Los límites impuestos al juicio de Kitchen

El 26 de enero de 2009, cuando un limitado número de funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investigaba en secreto el caso Gürtel, un oscuro comisario ajeno a ese grupo de agentes y ...

El 26 de enero de 2009, cuando un limitado número de funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investigaba en secreto el caso Gürtel, un oscuro comisario ajeno a ese grupo de agentes y acostumbrado a moverse en la sombra y a chapotear por las alcantarillas, José Manuel Villarejo, reflejó en su agenda un sospechoso contacto que mantuvo esa jornada con Ignacio López del Hierro, entonces marido de la secretaria general del PP: “Llamó para vernos. La parienta María Dolores de Cospedal quiere datos para tomar decisiones”. Solo faltaban 11 días para las primeras detenciones de la trama, con el empresario Francisco Correa como principal cabecilla.

En esos días previos al estallido de la causa, Villarejo ya manejaba datos confidenciales sobre el caso secreto. Y tanto entonces como en los meses posteriores, se encargó de moverlos entre cargos del PP. Así lo evidencian sus grabaciones y sus metódicos cuadernos personales, que muestran cómo las maniobras dentro del partido arrancaron mucho antes de que los conservadores se instalaran en La Moncloa (con Mariano Rajoy en 2011) y antes también de que se hicieran con el control del Ministerio del Interior, donde se activó en 2013 la llamada Operación Kitchen, el plan de espionaje sin control judicial al extesorero popular Luis Bárcenas para supuestamente robarle material comprometedor de la formación que aún pudiera guardar, para poder boicotear así el caso Gürtel. Una trama que se enjuicia desde este abril en la Audiencia Nacional.

La vista oral arrancó el lunes con la impresión de una parte de las acusaciones de que el caso Kitchen llega descafeinado a esta fase. La Audiencia Nacional ha dejado claro que el juicio se centra en la presunta actividad ilegal desplegada por los antiguos integrantes de Interior y de la Policía que se sientan en el banquillo, con el exministro Jorge Fernández Díaz a la cabeza. Todo aquello que vaya más allá, queda fuera. Pese a que en toda la instrucción sobrevolase la tesis de que altos cargos orgánicos del PP, como Cospedal, “tutelaron” la trama o la “alentaron”. Una hipótesis defendida por la Fiscalía Anticorrupción, pero que el juez instructor Manuel García-Castellón desechó por, según él, falta de indicios. O, incluso, pese a que la investigación pusiera sobre la mesa la posibilidad de que Kitchen no fuera el único intento de boicotear Gürtel.

En las sesiones dedicadas a la fase de cuestiones previas del juicio, celebradas el lunes y martes de esta semana, el PSOE, personado en la causa, hizo un último intento de reabrir esa vía. En busca de un resquicio, los socialistas plantearon al tribunal —presidido por la magistrada Teresa Palacios— que suspendiera la vista y devolviera el caso a la instrucción para indagar en la “pata política” y, en concreto, en la posible implicación de la ex secretaria general del PP. “Considero que tiene que haber otras personas sentadas en el banquillo”, insistió la abogada del partido. Sin embargo, los jueces negaron esa posibilidad.

“Si se ha sobreseído para una persona, cualquier reapertura no se hace ante el tribunal juzgador, sino ante el instructor”, resumió Palacios al responder al PSOE, echando así el cerrojo a ese camino. Una postura que comparte la Fiscalía, pese a que sigue sospechando que hubo más implicados en Kitchen (su escrito de acusación insiste en que no puede “descartarse la intervención de otras personas”) y pese a que impulsó en su día la imputación de Cospedal.

El ministerio público considera que, llegados a este punto, el tribunal enjuiciador (que pertenece a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia) “no tiene competencias” para reabrir la causa contra la ex secretaria general del PP; y que, de querer retomarse esa línea, se debe acudir al juzgado de instrucción que dirigió las pesquisas —el número seis, encabezado ahora por el magistrado Antonio Piña (tras la jubilación de García-Castellón en 2024) y cuyas decisiones en este caso revisó la Sección Tercera de la Sala—.

Pero esa senda ya se intentó. Sin éxito. De hecho, para entender esta enrevesada madeja procesal hay que remontarse al 29 de julio de 2021, cuando el magistrado García-Castellón dio sorpresivamente por acabadas sus pesquisas de Kitchen, limitando toda la responsabilidad a Interior y descartando la llamada “conexión política” (lo que implicó desimputar a Cospedal). Para entonces, la Fiscalía ya estaba convencida de que, desde 2009, el PP había puesto en marcha una serie de maniobras para “reducir daños” por Gürtel y “proteger” a sus altos cargos. De hecho, solo 13 días antes de esa resolución del juez que puso punto final a las indagaciones, el ministerio público le había enviado un escrito para profundizar en esa tesis y expandir el sumario mucho más allá de lo actuado hasta ese momento.

