“Si no combatimos la desigualdad, lo pagaremos con la democracia”

“Es urgente”, “hay que actuar ya”, “no puede esperar”. Expresiones así salpican el discurso de Olga Cantó, Berna León, Javier Soria y Javier Carbonell, cuatro investigadores especializados en desigualdad que se han propuesto transmitir a la opinión pública —pero sobre todo al poder político y en concreto al Gobierno— la necesidad imperiosa de reducir las brechas de riqueza, renta y oportunidades en España. No solo por salvar el Estado del bienestar, sino también para poner a resguardo el Estado de derecho, advierten.

“Si no combatimos la desigualdad, lo pagaremos con la democracia, porq...

“Es urgente”, “hay que actuar ya”, “no puede esperar”. Expresiones así salpican el discurso de Olga Cantó, Berna León, Javier Soria y Javier Carbonell, cuatro investigadores especializados en desigualdad que se han propuesto transmitir a la opinión pública —pero sobre todo al poder político y en concreto al Gobierno— la necesidad imperiosa de reducir las brechas de riqueza, renta y oportunidades en España. No solo por salvar el Estado del bienestar, sino también para poner a resguardo el Estado de derecho, advierten.

“Si no combatimos la desigualdad, lo pagaremos con la democracia, porque una sociedad donde la expectativa de movilidad social es mínima es presa fácil para el individualismo, que destruye la comunidad, y el autoritarismo, que destruye los derechos”, resume Berna León, del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), en París, uno de los tres coordinadores —junto a Soria y Carbonell— del ensayo La desigualdad en España, en el que participan los cuatro entrevistados dentro de un catálogo de más de 30 especialistas de diversos campos que ofrecen la mayor panorámica sobre este fenómeno publicada en España.

Prologado por el afamado economista francés Thomas Piketty, el trabajo presenta la desigualdad en España como un círculo vicioso. Su principal expresión está en el reparto de la riqueza: el 10% que más tiene acumula más del 50% de la riqueza total, mientras la mitad de abajo ostenta en torno al 7%. La riqueza determina a su vez los ingresos, que son en España más desiguales que en el conjunto de la UE. Y uno y otro desnivel —riqueza y renta— minan a su vez la igualdad de oportunidades.

El resultado es que las clases menos pudientes sufren en España, explica Javier Soria, investigador en la Paris School of Economics, una “avería del ascensor social” que “reduce la recompensa del esfuerzo y el mérito”. Un dato: uno de cada diez hijos de peones de la construcción se gradúa en la universidad, mientras lo hacen ocho de cada diez hijos de arquitectos. Decisivo es el papel de la vivienda, factor clave de ensanchamiento de la desigualdad no solo entre propietarios y no propietarios, sino también entre generaciones. “El acceso a la riqueza, sobre todo por culpa de la vivienda, es cada vez más difícil para los nacidos en los 80 y en adelante”, apunta Soria.

Tanto la legislatura pasada como esta el Gobierno ha identificado la desigualdad como un problema de primer orden. ¿Está logrando resultados? Las respuestas componen un balance con claroscuros, pero se abren paso dos consensos durante la entrevista con los cuatro investigadores, celebrada por videollamada. El primero es el reconocimiento del esfuerzo del Ejecutivo por contener el problema, tanto con el llamado “escudo social” durante el covid, especialmente con los ERTE, como con la subida del salario mínimo y otras reformas en el mercado del trabajo. Hay resultados que avalan el impacto de esas medidas, señalan. Por ejemplo, la brecha salarial entre el 20% más rico y el 20% más pobre es la más baja en España desde antes de la Gran Recesión. El segundo elemento que pone de acuerdo a los cuatro es que la inercia de la desigualdad es tan fuerte que haría falta una “intervención decidida” para consolidar resultados favorables. “La inflación y el precio de la vivienda se están comiendo el efecto de las medidas del Gobierno, sobre todo las destinadas a las familias de la cola baja”, alerta Olga Cantó.

Los entrevistados sintetizan cuatro propuestas. La primera es una reforma fiscal para ahondar en el papel redistributivo de los impuestos. La segunda, una herencia universal, es decir, la entrega a todos los ciudadanos tras cumplir la mayoría de edad de una determinada suma de dinero para emprender un proyecto o unos estudios (“es una medida que actúa a la vez contra la desigualdad de la riqueza y contra la desigualdad intergeneracional”, explica Javier Carbonell, investigador en la Universidad de Edimburgo). La tercera, un replanteamiento del ingreso mínimo vital para aumentar su alcance (“sobre el papel se debía notar mucho más de lo que se está notando”, lamenta Soria). En 2023 percibieron el ingreso algo menos de 343.000 hogares de los cerca de un millón que podrían aspirar a la prestación. Y la cuarta, una reforma educativa que introduzca la gratuidad garantizada de cero a tres años y reduzca a un uso residual la ya decreciente repetición de curso, medida que castiga a los hijos de familias pobres.

