Seis golpes de las cloacas de Interior a independentistas, bajo la lupa judicial

Veteranos comisarios de policía a las órdenes del Gobierno del PP comenzaron el 12 de septiembre de 2012 a elaborar informes anónimos salpicados de pruebas falsas para desacreditar con gruesas acusaciones de corrupción a los principales políticos independentistas, a varios editores de periódicos, a jueces y a fiscales de Cataluña. Era la primera de las seis operaciones ahora conocidas que ejecutaron esos policías contra independentistas catalanes entre 2012 y 2018, durante los gobiernos del PP. De todas esas acciones ilegales existen pruebas a través de las grabaciones que hizo el comisario ...

Veteranos comisarios de policía a las órdenes del Gobierno del PP comenzaron el 12 de septiembre de 2012 a elaborar informes anónimos salpicados de pruebas falsas para desacreditar con gruesas acusaciones de corrupción a los principales políticos independentistas, a varios editores de periódicos, a jueces y a fiscales de Cataluña. Era la primera de las seis operaciones ahora conocidas que ejecutaron esos policías contra independentistas catalanes entre 2012 y 2018, durante los gobiernos del PP. De todas esas acciones ilegales existen pruebas a través de las grabaciones que hizo el comisario José Manuel Villarejo y de sus agendas personales.

Esta guerra sucia será investigada ahora en la Audiencia Nacional —el instructor del caso Villarejo abrió una pieza separada—, en el Tribunal Supremo —donde se presentó una querella por estos hechos contra exdirigentes del PP y de Interior—, la Fiscalía Anticorrupción y el Congreso —que aprobó el jueves la creación de una comisión parlamentaria sobre esa policía política—.

Las maniobras ilegales contra dirigentes nacionalistas catalanes comenzaron sólo un día después de la multitudinaria Diada independentista del 11 de septiembre de 2012. La Generalitat de Cataluña se apoyó en aquella movilización para justificar su aventura secesionista, incumpliendo para ello la Constitución, las leyes y las sentencias.

Desde el 12 de septiembre de 2012 hasta la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) utilizó a su brazo armado policial de Interior para ejecutar media docena de operaciones secretas contra los independentistas, todas ellas perpetradas a espaldas de los jueces.

La estrategia política del Ejecutivo de Mariano Rajoy hasta casi el final del desafío secesionista consistió en apoyarse en los tribunales para frenar el intento de ruptura sin tomar otras medidas más drásticas. El primer referéndum ilegal o consulta participativa de 2014, recurrido por el Gobierno y prohibido por los tribunales, se celebró sin apenas resistencia del Ejecutivo central. “A Rajoy le engañaron dirigentes republicanos”, señala ahora un ministro de aquel Gabinete, “al decirle que el referéndum no se iba a celebrar”.

Pero frente a esa acción política, hubo una iniciativa policial mucho más dura contra “los hijos de puta de los catalanes”, según la expresión que el comisario José Manuel Villarejo compartió con el número dos de Interior mientras planeaban nuevos golpes a los independentistas.

Un grupo de comisarios atacó a los principales líderes nacionalistas catalanes difundiendo informes anónimos cargados de falsedades en determinados medios de comunicación. Además, impulsaron denuncias prefabricadas, muchas de las cuales fueron archivadas, pero al menos una reunió indicios sólidos para el procesamiento de Jordi Pujol y su familia por corrupción.

La familia del empresario catalán Carles Sumarroca, y Narciso Ortega, exjefe policial en Cataluña que fue destituido nada más llegar el PP al poder en enero de 2012, han denunciado ahora ante el Supremo y la Fiscalía Anticorrupción aquellas maniobras ilegales. En sus escritos señalan como responsables al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; a su número dos, Francisco Martínez; a la exlíder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, hoy diputada en la Asamblea de Madrid y senadora; a la ex secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y a Villarejo.

