El texto final de la amnistía llega al Congreso mientras se recrudece la batalla entre los legisladores y los jueces

La ley de amnistía es la clave de bóveda de la legislatura. De la medida de gracia, que este martes debatirá y votará el pleno del Congreso antes de su remisión al Senado, donde el PP dilatará su aprobación con su mayoría absoluta, depende en gran medida el actual mandato de Pedro Sánchez en La Moncloa. Y por esa razón, la dirección del PSOE no considera casuales las últimas decisiones judiciales que afectan al expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otros políticos y activistas independentistas. Fuentes de Ferraz tildan de “inj...

La ley de amnistía es la clave de bóveda de la legislatura. De la medida de gracia, que este martes debatirá y votará el pleno del Congreso antes de su remisión al Senado, donde el PP dilatará su aprobación con su mayoría absoluta, depende en gran medida el actual mandato de Pedro Sánchez en La Moncloa. Y por esa razón, la dirección del PSOE no considera casuales las últimas decisiones judiciales que afectan al expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otros políticos y activistas independentistas. Fuentes de Ferraz tildan de “injerencias” judiciales en la acción del legislativo la prórroga por parte del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de la instrucción del llamado caso Tsunami Democràtic, tan solo unas horas después de que Joaquín Aguirre, el juez de la trama rusa del procés, prorrogase, también por seis meses, esa derivada que afecta, entre otros, a Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont. La intención última sería boicotear la norma y generar las condiciones para romper la mayoría que hizo posible hace tan solo dos meses la investidura de Sánchez. Para facilitarla, Junts y ERC pusieron como condición la amnistía, que afronta una votación crucial no solo para el Ejecutivo, sino también para el independentismo, con la vista puesta en las elecciones catalanas previstas para dentro de un año, mientras se recrudece la batalla entre el poder legislativo y el de los jueces.

Las mismas fuentes de la dirección nacional del PSOE inciden: “Las decisiones judiciales tienen un objetivo muy claro. El mero hecho de que el poder judicial actúe al albur del legislativo para intentar influir en la ley ya es horrible e inadmisible”. La actuación de García-Castellón, instructor del caso Tsunami, que en los últimos meses ha dictado una serie de resoluciones que coinciden temporalmente con momentos muy delicados de las negociaciones del PSOE con Junts y ERC para investir a Sánchez y sobre la ley de amnistía, desataron la inusual respuesta del principal partido del Gobierno. “Los tiempos de la judicatura están empíricamente alineados con los de la política y el legislativo. Sea de una forma u otra, cada vez que el legislativo mueve ficha, un juez mueve ficha”, han insistido las mismas fuentes socialistas tras conocer lo que consideran como los dos últimos movimientos del sector más conservador de la judicatura, justo la víspera del debate clave de la amnistía en el Parlamento.

El texto sobre la ley de amnistía que pactaron el PSOE, Junts y ERC durante el trámite en la Comisión de Justicia corre el riesgo de quedar bloqueado este martes en el Congreso. Fuentes de Junts per Catalunya manifiestan que, a última hora del lunes, sigue sin haber acuerdo para incorporar enmiendas que blinden a todos los casos judiciales derivados del procés, lo que abre la puerta a que Junts vote en contra del texto, en esta primera instancia, informa Marc Rovira.

La semana anterior ya dejó otros precedentes de resoluciones judiciales controvertidas cuyo autor fue de nuevo García-Castellón y que pusieron todavía más en alerta al PSOE. El magistrado dictó dos autos sobre el caso Tsunami, uno el jueves y otro el viernes, posteriores a los últimos cambios que los socialistas accedieron a aplicar a la futura ley de amnistía, como le pedían Junts y ERC. El retoque que la Comisión de Justicia del Congreso aprobó el pasado martes para blindar al máximo a activistas y dirigentes políticos independentistas antes de su debate final en el pleno de este martes (y su tramitación a continuación en el Senado, que el PP demorará el tiempo máximo permitido, dos meses, antes de que la Cámara alta rechace la ley y la envíe de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva) establece que los acusados de terrorismo quedarán exculpados “siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, no hayan causado violaciones graves de los derechos humanos, en particular las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (CEDH) y de las Libertades Fundamentales y en el derecho internacional humanitario”. En esos casos, la amnistía se aplicará incluso a los condenados en sentencia firme, una posibilidad que se excluía en el primer borrador de la ley.

Los beneficiados por las últimas enmiendas acordadas serían, además de Puigdemont y Rovira —ambos huidos de la justicia española en Bélgica y Suiza, respectivamente— 12 activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo por actos de sabotaje y disturbios callejeros. Tras conocerse el contenido de las modificaciones aprobadas en la Comisión de Justicia, García-Castellón emitió un auto en el que cuestionaba que se pudiese amnistiar a Puigdemont y los demás imputados del caso Tsunami, subrayando que las lesiones que sufrieron dos agentes de Policía en octubre de 2019 en Barcelona durante los disturbios por la sentencia del procés son “incompatibles con el derecho a la vida e integridad física, reconocidos en el artículo 15 de la Constitución y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”. El juez también apuntó en otro auto que Tsunami Democràtic “podría” haber tenido “en mente” actuar al paso de una comitiva del Rey en Barcelona en 2020, un supuesto plan que ya figuraba en un informe que la Guardia Civil le remitió en abril y al que no aludió en el auto que dictó en noviembre contra Puigdemont y Rovira en la causa que tienen abierta por presunto terrorismo.

Sesión parlamentaria de alto voltaje

En medio de todo este torbellino político y judicial, el Congreso celebrará una sesión extraordinaria para debatir y votar el dictamen de la Comisión de Justicia a la proposición de ley de amnistía, así como las enmiendas que se mantengan vivas. ERC y Junts no se rinden e insisten en no dejar fuera ninguna de las acusaciones judiciales que incluyan la imputación de terrorismo, mientras el Gobierno sostiene que no hará más cambios en la amnistía pese a la presión de sus socios independentistas, que ya lograron cambios relevantes en la futura ley la misma semana pasada, cuando el PSOE ya daba por cerrada la norma. “Ahora mismo no hay sobre la mesa ningún cambio en la posición del PSOE sobre la votación de las enmiendas respecto a lo que salió de la Comisión de Justicia la semana pasada”, afirmó la portavoz del PSOE, Esther Peña. “Estamos satisfechos y cómodos con el texto que salió de la comisión. El documento que surgió es suficientemente robusto y plenamente constitucional, impecable, y en eso estamos”, reiteró. “No cerramos la puerta hasta el último momento para poder mejorar la ley”, fue el mensaje que lanzó la portavoz de Esquerra, Raquel Sans. El líder de ERC, Oriol Junqueras, y la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, asistirán al pleno del Congreso, a un debate y una votación que, más que la amnistía, puede valer la legislatura.