A estas cuatro medidas se suma la “urgente” necesidad de “intervención” en el mercado de la vivienda, coinciden los cuatro entrevistados, que se muestran escépticos sobre la capacidad real del Gobierno en este terreno, en parte porque las comunidades del PP se niegan apoyar la ley aprobada en 2023. “La vivienda es un problemón social, y también un problemón político para el Gobierno. Es el gran desafío de la legislatura, donde se jugará si revalida o no”, expone Berna León, que además de coordinador del ensayo es director del think tank Future Policy Lab, del que forman parte sus tres colegas.

“Individualismo y autoritarismo”

No combatir con eficacia la desigualdad, continúa León, supone abonar el terreno para la “desconfianza hacia la democracia”, de la que a su vez se alimentan “los monstruos” del “individualismo y el autoritarismo”. “La explosión de todos esos gurús que ofrecen soluciones individualistas o autoritarias a problemas colectivos, como [el influencer] Amadeo Llados o [el agitador ultraderechista y eurodiputado] Alvise Pérez es resultado de la insuficiente respuesta política a los grandes desafíos sociales”, señala León, miembro del patronato del laboratorio de ideas Avanza, creado por el PSOE. Y añade: “No vale con poner un muro contra la ultraderecha. El ‘que viene el lobo’ no es suficiente, hace falta presentar y cumplir una propuesta alternativa ambiciosa”. Coincide Javier Soria: “A menor igualdad de oportunidades garantizada por una acción política efectiva, mayor riesgo de ascenso de la extrema derecha y de hecatombe democrática”.

A juicio de Olga Cantó, las sociedades europeas —no solo la española— están en una “encrucijada”. Superado el shock de la pandemia, toca decidir si el énfasis se pone en la corrección de desniveles socioeconómicos o en el “sálvese quien pueda”, explica. Allá donde se opte por la segunda opción, habrá más riesgo de que las frustraciones se dirijan contra la figura del “inmigrante pobre”, convertido por la extrema derecha en el chivo expiatorio, añade Cantó. Pero no todos los costes son democráticos y de convivencia. La desigualdad también es un problema de fuerte impacto económico negativo. “Si mantenemos a casi el 30% de menores en riesgo de pobreza, en situación cada vez más crónica, nos condenamos a disparar en el futuro nuestro gasto social, nuestro déficit y nuestra deuda”, explica.

Carbonell se muestra consciente de que explicaciones como las de Cantó, que vinculan las políticas igualitarias con unas cuentas públicas más saneadas, resultan contrarias al “sentido común” no sólo de conservadores y liberales, sino también de sectores progresistas. Por eso cree que la primera tarea de cualquier combate eficaz contra la desigualdad es el desmontaje de los “mitos” que la sostienen. ¿Qué mitos? Destaca dos. El primero es que “la libertad y la igualdad están enfrentadas”, cuando “es justo al revés”, dice. “Ambas van de la mano. No hay que elegir. Si tengo libertad para hacer algo, pero no tengo la oportunidad de hacerlo por falta de recursos o de tiempo, ¿qué libertad es esa?, ¿de qué sirve? Esa libertad que desprecia la justicia social, la que defienden [Javier] Milei o [Isabel Díaz] Ayuso, esa libertad basada solo en que el Estado no intervenga en mis asuntos, es una idea de libertad pobre y equivocada”, opina Carbonell, para quien la reducción de la jornada de trabajo en la que está empeñado el Ministerio de Trabajo es “una medida a favor de la libertad, y así debería ser presentada”.

El segundo “mito” que Carbonell ve necesario tumbar es que “criticar la meritocracia es criticar el esfuerzo”. “No, no, no”, se revuelve. “Criticar la meritocracia es criticar la falsa creencia de que se premia igual es esfuerzo de todos, como si los condicionantes sociales no tuvieran ningún efecto”. “Lo que hace falta —concluye Carbonell— es rescatar el mérito de la de meritocracia, y la libertad del neoliberalismo”.