Las evidencias existentes, a través de los audios de la corrupción publicados en EL PAÍS y otras pruebas del sumario, destapan hasta seis operaciones policiales contra el desafío independentista. Son estas:

1. El informe apócrifo contra independentistas. El 12 de noviembre de 2012, a escasos días de las elecciones anticipadas que convocó el Gobierno de Artur Mas para promover su desafío independentista ilegal, el comisario Villarejo se reunió con el financiero Javier de la Rosa para sonsacarle información con la que prefabricar una causa contra los independentistas catalanes. “Hay un gran interés en el partido”, le cuenta Villarejo a De la Rosa. “Porque esta gente ha roto las reglas del juego unilateralmente, gratuitamente, y a pesar de tener unos acuerdos que están para cumplirse, no para romperse. Todo el mundo está muy enfadado (…) y se está dispuesto a radicalizar posturas en función de la radicalización de posturas del otro lado”.

Sólo tres días después de su cita con De la Rosa, el comisario se reúne con el jefe de gabinete del ministro del Interior, Francisco Martínez, para contarle los planes contra el independentismo basados en la información que le ha dado De la Rosa. Martínez le da el visto bueno y ambos traman una emboscada a los Pujol en Suiza después de que El Mundo publique un informe policial donde se acusa al expresidente catalán de ocultar una fortuna en el banco Lombard Odier.

Martínez. ¿Y el extracto donde lo vas a poner, en El Mundo?

Villarejo. Sí, sí. Es que es el sitio. El extracto, junto a uno de los informes duros, va a ir en El Mundo, porque ellos a partir de ahí van a radicalizar posturas y van a ser más drásticos.

Martínez. Ajá.

El Mundo publicó tres días después de aquella conversación que grabó Villarejo el “informe duro” —”Los Pujol tienen 137 millones en Ginebra, según la policía”, titulaba en portada—. Un informe policial sin firma, ni fecha, ni autor conocido pero con el membrete de la UDEF, la unidad policial antifraude que desmintió que hubiera redactado ese documento. Todo resultó falso. Ni una sola prueba y mucho menos un extracto bancario.

Pese a ello, el Gobierno del PP utilizó las informaciones publicadas para atacar a los independentistas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pidió al presidente catalán, Artur Mas, que diera explicaciones sobre la supuesta fortuna en Suiza. El presidente Mariano Rajoy negó que detrás de aquellos informes policiales estuvieran las cloacas del Estado. Sin embargo, en aquellas fechas, el ministro del Interior y su número dos estaban al tanto de los movimientos de sus comisarios en la Operación Cataluña, según demuestran los audios de la corrupción que publicó EL PAÍS y el digital Fuentes Informadas.

CiU, el partido cuyos dirigentes habían sido acusados de corrupción, sufrió un revés electoral: pasó de 62 escaños (a seis de la mayoría absoluta) a sólo 50 (a 18 de la mayoría absoluta). El grupo de partidos independentistas sumó una mayoría absoluta holgada y todos los planteamientos de CiU sobre la ruptura con España se endurecieron.

2. Cinco informes policiales anónimos con denuncias falsas llegan a EL PAÍS. Villarejo y la policía política al servicio del PP pusieron en circulación otros cinco informes anónimos sin sello ni firma titulados “Sumario Palau. Análisis de situación”, fechados entre el 12 de septiembre y el 31 de octubre de 2012. EL PAÍS analizó aquellos documentos e informó sobre ellos en un artículo titulado “Conjura policial contra el soberanismo”, donde se destacaba la falsedad de muchos de los datos de los informes y se denunciaba una ilegal operación policial.

3. Denuncias prefabricadas por la policía contra Mas y Pujol. Tras el escándalo que desencadenó la difusión de un informe policial sobre los independentistas catalanes sin fecha ni autor conocido y no asumido por ningún departamento de Interior, Villarejo amenazó a sus superiores con contar quién estaba detrás de aquellas maniobras si no le autorizaban a llevar a los juzgados dos denuncias prefabricadas contra los Pujol y Mas. Para ello se reunió a finales de noviembre de 2012 con Francisco Martínez, entonces jefe de gabinete del ministro del Interior:

Villarejo. He quedado esta noche con un notario amigo mío, y esta mañana he depositado pruebas para el acta notarial, por si me detienen en alguna circunstancia o me pasa algo; está depositado.

