Baltasar Garzón: “El bulo de Miguel Ángel Rodríguez era una calumnia. No entiendo por qué no se persiguió ese delito”

Hace 13 años fue condenado a 11 de inhabilitación por las escuchas del caso Gürtel; hace cuatro, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que aquella condena del Tribunal Supremo fue “arbitraria”. Hoy, Baltasar Garzón (Torres, Jaén, 70 años) afirma sobre el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz: “Imagino cómo se siente. Su proceso me recuerda al mío”. El exmagistrado de la Audiencia Nacional ejerce ahora como abogado. Entre sus clientes, Julian Assange, fundador de Wikileaks, con quien tiene una causa abierta por el presunto espionaje de un exmilitar español para el que la Fiscalía pide 13 años de cárcel.

Pregunta. Bajo el epígrafe de “hechos probados”, la sentencia contra García Ortiz incluye lo que la Nueva Gramática llama “el condicional de conjetura”, expresiones como “habría obtenido” y otras fórmulas de suposición como “tuvo que ser” o “se infiere de”. El voto particular tacha los argumentos esgrimidos para la condena de “mera sospecha”. ¿Se ha condenado al ex fiscal general del Estado sin pruebas?

Respuesta. Sí. Esa forma de redactar, la elucubración, no es propia de una sentencia. Inferir es presumir y aquí no hay base fáctica. Tampoco puedes decir que tuvo que ser él o un colaborador porque entonces el colaborador tendría que estar identificado y encausado. Y si hay dudas, distintas opciones, no puedes elegir la más perjudicial, y en este caso, artificiosa, como señalan las magistradas en su voto particular, para el acusado. Acatando la sentencia, discrepo absolutamente de ella.

P. ¿Es normal ese grado de discrepancia absoluta en el Supremo en un caso penal de estas características?

R. La unanimidad no es exigible, pero es que en este caso hay dos visiones totalmente contrapuestas: una comprensible y otra inverosímil. El voto discrepante es coherente con lo que vimos en el juicio y la condena choca frontalmente con él. Los periodistas dijeron: ‘No ha sido el fiscal general’. Y si no te los crees, tienes que deducirles testimonio. ¿Qué contrapeso hay que anule lo que declararon? La sentencia tiene lagunas muy graves, como esa. Otra es el tema del bulo.

Me han llamado jueces y fiscales de Italia, Francia, Latinoamérica... para decirme que no entienden la condena al fiscal

P. ¿El bulo admitido por Miguel Ángel Rodríguez sobre la Fiscalía, a la que acusó de frustrar un acuerdo con el novio de Isabel Díaz Ayuso, denunciado como defraudador fiscal, “por órdenes de arriba”, era una calumnia, es decir, un delito?

R. La causa generatriz de toda esta historia la pone en marcha el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid al falsear el contenido de ese correo con la intención de calumniar o injuriar al Ministerio Fiscal. El bulo de Miguel Ángel Rodríguez era una calumnia y no entiendo por qué no se persiguió de oficio ese delito. El fiscal tenía la obligación de informar. Además, la sentencia invierte la carga de la prueba. Llega a decirle al acusado que tenía que haber guardado los mensajes de su móvil. La justicia es al revés. Y si en la cabeza de los magistrados estaba ya utilizar la nota de prensa, desde el inicio del juicio tenían que haberse referido como hechos punibles tanto al correo como a la nota, porque introducirla al final produce indefensión. Esa sentencia no tiene la condición de imparcialidad.

P. ¿Qué cree que supone para la imagen de la justicia dentro y fuera de España que la condena al fiscal haya sido tan controvertida, con exmagistrados del propio Tribunal Supremo, como Perfecto Andrés Ibáñez, señalando su “inconsistencia”?

R. Es absolutamente negativo. Hemos quedado en tela de juicio. El Supremo no es infalible, se equivoca, como en este caso. Me han llamado jueces y fiscales de Italia, Francia, Latinoamérica... para decirme que no entienden la condena.

P. Entre los magistrados que condenaron al fiscal figuran algunos de los que le condenaron a usted por las escuchas de la trama Gürtel. ¿Tienen algo en común ambos procesos?

R. Después del juicio al fiscal, me dije: ‘Lo van a absolver porque, si no, sería la muerte de la justicia en España y yo dejaría de confiar en el Tribunal Supremo’. Me salva que hay dos votos discrepantes que responden a la realidad, pero claro que me recordó a mi proceso. Imagino perfectamente cómo se siente Álvaro García Ortiz porque yo me sentí así. No comprendes que puedan condenarte sin pruebas o con pruebas dudosas.

