El fiscal del ‘caso Tsunami’ arremete contra la instrucción del juez García-Castellón

El fiscal del caso Tsunami Democràtic, Miguel Ángel Carballo, arremete contra los últimos pasos dados en la instrucción por el juez Manuel García-Castellón, que el 6 de noviembre decidió impulsar la imputación por delitos de terrorismo, entre otros, del expresident Carles Puigdemont; de Marta Rovira, secretaria general de ERC, y de Rubén Wagensberg, miembro de la mesa del Parlament, que anunció esta semana...

El fiscal del caso Tsunami Democràtic, Miguel Ángel Carballo, arremete contra los últimos pasos dados en la instrucción por el juez Manuel García-Castellón, que el 6 de noviembre decidió impulsar la imputación por delitos de terrorismo, entre otros, del expresident Carles Puigdemont; de Marta Rovira, secretaria general de ERC, y de Rubén Wagensberg, miembro de la mesa del Parlament, que anunció esta semana su marcha a Suiza por “miedo” a esta investigación de la Audiencia Nacional. En un nuevo escrito fechado el miércoles, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el representante del ministerio público critica al magistrado por cometer “flagrantes contradicciones”. Además, Carballo considera “totalmente injustificada e inmotivada” la exposición razonada enviada al Tribunal Supremo para que asuma la causa; y habla de una “significativa falta de argumentos” para concretar qué acciones de “matiz terrorista” se atribuirían a los señalados.

Este escrito evidencia la enorme brecha que se ha abierto entre el fiscal y el juez del caso, que anduvieron juntos durante las primeras fases de la instrucción —iniciada en 2019 para investigar las protestas incitadas por la plataforma Tsunami Democràtic contra la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del procés—. Sin embargo, su camino se separó definitivamente tras el auto del 6 de noviembre, que Carballo recurrió a la Sala de lo Penal de la Audiencia. El ministerio público no solo rechaza que los hechos puedan calificarse como terrorismo (solo aprecia desórdenes públicos y defiende, por tanto, que el sumario se envíe a los juzgados de Cataluña); sino que, además, cree que no puede ni considerarse una “conjetura” la atribución de delitos al expresidente catalán y ha señalado que no consta ni “un dato” que permita acusar a los sospechosos por la inducción o cooperación de actos violentos.

En el escrito, fechado el miércoles, el fiscal reprocha a García-Castellón: “Hasta la fecha, el instructor ha llevado a cabo diligencias que no han concluido en absoluto, ni han aportado dato nuevo alguno, sobre la inculpación de los aforados [Puigdemont y Wagensberg], siendo especialmente significativo en cuanto al expresidente, al cual ni siquiera la Guardia Civil efectuaba atribución alguna de los hechos objeto de la investigación”. El ministerio público considera una “contradicción” que, tras dictar el auto de imputación del 6 de noviembre donde rechazaba enviar una exposición razonada al Supremo, lo hiciese finalmente 15 días después, sin esperar a que la Sala de la Audiencia resolviese el recurso de la Fiscalía. Y sin que, en opinión de Carballo, se hubiese incorporado nueva información a la causa que implicase a los dos políticos aforados.

Según el fiscal, ese cambio de criterio resulta “injustificado”, pues ha sido “nulo” el “avance de la investigación” en este tiempo sobre la supuesta participación de Puigdemont y Wagensberg. Un argumento que el ministerio público ya puso sobre la mesa del magistrado al recurrir la resolución por la que enviaba la causa al Supremo, y que García-Castellón descartó de plano hace dos semanas. El juez, que vincula a Puigdemont con el origen de Tsunami, considera que desde noviembre se han incorporado al sumario nuevas pruebas (como atestados de los Mossos sobre el bloqueo del aeropuerto de El Prat y la investigación judicial sobre la muerte de un turista francés de un infarto durante esa protesta, así como la personación de policías heridos durante los disturbios) que “consolidan” su “hipótesis”: “Apreciando la existencia de hechos delictivos que, desde la calificación inicial, revisten carácter de delito de terrorismo”.

Pero, precisamente, la Fiscalía critica este punto en su nuevo escrito de este miércoles. Según Carballo, toda esta nueva información incorporada no tiene nada que ver, ni aporta ningún dato novedoso sobre la supuesta implicación de Puigdemont, Rovira y Wagensberg. “Las diligencias se han centrado en investigar, o acreditar más bien, las consecuencias de los actos de desorden público llevados a cabo en Cataluña a finales de 2019 por diversos colectivos y por varias personas, pero no ha incidido ninguna de las diligencias acordadas, ni practicadas, en la responsabilidad supuesta de los aforados. Es más, ha extendido la práctica de diligencias a la acreditación de hechos que ni siquiera se recogen en los informes de inteligencia de la Guardia Civil, llevando a cabo una amplitud del objeto del procedimiento carente de justificación”, critica el ministerio público.

Reproches cruzados

El cruce de reproches entre el fiscal y el juez instructor se ha vuelto habitual en el caso Tsunami. “Resultaba del todo incongruente acordar una serie de diligencias en el auto del 6 de noviembre y, sin esperar, a su resultado precipitar la remisión de la exposición razonada al Supremo”, carga Carballo en su escrito de este miércoles, donde insiste en acusar al magistrado de haber “prolongado artificialmente” y “dilatar” el envío de su recurso a la Sala de lo Penal de la Audiencia, que no se elevó hasta mediados de diciembre —un retraso que avaló la jueza que sustituyó a García-Castellón durante el tiempo que permaneció apartado por la recusación presentada contra él por varias defensas— y que aún se encuentra pendiente de resolución.

Hasta tal punto llega ese enfrentamiento, que el fiscal ponía el miércoles sobre la mesa otra crítica: “Al menos en apariencia, en los fundamentos de algunas de sus resoluciones, el instructor llega a confundir el fenómeno de Tsunami con los CDR [Comités de Defensa de la República, investigados en otro sumario], cuando se trata de entidades o actuaciones absolutamente diferentes”. Carballo, miembro de la conservadora Asociación de Fiscales, es el mismo fiscal que acusa de terrorismo a los 12 miembros de los CDR que crearon supuestamente una “célula radical”, llamada Equipo de Respuesta Táctica (ERT), para “conseguir la independencia, empleando para ello la violencia”. Y fue el representante del ministerio público que mantuvo la acusación de rebelión contra Josep Lluís Trapero, major de los Mossos d’Esquadra, hasta la fase final del juicio, donde resultó absuelto.

García-Castellón también lanzó contundentes mensajes al fiscal en sus últimas resoluciones. El juez le reprobó a Carballo que afirmase que sus decisiones “carecen de fundamento” y le invitó a “ilustrarse” con el “contenido de los más de 100 folios que integran la exposición de motivos” enviada al Supremo. En esa línea, tras subrayar el carácter “violento” de las protestas de Tsunami y ahondar en que pretendían presuntamente “subvertir el orden constitucional”, el magistrado le recriminó igualmente que él tuviese que estar “insistiendo” al ministerio público, “órgano que tiene por misión ‘promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad’, sobre la contundencia, cantidad y nitidez de los indicios que permiten sostener la calificación inicial por delito de terrorismo”. “Debe reflexionarse sobre este hecho singular”, dijo el instructor.