El PSOE y ERC cierran el pacto para el traspaso a Cataluña de los trenes de Rodalies

El PSOE y ERC han alcanzado el acuerdo político para traspasar Rodalies, el servicio ferroviario de cercanías de Cataluña, a la Generalitat, lo que incluiría vías e infraestructuras, los trenes y la financiación. El pacto establece que la transferencia se hará de forma progresiva. Oriol Junqueras, presidente de Esquerra, ha manifestado en una rueda de prensa que el acuerdo alcanza a “todas las líneas de Rodalies del ámbito de Cataluña”, p...

El PSOE y ERC han alcanzado el acuerdo político para traspasar Rodalies, el servicio ferroviario de cercanías de Cataluña, a la Generalitat, lo que incluiría vías e infraestructuras, los trenes y la financiación. El pacto establece que la transferencia se hará de forma progresiva. Oriol Junqueras, presidente de Esquerra, ha manifestado en una rueda de prensa que el acuerdo alcanza a “todas las líneas de Rodalies del ámbito de Cataluña”, pero según el documento hecho público este jueves por la tarde por el PSOE y ERC quedan excluidos del traspaso los tramos ferroviarios considerados de interés general. El Ministerio de Transportes señala que este calificativo rige para los “itinerarios de tráfico internacional”, y para aquellas vías que enlacen “las distintas comunidades autónomas y sus conexiones y accesos a los principales núcleos de población y de transporte o a instalaciones esenciales para la economía o la defensa nacional”. ERC había reivindicado en las negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez tanto la ley de amnistía como dos asuntos que incluye en la “carpeta del bienestar”: el traspaso de Rodalies, un servicio que sufre averías prácticamente a diario, y mejoras en lo que denomina “déficit fiscal” de Cataluña y que sitúa en 22.000 millones de euros.

El pacto por el traspaso del servicio de trenes deja asuntos pendientes para una concreción posterior, en el marco de una comisión de trabajo entre la Generalitat y el Estado. El acuerdo sí es categórico cuando fija tres tramos que pasarán automáticamente a depender del Govern: la R1 en el Maresme, el enlace entre L’Hospitalet-Vic-Puigcerdà y la línea R2 hasta Sant Vicenç de Calders. Son, en los tres casos, recorridos que circulan íntegramente dentro del territorio de Cataluña. “No es una lista cerrada”, es un acuerdo de mínimos”, manifiesta la Generalitat. “La complejidad de la red es alta”, admiten también desde el Govern.

Para operar el servicio de cercanías, a partir de una fecha venidera pero que no se concreta, se acuerda constituir la empresa mercantil Rodalies Catalunya, empresa mixta del Estado y la Generalitat, con participación mayoritaria de la Generalitat. Estará segregada de Renfe Viajeros, pero dispondrá de un convenio de colaboración y cooperación con Renfe que asegure la movilidad laboral entre ambas y el mantenimiento de los derechos adquiridos por los empleados. La nueva compañía se dotará “de los recursos materiales y humanos que hoy son utilizados y necesarios para la prestación de los servicios de Rodalies en Cataluña por parte de Renfe”. El presidente de esta empresa será propuesto por la Generalitat.

La Generalitat defiende que el traspaso engloba los recursos para hacer frente a la gestión del servicio. Se fija una fase transitoria de la transferencia de los recursos económicos necesarios con una duración establecida de mutuo acuerdo antes de la inclusión del traspaso de recursos en el Sistema de Financiación Autonómica. Desde el Govern se pone de relieve que hay muchas cuentas pendientes, en materia de financiación. Pese a que, supuestamente desde hace años, la Generalitat ya debería haberse encargado de pagarle directamente a Renfe la prestación del servicio de Rodalies, lo que se conoce como déficit tarifario, en la práctica la administración catalana nunca dispuso de los fondos para hacerlo y era directamente el Ministerio el que abonaba la factura anual a Renfe, de unos 335 millones de euros, por operar los cercanías catalanes. La Generalitat se había quejado en varias ocasiones de este hecho, alegando que sin poder directo sobre el dinero, queda condicionada su capacidad para exigirle eficacia y puntualidad a la compañía. El acuerdo fija que se traspasan a la Generalitat los fondos para pagarle a Renfe el servicio de 2023 y que, a partir del año que viene se valorará anualmente a cuanto asciende la factura y se hará “la transferencia de recursos al titular del servicio”.

El Estado también se compromete a asumir el pago de 132 millones de euros que la Generalitat adeuda a Renfe en concepto de servicios prestados. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha llegado a condenar a la Generalitat por no abonar los servicios prestados por Renfe en Rodalies.

El servicio de Rodalies da cobertura a entre 300.000 y 400.000 pasajeros diarios y registra constantes averías que tanto el Govern como el PSC han atribuido siempre a una insuficiente inversión por parte del Ejecutivo central en la última década. Pero los problemas vienen de antes: las primeras movilizaciones masivas en Cataluña, previas a las del procés, fueron para denunciar el mal estado de las infraestructuras.

El hecho de que ahora el servicio vaya a ser transferido por fases se interpreta como una medida para facilitar la gestión a la Generalitat, y también esa manera de evitar la crispación de los profesionales de Renfe en Cataluña, que se mostraban totalmente en contra de pasar a depender de la Generalitat; sobre todo, los maquinistas.

ERC había remarcado las últimas semanas que no aceptaría un traspaso “fake” del servicio como el que, en su opinión, supuso en 2010 la primera transferencia relativa a Rodalies, que en esa ocasión —cuando gobernaban en Cataluña el PSC, ERC e ICV— se limitó al control horario de los trenes. El PSC adelantó en octubre que únicamente se traspasarían las líneas ferroviarias que nacen y mueren en Cataluña y que, por tanto, quedaban excluidos los trenes regionales que atraviesan la frontera francesa, así como los que enlazan Cataluña con Aragón y la Comunidad Valenciana. Esa fórmula implicaba que el traspaso se iba a limitar a dos o tres líneas. Queda por ver ahora cómo se ha cerrado el acuerdo.

El traspaso de Rodalies no es un asunto pacífico desde el punto de vista laboral. Los trabajadores de Renfe —la empresa pública de transporte ferroviario de pasajeros y mercancías, dependiente del Ministerio de Transporte— se oponen, al temer que puedan perder derechos. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, se ha mostrado a favor de transferir el servicio a la Generalitat siempre que se respeten las condiciones laborales de la plantilla. La administración catalana sostiene que un traspaso en ningún caso supondrá un menoscabo de las condiciones de los maquinistas, aunque esa eventualidad sobrevoló la huelga que llevaron a cabo a primeros de mes.

El servicio de Rodalies ha registrado desde agosto más de 50 días con averías que han provocado retrasos de más de 15 minutos en algunos trenes. En los 20 primeros días de octubre constan 13 días con incidencias, según las comunicaciones en redes sociales de la empresa estatal Adif. En septiembre fueron al menos 21, y en agosto, otros 18. Marc Sanglas, secretario de Movilidad de la Generalitat, abunda que en 2022 se registraron 831 incidencias que supusieron más de 100 minutos de retrasos por tren y 22.500 convoyes afectados. Tras reunirse con la patronal y los sindicatos, la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, apuntó que solo en 44 días de todo 2022 no hubo incidentes; entre 2010 y 2021 solo se ejecutaron el 50% de las inversiones y en 2021 el porcentaje cayó al 19%, denuncia la Generalitat.

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