Una maniobra judicial que amenaza con dejar a Puigdemont fuera de la ley de amnistía

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la judicatura, con 1.355 jueces asociados de los 5.408 miembros de la carrera, ha dedicado graves descalificaciones a la futura ley de amnistía que el PSOE negocia con Junts a cambio de sus votos para la investidura de Pedro Sánchez.

La asociación que refleja el sentir de los jueces conservadores en España aseguró, sin conocer el contenido de la futura norma, ...

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la judicatura, con 1.355 jueces asociados de los 5.408 miembros de la carrera, ha dedicado graves descalificaciones a la futura ley de amnistía que el PSOE negocia con Junts a cambio de sus votos para la investidura de Pedro Sánchez.

La asociación que refleja el sentir de los jueces conservadores en España aseguró, sin conocer el contenido de la futura norma, que la ley de amnistía sería “el principio del fin” de la democracia, al “romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de derecho”.

Uno de los jueces asociado a la APM es Manuel García-Castellón, titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, encargado de instruir algunas de las causas penales que se verán afectadas por la futura ley de amnistía, entre ellas la que afecta al Tsunami Democràtic.

Esta plataforma impulsada por dirigentes independentistas en Cataluña convocó protestas, que resultaron violentas, en autopistas y aeropuertos contra la sentencia del Supremo de octubre de 2019 en la causa del procés. Los siete magistrados del tribunal condenaron a penas de cárcel a la mayoría de la cúpula del Gobierno catalán, excepto al expresidente Carles Puigdemont, huido a Bruselas.

El 30 de octubre de 2019 se abrió una causa judicial para investigar aquellas protestas convocadas por Tsunami Democràtic y a sus organizadores.

El juez instructor, Manuel García-Castellón, tras recibir el pasado viernes un informe policial sobre hechos ocurridos cuatro años antes —ampliatorio de otro informe recibido en abril pasado que decía cosas parecidas—, decidió firmar el lunes siguiente un auto donde imputa al expresidente Carles Puigdemont por un supuesto delito de terrorismo con una posible muerte (un ciudadano francés murió tras sufrir un ataque al corazón en la terminal 2 del aeropuerto, de la que fue evacuado en helicóptero, durante las horas de la protesta de Tsunami Democràtic).

El juez tomó la decisión de imputar a una decena de independentistas y de calificar los hechos como terrorismo, sin esperar a recibir el informe que había pedido a la Fiscalía el pasado viernes para conocer su criterio sobre los pasos a seguir en la investigación.

García Castellón, según admite en su propio auto, no tiene pruebas sólidas de la existencia de terrorismo ni de la vinculación de la muerte del ciudadano francés con los hechos investigados. “En el marco de esta acción se produjo el fallecimiento de una persona, tal y como recogieron los medios de comunicación en aquel momento”, señala el juez para pedir a continuación a la unidad investigadora que la diga “si esta muerte resulta objetivamente imputable a los responsables de la organización”. Elude García Castellón escribir en su auto, por desconocimiento o por olvido, que los mismos medios de comunicación que informaron sobre la muerte de un ciudadano francés tras los altercados del aeropuerto señalaron días después que el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña desvinculó el fallecimiento de las protestas; y AENA aseguró, por su parte, que el suceso ocurrió en la terminal 2, que tenía los accesos viarios abiertos.

Tampoco parece tener claro el instructor qué papel desempeñó Puigdemont en la supuesta trama terrorista: “Podría haber participado en la organización, extremos que deberán esclarecerse en la investigación”. Ni siquiera otros aspectos sobre los hechos ocurridos hace cuatro años que configuran ahora la principal imputación por un supuesto delito terrorista: “La instrucción deberá esclarecer la relación existente entre el llamamiento a la huelga por Tsunami Democràtic y los disturbios ocasionados esa misma jornada y, en su caso, determinar si los resultados lesivos en las personas y los bienes resultan objetivamente imputables a los investigados”.

La imputación por terrorismo firmada por García-Castellón y la investigación de la muerte del ciudadano francés que ha encargado ahora cuatro años después de iniciada la causa penal coinciden con la negociación que el PSOE y Junts mantienen abierta en Bruselas sobre la futura ley de amnistía para garantizar la investidura de Pedro Sánchez, el autor intelectual del “principio del fin de la democracia”, según la Asociación Profesional de la Magistratura.

La futura proposición de ley de amnistía, según fuentes próximas a los negociadores, incluiría dentro de los delitos amnistiables vinculados al proceso soberanista los hechos investigados por García-Castellón sobre el Tsunami Democràtic. Pero señalaría una excepción a esa amnistía: cuando se trate de terrorismo con resultado de muerte o graves heridas. Justo la excepcionalidad que figura en la causa que ahora acaba de reactivar el magistrado García Castellón, sin escuchar a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, quien ha anunciado la presentación de un recurso de apelación contra las imputaciones y donde rechazará la calificación de terrorismo para los hechos investigados.

El mismo día que el juez García-Castellón impulsaba una nueva causa por terrorismo contra el expresidente Puigdemont, nueve vocales (elegidos por el PP) de los 17 que integran el Consejo General del Poder Judicial votaban a favor de una declaración cuyo borrador inicial denunciaba “la abolición del Estado de derecho en España”. Era su manera de protestar, tras llevar cinco años con el mandato caducado, contra la posible amnistía de los dirigentes independentistas catalanes condenados, procesados o imputados por el procés. Esos vocales, muchos de ellos jueces, saben que entre las funciones del CGPJ, según la ley que lo regula, no está la de informar sobre proposiciones de ley como la que están negociando PSOE y Junts. Por eso forzaron la convocatoria de un pleno para hacer algo similar a lo que les prohíbe la ley y de paso denunciar la “abolición del Estado de derecho en España”.