Puigdemont da largas a Sánchez mientras se intensifican los movimientos contra la investidura

La política española se repite, aunque siempre con variaciones importantes. Si la jornada frenética del jueves recordó por momentos al dramático 26 de octubre de 2017 en el que Carles Puigdemont empezó el día pensando en convocar elecciones y acabó declarando la independencia, la de este viernes tenía un lejano sabor a otra muy especial, también al borde de una investidura de Pedro Sánchez. Fue el 3 de enero de 2020, a solo cuatro días de la votac...

La política española se repite, aunque siempre con variaciones importantes. Si la jornada frenética del jueves recordó por momentos al dramático 26 de octubre de 2017 en el que Carles Puigdemont empezó el día pensando en convocar elecciones y acabó declarando la independencia, la de este viernes tenía un lejano sabor a otra muy especial, también al borde de una investidura de Pedro Sánchez. Fue el 3 de enero de 2020, a solo cuatro días de la votación, cuando ya estaba casi cerrado el pacto con ERC pero aún tenía que votarlo su máximo órgano. La Junta Electoral Central se reunió de urgencia ese viernes, una fecha nada habitual, en pleno descanso navideño, y decidió inhabilitar a Quim Torra, entonces president de la Generalitat, y rechazó tramitar el acta de eurodiputado de Oriol Junqueras, entonces en prisión. Todo a cuatro días del voto. La crisis que esta decisión generó estuvo a punto de dar al traste con la investidura, pero finalmente ERC aguantó la presión, se abstuvo y Sánchez salió presidente por dos escaños.

Este viernes, poco después de que se anunciara que la ley de amnistía incluirá a los CDR y el caso Tsunami Democràtic, llegaron en el mismo día, algo difícilmente casual, dos decisiones con relación directa con la investidura, como aquella de 2020: la Audiencia Nacional dictó la apertura de juicio oral a una docena de cdr procesados por terrorismo y la Guardia Civil entregó el informe definitivo sobre el caso Tsunami, que concluye que Marta Rovira, secretaria general de ERC, huida en Suiza, fue una de las cabecillas. Y mientras se producían estas decisiones relevantes, la oposición recrudecía su ofensiva contra la amnistía para intentar reventar las negociaciones y evitar la investidura de Sánchez, con declaraciones cada vez más duras, y se convocaba por redes sociales una manifestación a las puertas de la sede del PSOE en la calle Ferraz, en Madrid.

En este contexto de máxima dificultad, en el que, pese a todo, el Gobierno sigue confiando en sacar adelante la investidura, Carles Puigdemont dio largas de nuevo a los socialistas durante toda la jornada y mantuvo de momento su rechazo a cerrar el pacto que estaba previsto concluir el jueves para registrar ese mismo día la ley en el Congreso. Aun así, los mensajes tanto del PSOE como de los independentistas no hacen pensar en una ruptura, sino en un retraso, de momento sin fecha fija. Junts insiste en que no tiene prisa y son los socialistas los que están más apurados porque quieren la investidura la próxima semana. Su secretario general, Jordi Turull, envió un mensaje a su dirección en el que, con gran dramatismo, les anunciaba que “vienen horas y días de mucha presión” para el partido y apuntaba con claridad el que parece ser el último gran escollo: meter en la amnistía a personas cercanas al partido o a Puigdemont que podrían quedar fuera porque sus causas están declaradas secreta, como el caso Voloh, donde está implicado Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, y en el que se investiga su posible relación con el Kremlin. “No haremos una amnistía vip, no dejaremos ningún soldado tirado”, dijo Turull.

La amnistía es muy amplia, según diversas fuentes de la negociación, y afecta a centenares de personas, pero en principio está estrictamente limitada a acontecimientos relacionados con el procés durante una década. Además, Junts quiere garantías absolutas de que los jueces no podrán buscar fórmulas para no aplicarla. Está previsto en la norma establecer límites temporales, pero algunos juristas consultados señalan que hay que tener cuidado con los márgenes que se establezcan a los jueces en su aplicación, porque podría afectar al artículo 24 de la Constitución, que señala que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”.

En Bruselas, epicentro de los debates de Junts, se vivió otra jornada de misterio y confusión, en la que ni siquiera estaba claro si había reuniones o no entre Santos Cerdán, el negociador de Sánchez, que lleva en la capital belga desde el miércoles para intentar cerrar el pacto, y Puigdemont y su equipo de confianza. Cerdán regresó a Madrid en la noche de este viernes y fuentes de las negociaciones aseguran que las conversaciones seguirán telemáticamente y que se ve “posibilidad de acuerdo”, aunque este no parece inmediato debido a la “complejidad” jurídica de las negociaciones. “Las conversaciones siguen, eso no se ha parado ni se ha roto ni ha habido ninguna pausa en ningún momento”. Parece probable que la negociación se estire hasta el lunes o martes, los últimos días para convocar el debate de investidura la próxima semana. “No nos ponemos plazo, tampoco presión, porque no hay otra investidura posible, no hay nadie pidiendo paso, así que es la única investidura posible”, señalaron en Bruselas estas fuentes.

En Cataluña quedó en evidencia una vez más la inmensa distancia que separa a los dos grandes rivales del independentismo político. Mientras la militancia de los republicanos validaba en su consulta interna al acuerdo, con un 89% de votos a favor, y cerraba filas con la senda marcada por su presidente, Oriol Junqueras, en Junts reina cierta confusión tras el giro de guion que enfría la inminencia del sí a Pedro Sánchez.

Los republicanos se prodigaron durante todo el día en diferentes sitios para explicar el contenido del acuerdo que el jueves firmaron en Barcelona el propio Junqueras y el ministro en funciones de la Presidencia, Félix Bolaños. Y pese a que una lectura más cercana de la letra pequeña deja entrever la complejidad de que medidas como el traspaso de las Cercanías catalanas (Rodalies) se haga rápidamente, la sensación general era que se había cumplido con el objetivo de mostrarse como una formación política seria y que cumple su palabra.

El resultado de la consulta interna en ERC es todo un espaldarazo a la estrategia del partido que, ante la irrupción de Junts como socio necesario para la investidura, decidió poner el foco en arrancar al PSOE mejoras sectoriales, dando por hecho que la amnistía estaba ya hecha. El resultado de la votación es muy similar al que obtuvo, en noviembre de 2022, el tándem de Oriol Junqueras y Marta Rovira en la elección de la cúpula del partido. El 50% de los afiliados con derecho al voto participó en la votación, donde los líderes recibieron un 87% de síes.

Fuentes de Junts creen que durante el fin de semana no habrá muchos movimientos, pero nadie da ni mucho menos por muertas las negociaciones, por lo que el acuerdo sigue siendo la opción más probable. Desde las filas del partido ironizan con que ya tienen mucha experiencia en encuentros telemáticos (en referencia a que Puigdemont no puede pisar terreno español, pues sería detenido) y, por tanto, una nueva reunión se podría celebrar rápidamente cuando haya acuerdo, aunque ahora la investidura ya no sea cuando el PSOE lo preveía. El gran riesgo es que el paso del tiempo, lejos de acercar el pacto, lo aleje por la presión que está aumentando entre todos los sectores, no solo en la oposición, sino también en los independentistas más duros, que quieren tumbar la investidura, aunque sea por motivos opuestos.