Mi perspectiva de la justicia ha cambiado desde que ejerzo de abogado. Ahora veo la prepotencia de algunos jueces y fiscales

P. El Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó en 2021 que no se respetó su derecho a ser juzgado por “un tribunal independiente e imparcial” y que la condena fue “arbitraria”. Por ello, instaba a España a borrar sus antecedentes penales, proporcionarle una reparación integral y tomar medidas para que algo así no volviera a suceder. ¿Qué pasos y ante qué organismos ha dado desde entonces y con qué resultado?

R. El Comité de Derechos Humanos de la ONU dio un plazo para que el Estado cumpliera, pero nunca lo hizo, pese a que ha insistido varias veces. Los antecedentes siguen ahí. No han hecho nada. Acudí al Consejo General del Poder Judicial, a la Audiencia... Hay un desprecio total a los dictámenes del Comité.

P. ¿Ha hablado con el Gobierno de este asunto?

R. Le envié una carta al presidente cuando esto todavía estaba en tramitación, que no contestó. Después reclamé al Gobierno que cumpliera, pero nunca se dieron por aludidos.

P. ¿Ha cambiado su percepción sobre el funcionamiento de la justicia desde que ejerce de abogado?

R. Sí. Ahora veo la prepotencia en algunos jueces o fiscales, que no hablan con los abogados, cuando la justicia es esencialmente oral. Y ves que no es ágil, que, a veces, se toman decisiones que causan mucho daño, se destruyen vidas, empresas... por falta de resoluciones. Falta sensibilidad.

P. Cualquier poder tiende al abuso y precisa de mecanismos de control. Un magistrado de la cúpula judicial relató a EL PAÍS que se presentan pocas querellas contra jueces porque el sistema es demasiado corporativista y que la vía disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tampoco funciona porque incluso cuando hay sanciones por hechos acreditados hay casos que terminan absueltos por prescripción, como el de Juan de Dios Anguita. ¿Lo comparte?

R. Sí. La sala segunda del Supremo es el órgano con más poder en España, más que el presidente o que el Parlamento, y no tiene un sistema de contrapesos, no hay segunda instancia para poder valorar pruebas de un procedimiento. En la justicia española hay un componente de soberbia muy grande que genera desconfianza, y a eso hay que añadir asociaciones judiciales o fiscales que hacen política de confrontación con el Gobierno. El deterioro es evidente.

P. ¿Los jueces ocupan tanto espacio en el debate público porque se ha politizado la justicia o porque se ha judicializado la política?

R. Para mí, ese mix de instrumentalización se llama lawfare. Es importante detectar, evitar y sancionar la instrumentalización de la justicia. Ahí es donde hacen falta contrapesos. Los jueces tienen que juzgar con imparcialidad y no entrar en esta dinámica política. Ha habido hasta reuniones con jefes de la oposición [fiscales conservadores animaron al líder del PP a desmontar leyes del Gobierno]. Todo eso confluye en una desconfianza generalizada en el sistema.

P. El CGPJ —entonces con el mandato caducado— criticó la ley de amnistía antes incluso de conocer el texto legal a través de una “declaración institucional” que afirmaba que la norma supondría “la abolición del Estado de Derecho”. El abogado general de la Unión Europea acaba de avalar la norma. ¿En qué lugar deja esa decisión, pendiente aún del Tribunal de Justicia de la UE, al CGPJ español?

R. A la altura del betún. El órgano de gobierno jueces es de designación política, pero una vez designado no tiene que hacer valer ninguna adscripción ideológica. El bloque conservador es pétreo, siempre en la misma línea, y el progresista se desquebraja porque se acomoda a la función que tiene que tener el CGPJ. En esa época [la del mandato caducado] hicieron política de oposición, de acoso y derribo al Gobierno. La amnistía no esta prohibida en la Constitución, por mucho que diga el Supremo.

P. ¿A lo largo de su carrera judicial aplicó alguna ley que no le gustara?

R. Claro, muchas veces.

P. Usted pasó por la política. ¿Cómo recuerda esa experiencia? ¿Se arrepintió alguna vez?

R. Fue breve, pero intenso. No me arrepiento. Consideré que podía aportar mi experiencia, me atraía el servicio público, la idea de estar en contacto con las necesidades del ciudadano y poder cambiar las cosas. Cuando vi que no era posible, presenté mi dimisión. También le dije al presidente, Felipe González, ‘márchate’. No se puede mentir al ciudadano: si no puedes cumplir, lo explicas, y si te tienes que ir, te vas. Me respondió que eso no era tan fácil. Fue en 1994.