Martínez. ¿Qué tipo de pruebas?

Villarejo. Pues que demuestran que todos estabais en esta movida.

La “movida” eran las maniobras policiales contra el independentismo que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dirigió sólo unos días después. El 16 de diciembre de 2012, viernes, se reunió con el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y con Villarejo, para planificar la presentación de denuncias contra el independentismo por parte de confidentes —Javier de la Rosa y Victoria Álvarez, la examante de un hijo de Jordi Pujol— a los que tenían controlados. El ministro ordenó a los comisarios que no se metieran con el editor de La Vanguardia, les comentó lo importante que era la unidad de España, y les preguntó por el juez que iba a tramitar las denuncias. Villarejo le contestó que sería Pablo Ruz y el ministro contestó: “Pues no es el mejor, ¿no?”. Ruz era el juez que instruía el caso Gürtel, una extensa trama de corrupción vinculada al PP.

En esa conversación, el ministro advirtió a sus interlocutores:

Fernández Díaz. Está claro que el ministro no sabe nada.

Villarejo. Yo no he hablado nada nunca…

Fernández Díaz. El ministro no sabe nada, ¿eh? Está claro, ¿verdad? Y digo esto porque sé que estoy hablando con servidores del Estado ¿eh? Está claro, ¿verdad? Por tanto, yo negaré incluso bajo tortura que esta reunión ha existido.

El exministro del Interior negó durante años que hubiera despachado alguna vez con Villarejo. Incluso lo hizo cuando EL PAÍS se puso en contacto con él a través de su abogado y pese a conocer que existía una grabación, insistió en negarlo.

Pino y Villarejo acordaron con el ministro aquel 16 de diciembre de 2012 presentar varias denuncias en la Audiencia Nacional y en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, contra el expresidente Jordi Pujol y Artur Mas.

4. Filtración contra jueces favorables a la consulta. La policía política se metió en un lío cuando sacó de sus bases de datos las fotografías del DNI de 22 jueces favorables a la consulta en Cataluña y se las facilitó al diario La Razón. La apertura de una causa judicial por este motivo preocupó a la cúpula policial, que en una de sus reuniones sobre las operaciones contra el independentismo trató el tema (archivado dos años después sin que el juez encontrase al autor de la filtración).

Eugenio Pino. Si usted quiere saber quién lo ha filtrado, pregúnteselo al periódico [que lo ha publicado].

Villarejo. Sí, sí, sí.

Pino. Si he sido yo, pues ya dirá que he sido yo.

Pedro Esteban (comisario de Cataluña). Pero es importante si se pudieran borrar los registros.

Pino. Están intentándolo.

Pedro Esteban. Mejor.

Pino. De todas maneras, a ti, si te preguntan, no digas que…

Pedro Esteban. ¿A mí qué me van a venir a preguntar?

Pino. Tú estás protegido por la ley de secretos oficiales, no tienes ninguna obligación de explicar esa información. Le nombras la normativa y ya está. Yo, todo lo que tal…

En esa reunión, la policía política seguía maquinando planes contra el independentismo.

Pedro Esteban. El consejo de transición catalán y toda esa historia… Es que no paran. Hemos hecho un recopilatorio de todas las denuncias y todas las actuaciones corruptas de CiU desde que estaba Pujol en el Gobierno. Ahí está un resumen de todo (...) De eso sí que se puede hacer…

Pino. Eso sí se puede filtrar.

Pedro Esteban. Eso se refríe, se cocina y ya está.

