Los conservadores consiguen imponer en el CGPJ una declaración contra la amnistía

El bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha conseguido este lunes sacar adelante una declaración institucional contraria a la amnistía por nueve votos a favor, cinco en contra y uno en blanco, después de que el vocal W...

El bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha conseguido este lunes sacar adelante una declaración institucional contraria a la amnistía por nueve votos a favor, cinco en contra y uno en blanco, después de que el vocal Wenceslao Olea, magistrado del Tribunal Supremo, se sumara a la iniciativa que ya habían suscrito ocho consejeros de este grupo. La ausencia, además, del progresista Álvaro Cuesta, que anunció que no acudiría al pleno por considerarlo “manifiestamente ilegal”, ha permitido a los conservadores ampliar la mayoría favorable al texto de protesta a la amnistía. El presidente suplente del órgano, el conservador Vicente Guilarte, ha votado en blanco.

El pleno extraordinario celebrado este lunes en el CGPJ deja al descubierto muchos de los males que aquejan al actual órgano, cuyo mandato expiró en diciembre de 2018 y se mantiene en funciones debido a la negativa del PP a alcanzar un acuerdo con el PSOE para la renovación. En esa situación de interinidad, de los 21 miembros que la Constitución asigna al Consejo, solo quedan 16, tras dos dimisiones, dos jubilaciones y un fallecimiento. La mayoría la ostentan los 10 vocales conservadores, todos propuestos por el PP para formar parte del órgano, de los que ocho han conformado un grupo muy crítico con Pedro Sánchez que el año pasado boicoteó durante meses la renovación del Tribunal Constitucional y ahora ha impulsado una movilización contraria a la ley de amnistía antes de que se conozca el texto de la proposición de ley.

En el otro lado, el grupo progresista ha ido mermando hasta quedarse en seis vocales que, aunque nunca hayan funcionado como un bloque compacto, sí se han mantenido más o menos unidos en los momentos más relevantes. Hasta ahora. La renovación en julio de la comisión permanente, el principal órgano de decisión tras el pleno y el único cuyos miembros trabajan y cobran en exclusiva del CGPJ, ha deteriorado las relaciones en este sector, después de que Cuesta fuera relevado de esa comisión y entraran las también progresistas Roser Bach y Mar Cabrejas.

De este río revuelto han sacado este lunes provecho los ocho conservadores más duros, que han visto cómo salía adelante, con una mayoría más holgada de la que tenían inicialmente, una declaración en la que el CGPJ fija su postura oficial sobre una hipotética amnistía. Han votado a favor del texto los ocho vocales que lo suscribieron —Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona— y además Olea, que se ha sumado en las últimas horas a este sector después de conseguir que se introdujeran algunos cambios en el documento. Se han posicionado en contra los cinco progresistas que han asistido —Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda, Roser Bach, Mar Cabrejas y Enrique Lucas—. El presidente suplente ha votado en blanco y ha anunciado que redactará una explicación de voto en la que expondrá que no está de acuerdo con la ley de amnistía, pero considera conveniente esperar a la tramitación de la proposición antes de que el CGPJ se pronuncie sobre ella, según fuentes del órgano.

Las vocales Bach, Cabrejas, Martínez de Careaga y Sepúlveda han justificado su voto señalando que “con la proposición de declaración institucional se corre el grave riesgo de confundir a la ciudadanía sobre la opinión de los propios jueces y magistrados sobre el contenido de una norma que no existe y que, de aprobarse por el poder legislativo, el competente para hacerlo, se verán obligados a aplicar, o en su caso a someter a los controles constitucionales legalmente previstos”. Estas vocales añaden: “La declaración institucional propuesta, con el argumento de proteger la independencia de los tribunales, daña su imagen, ya que su independencia está suficientemente garantizada, y tan solo consigue situar a este órgano de gobierno en un campo de batalla política al que nunca debe bajar por respeto y obligada protección de la imagen de independencia e imparcialidad de aquellos a quienes gobernamos”. Por su parte, el vocal Enrique Lucas ha argumentado su voto manifestando que siempre se ha opuesto a la aprobación de declaraciones institucionales de este tipo.

La adhesión de Olea ha supuesto introducir nuevos párrafos en el texto, sobre todo una extensa explicación jurídica de la posición de estos vocales. La nueva versión sale al paso de las críticas vertidas hacia los consejeros conservadores por su decisión de pronunciarse sobre la proposición de ley antes de que se conozca el texto de la misma. “Afirmamos tanto nuestra legitimidad como la oportunidad para hacerlo ahora”, señala el acuerdo, en el que los vocales, citando un informe del órgano de junio sobre los códigos de conducta de los miembros de los Consejos de Justicia, defienden que “no puede considerarse en ningún caso ajeno a las funciones de los Consejos de Justicia, ni desde luego de este Consejo General del Poder Judicial, alzar su voz cuando la democracia, las libertades fundamentales y el Estado de derecho puedan estar en peligro”.

“Objeto de mercadeo”

El documento justifica no esperar a que se conozca el texto en la decisión del PSOE de tramitarlo como proposición de ley y no como proyecto de ley, lo que acelera los trámites y evita, entre otros pasos, que el CGPJ emita un informe (no vinculante) sobre la medida. “Resulta por ello absurdo que se nos pida esperar a hacer algo que no se podría hacer porque deliberadamente se ha escogido la vía que lo impide”, señalan los vocales conservadores. La versión aprobada, no obstante, mantiene los argumentos más duros del texto original, como la afirmación de que la amnistía “supone degradar y convertir” el Estado de derecho “en objeto de mercadeo al servicio del interés personal” del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y muestra la “intensa preocupación y desolación” del órgano por lo que la medida de gracia supone de “degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España”.

Con el voto favorable de Olea, la ausencia del vocal Cuesta no ha sido decisiva, pero sí ha ampliado la mayoría favorable al texto. El consejero, en declaraciones a EL PAÍS, defiende su postura y señala que si sus compañeros progresistas hubieran secundado su petición de no acudir al pleno, no habría habido el quorum necesario para celebrar la sesión y se hubiera abortado la declaración institucional. En un escrito enviado al presidente suplente este domingo, Cuesta consideraba este pleno extraordinario “contrario al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales” del Consejo.