P. ¿Repetiría? ¿Se lo han propuesto?

R. Es un camino que ya recorrí. Participé luego con Actúa porque sigo creyendo que si los progresistas quieren hacer algo, la unión es fundamental, pero siguen pegándose tiros en el pie.

P. La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que prevé dar la instrucción a los fiscales y desvincular el mandato del fiscal general del Estado de la legislatura o del Gobierno ha provocado huelgas de jueces y fiscales. ¿Qué opina de esas reformas?

R. Las huelgas de jueces no son legales. Me pareció alucinante que el Consejo General del Poder Judicial dijera que no la autorizaba, pero luego no hiciera nada. Es mentira que las reformas afecten a la independencia. Hace muchos años que los fiscales deberían haber asumido la instrucción, como ocurre en la mayoría de países. Tiene que haber un contrapeso, pero para eso está el juez de garantías. ¿Cuál es el problema? Al fiscal general del Estado lo propone el Gobierno, pero no depende del Gobierno. Y además se introduce un ámbito de más independencia al desvincularlo de la legislatura.

P. José Luis Ábalos, uno de los negociadores de la moción de censura contra Rajoy por la sentencia del caso Gürtel, está en prisión preventiva por otro caso de corrupción. Cambian las siglas, se repiten los escándalos. ¿Por qué?

R. Respetando la presunción de inocencia, fallan los controles internos de los partidos y dentro de la administración pública. Esto se puede evitar. Hace falta más transparencia, más prevención, más actuaciones inmediatas y exigencia de responsabilidades. Dicho todo eso, Gürtel es el paradigma de la corrupción sistémica: son más de 300 condenados, más de 20 procedimientos, y hay dos sentencias que dicen que el PP fue partícipe a título lucrativo. Pero ni uno ni otro caso son aceptables.

Un Gobierno que se llama progresista debería haber recuperado la jurisdicción universal. No lo hacen por motivos económicos

P. Acaba de ganar las elecciones en Chile José Antonio Kast, que respaldó públicamente al dictador Pinochet y llegó asegurar que votaría por él si siguiera vivo. ¿La impunidad repercute en el largo plazo?

R. Estoy seguro de que Pinochet habría votado por Kast. Reivindicar una dictadura como la suya es negar las barbaridades que se cometieron. Respeto la voluntad del pueblo chileno, pero también el nazismo llegó por vías democráticas al poder. Hay una tendencia en el mundo claramente autoritaria y patrocinada desde el norte: el modelo de Trump está prendiendo en muchos países. La ola ultraconservadora nos puede retrotraer a espacios que mejor olvidar.

P. Han pasado 27 años desde que ordenó la detención de Pinochet, que finalmente, no llegó a ser juzgado. Desde entonces se ha restringido la jurisdicción universal. ¿Qué ha puesto de acuerdo al PP y al PSOE para limitarla y qué consecuencias han tenido esas limitaciones?

R. Razones económicas, diplomáticas y políticas. Se limitó, además, con nocturnidad y alevosía porque en 2009 aprovecharon una enmienda en la ley de la oficina judicial para hacerlo. En 2014 se finiquitó prácticamente. Fue un gravísimo error y una crítica profunda que hago a este Gobierno es no haberla recuperado. Si la jurisdicción universal estuviera institucionalizada en España y otros países no habría margen para la impunidad. ¿Por qué no se hace? Por intereses económicos. Pero un Gobierno que se llama progresista debería haber tenido cinco minutos para llevar esto en el Congreso.

P. Este año también se ha cumplido medio siglo de la muerte de Franco. Una encuesta reciente de EL PAÍS reveló que una cuarta parte de los jóvenes ve preferible en determinadas circunstancias un régimen autoritario; casi la mitad desconocen cómo murió Lorca y en el electorado de Vox hay más simpatizantes que detractores del franquismo. ¿Qué problema ve más grave: la nostalgia o el desconocimiento? ¿Y a qué los atribuye?

R. La nostalgia llega al negacionismo y el desconocimiento te hace adoptar cualquier teoría distópica porque no sabes de lo que estás hablando. Ambas convergen en la necesidad de pedagogía y educación que muchos políticos niegan. ¿Qué problema hay en aceptar la historia como fue: que hubo un golpe de estado, una guerra, una represión...? 90 años después de la Guerra Civil me parece alucinante que todavía se siga discutiendo a las víctimas la posibilidad de recuperar a sus muertos y que algunos alardeen de que van a eliminar toda la legislación de memoria. Es de una impiedad tremebunda.