Dos magistrados progresistas y uno conservador decidirán si el aval de la Generalitat es legal

La Sala de Justicia que tomará la decisión definitiva sobre el aval de la Generalitat a los 34 exaltos cargos y funcionarios a los que el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros estará compuesta por dos magistrados progresistas y uno conservador. En primera instancia, es la delegada instructora del expediente, Esperanza García, la que tiene que admitir o no las fórmulas que le propongan las defensas para aseguramiento de dicha cantidad. Pero su deci...

La Sala de Justicia que tomará la decisión definitiva sobre el aval de la Generalitat a los 34 exaltos cargos y funcionarios a los que el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros estará compuesta por dos magistrados progresistas y uno conservador. En primera instancia, es la delegada instructora del expediente, Esperanza García, la que tiene que admitir o no las fórmulas que le propongan las defensas para aseguramiento de dicha cantidad. Pero su decisión es recurrible ante la Sala de Justicia del tribunal, compuesta por su presidente, José Manuel Suárez Robledano –nombrado a propuesta del PP-, María Antonia Lozano –designada por iniciativa de IU- y Felipe García Ortíz, propuesto por el PSOE.

Es muy probable que la delegada instructora no tome decisión alguna hasta finales de julio, ya que el plazo que tienen los investigados para afianzar la mencionada suma termina el próximo día 21, y lo más habitual en estos procesos es que se agote el plazo. Una vez hecha la propuesta sobre la fórmula de aseguramiento de la cantidad reclamada, la instructora del expediente no tiene un límite de tiempo concreto para decidir sobre la admisibilidad o no del aval que desea presentar la Generalitat. Por pronto que lo resuelva, el Tribunal de Cuentas estará en puertas de un período inhábil, el del mes de agosto, según sus normas de funcionamiento. Por tanto, la resolución de cualquier recurso que pueda presentarse –y lo habrá con toda seguridad- no se llevaría a cabo hasta septiembre próximo.

Felipe García Ortiz, uno de los integrantes de la Sala de Justicia que debería resolver sobre este asunto ya formuló una abierta crítica a los resultados de la investigación preliminar relativa a los gastos de la Generalitat en acción exterior. García Ortiz se quejó por escrito de la amplitud del informe elaborado a este respecto y de que las reiteraciones en la exposición lleven a que “no se pueda inferir de forma concreta ni el número ni la cuantía de las deficiencias e irregularidades que se denuncian y que, por tanto, se pueda estar ofreciendo una visión aumentada, no objetiva y ponderada de las mismas”.

Al margen de la postura que adopte la Fiscalía sobre el aval, si este mecanismo es aceptado, la impugnación procederá de Societat Civil Catalana y de Abogados Catalanes por la Constitución, que participan en el proceso como acción popular. Y si la propuesta por la Generalitat fuera rechazada, serían los implicados que hubieran aceptado acogerse a la mencionada fórmula de afianzamiento los que presentarían recurso, para que les dejaran pagar por esta vía. Por un camino u otro, en definitiva, la impugnación sobre el aval llegará a la Sala de Justicia, que resolverá definitivamente sobre el asunto.

El caso se simplificaría mucho, por tanto, si antes del próximo mes de septiembre la Generalitat puede haber despejado las dudas que existen sobre la legalidad del aval que pretende utilizar. Ello evitaría el recurso del Gobierno, que de presentarse supondrá muy probablemente la suspensión del decreto ley del Govern hasta que el Constitucional decida sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre si la iniciativa incurre o no en motivos de inconstitucionalidad.

En medios del propio Tribunal de Cuentas se admite que la existencia de un acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat para eliminar de la iniciativa todo rastro de ilegalidad –derivada del uso indebido de fondos públicos para el aval– aliviaría mucho el peso y las consecuencias que este procedimiento pueda suponer para los magistrados. En el tribunal ha llamado la atención, en este sentido, que el líder del PP, Pablo Casado, haya advertido de la posibilidad de pedir la inhabilitación de los funcionarios que contribuyan a dar viabilidad a la propuesta de la Generalitat, por considerarla manifiestamente contraria a la ley, al suponer un uso indebido de fondos públicos para defender a personas a las que se acusa de haber desviado dinero asimismo público con un fin ilícito, como buscar apoyo internacional al procés.