Marcelino Martín Blas (Comisario jefe de Asuntos Internos). Pero, mira, a Convergència ya le estamos dando caña. Ahora tenemos que darle caña a…

Pedro Esteban. A Esquerra. Pero ese es otro tema. Yo te digo lo que hay. Esquerra lo que va a hacer es forzar al límite todo.

5. La fortuna oculta de Pujol en Andorra y las cuentas de otros 4.000 catalanes. En las conversaciones mantenidas en el despacho de Eugenio Pino, número uno de la Policía, se decidió la estrategia para destapar la fortuna oculta del expresidente Jordi Pujol en Andorra.

Las maniobras policiales de extorsión a los propietarios del banco andorrano BPA dieron sus frutos. Los dueños entregaron un documento que acreditaba el fraude fiscal de los Pujol. El Gobierno del PP filtró un pantallazo de las cuentas a El Mundo antes de facilitárselo al juez. Una estrategia muy ensalzada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. El banco BPA y su filial española Banco Madrid fueron intervenidos. Pero mucho después inspectores del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España negaron que el BPA tuviera una estructura para blanquear capitales.

Siete años después de la caída del Banco Madrid, filial del BPA, todos sus gestores fueron exculpados de blanqueo de capitales, la acusación por la que se intervino y liquidó la entidad. Lo pagaron los 15.000 clientes, los 300 empleados, que perdieron sus trabajos, y los administradores. Una juez andorrana imputó al expresidente Mariano Rajoy y a los exministros del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Hacienda, Cristóbal Montoro, por estos hechos.

Apenas dos meses antes de la detención de Villarejo, en septiembre de 2017, el comisario habló con Dolores de Cospedal sobre distintas estrategias para combatir el independentismo catalán, entre ellas, la difusión de 4.000 cuentas en Andorra propiedad de catalanes. El comisario se quejó a Cospedal de que el director del CNI había parado esa operación para proteger la fortuna oculta de Juan Carlos I.

La maniobra salpicaba al monarca, dado que de ese modo aparecerían traspasos de dinero a cuentas suizas gestionadas por Arturo Fasana, un gestor de grandes fortunas españolas en el país helvético que también se ocupaba de la fortuna del rey emérito.

6. La cuenta falsa de Trías en Suiza. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, recibió al jefe antifraude catalán en su despacho en el otoño de 2014, para hablar de las corruptelas de los dirigentes independentistas catalanes. Fernández Díaz, que ordenó grabar aquella cita, conocía que sus policías tenían una información, supuestamente bien documentada, de una cuenta suiza del exalcalde de Barcelona, Xavier Trías.

La policía política hizo con esa información lo mismo que unos meses antes con la cuenta de Jordi Pujol en Andorra. Filtró la noticia a El Mundo, aunque en este caso resultó falsa. Villarejo contó los detalles de ese fiasco en una comida con el comisario José Luis Olivera y el periodista Antonio García Ferreras:

Olivera. Eso es mentira también.

Villarejo. Y también se lo dijimos.

Ferreras. ¿Y por qué se la cuelan?

Villarejo. Se la cuelan a él porque se lo comió y porque… yo se lo dije, se lo advertí, se lo dije a Eduardo [Inda], le dije Eduardo, eso es mentira. Esa cuenta es chunga, porque…

Ferreras. ¿Por qué tira para adelante? Le dije, le dije, Eduardo, yo te voy a preguntar, pero te voy a decir que me resulta muy raro también.

Villarejo. Yo le advertí… ¿y sabes lo que provocó eso? Que se fuera cabreado al DAO [director adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino] y la cagó más. Porque el DAO se puso nervioso, se acojonó y le enseñó el número. Y él publica el número, y ahí es donde la caga (…).

El comisario Villarejo acaba sugiriendo en la conversación que en realidad el propio informador de la policía fue quien engañó a sus jefes: “Es que hay un pavo de nuestro gremio que cobra cada vez que trae una información. Y cuando tiene el mes jodido…”.

Trías se querelló contra los que habían destrozado su imagen, incluyendo el exministro del Interior. El caso se archivó.