responsable operativo, al comisario Eduard Sallent, caído en desgracia después de la detención fallida de Puigdemont, y sustituido por Miquel Esquius. Con la discreción que caracteriza al gobierno de Salvador Illa, el aterrizaje en Interior ha intentado ser sosegado, rehuyendo la polémica que persigue a los Mossos d’Esquadra en los últimos años. Parlon también ha tomado las riendas de las polémicas de seguridad. La consejera ha comunicado con firmeza la puesta en marcha de planes operativos específicos, transmitiendo un mensaje de mano dura, y ha asegurado que buena parte de los delitos los cometen personas “sin DNI español”, una afirmación delicada que ninguno de sus predecesores ha abordado nunca públicamente.
Cultura. Anteproyecto de ley. Entre las acciones que se han llevado a cabo ya estos primeros cien días de la legislatura, el propio Departamento destaca el haber retomado el Anteproyecto de Ley de Derechos Culturales y el impulso de su tramitación para que el Govern pueda aprobar la ley el primer semestre de 2025; la culminación de la primera fase del concurso arquitectónico para la ampliación del MNAC (se han admitido 30 proyectos), la apertura del Espai Moja (mirada inmersiva al patrimonio catalán), medidas para avanzar en el ambicioso Pla Nacional del Llibre i la Lectura, la licitación de obras de la Foneria, en la Rambla de Barcelona, que renacerá como centro de cultura digital (2027), o el despliegue del programa para mejorar la presencia de las artes y la cultura en la educación.