El juez García-Castellón descartó, sin embargo, el planteamiento de los fiscales César de Rivas y Miguel Serrano: “En este punto el instructor debe acentuar su función valorativa, depurando aquellas sospechas que, pese a ser introducidas en el proceso, no logran traspasar el tamiz de los indicios, feneciendo en el nebuloso plano de lo hipotético, sin encontrar su reflejo bajo el brillo de las posibilidades cercanas a la certeza”, argumentó. Las acusaciones recurrieron entonces a esa Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que dio la razón al magistrado en abril de 2022 y dejó vía libre para sentar en el banquillo exclusivamente a los antiguos cargos de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy.

Aunque aún faltaba otro giro de guion. EL PAÍS publicó un mes después un nuevo audio de una conversación telefónica del comisario Villarejo con Cospedal, donde ella le dice: “Por eso te estoy llamando… la libretita [de Bárcenas]... sería mejor poderlo parar”. Esa conversación se fechó el 20 de enero de 2013. Solo 11 días después, este periódico publicó los llamados Papeles de Bárcenas, que revelaban la existencia de la caja b del partido (como dio por probado la justicia años después, al enjuiciar esa contabilidad paralela dentro del caso Gürtel).

Tras revelarse ese audio, las acusaciones (incluida la Fiscalía) volvieron a dirigirse al juez instructor y a la Sección Tercera para reabrir la causa contra Cospedal. Anticorrupción planteó seguir adelante con el juicio contra las cúpulas de Interior y la Policía, y abrir una “pieza bis” centrada en si hubo otros “miembros relevantes del PP, por entonces en el Gobierno de la nación”, que participaron en Kitchen. En concreto, el escrito del ministerio público apuntaba especialmente contra Cospedal, a la que acusaba de haber mentido durante la investigación sobre los contactos que había mantenido durante años con Villarejo: “La auténtica finalidad de esas reuniones era el seguimiento de las novedades y avances de la investigación del caso Gürtel, llegando a dar al policía indicaciones para recuperar y [hacer] desaparecer la libretita de Luis Bárcenas, cuyas anotaciones pudieran afectar a una financiación irregular del PP”.

Pero, de nuevo, las acusaciones hicieron agua. El instructor desestimó sus pretensiones, y la Sección Tercera volvió a avalarlo en 2023. El tribunal minimizó el valor de los nuevos audios publicados, de los que dijo “desconocer su contexto”. Desde entonces, nada se ha movido. Tampoco el sucesor de García-Castellón, Antonio Piña, ha aceptado reabrir una vía contra Cospedal: en enero rechazó otra solicitud similar del PSOE.

Las maniobras desde 2009

Los sumarios del caso Kitchen y del caso Villarejo evidencian que el nerviosismo en el seno del PP comenzó en 2009 y se intensificó a medida que se cercaba al partido y a su extesorero. Por ejemplo, la Audiencia Nacional abrió una investigación paralela, cerrada por García-Castellón en 2024 por falta de indicios, sobre otro presunto plan urdido para presionar al abogado Javier Gómez de Liaño, que defendía a Bárcenas.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía localizó también otra documentación que apunta a que en 2012, antes de que se pusiera en marcha el dispositivo de Interior, Villarejo recibió otro encargo privado que bautizó como Proyecto SMP, presupuestado en 15 millones de euros y que tenía por objetivo “anular” el caso Gürtel. La Fiscalía vincula esa maniobra con el fallecido Ignacio Peláez, que era el abogado de varios investigados próximos al PP. Incluso, Bárcenas contó que Peláez lo visitó un día en la cárcel: “Y me puso por escrito que existía la posibilidad de desmontar todo el caso”. Este Proyecto SMP sí está incluido de refilón en el juicio de Kitchen, ya que se atribuye a Villarejo su autoría, pero nunca se profundizó en los clientes que había detrás.

Otro llamativo episodio que ha quedado fuera de la vista oral es el extraño asalto que un hombre disfrazado de cura, Enrique Olivares, protagonizó en octubre de 2013, cuando entró en casa del extesorero y secuestró a su familia mientras buscaba, según dijo, papeles sensibles que pudieran hacer caer al Gobierno de Rajoy. García-Castellón no halló indicios de que estuviera conectado con Kitchen y la abogada de Bárcenas descartó esta misma semana acusar por ello. Era uno de los temas sobre los que la Fiscalía quería indagar más en julio de 2021, cuando el juez instructor cerró la investigación. “Aparecen datos que permiten profundizar en la posible participación de Olivares en el asalto al domicilio de la familia Bárcenas bajo el directo control de los mandos policiales que desarrollaron la Operación Kitchen; o, incluso, bajo el control de otros servicios de seguridad del Estado”, escribió entonces Anticorrupción.