Más inversión por alumno, tasas ‘verdes’ y la economía sumergida reducida a la mitad: los objetivos para la España de 2050

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este jueves el proyecto estratégico España 2050, para el desarrollo del país en los próximos 30 años. 675 páginas de un documento elaborado por más de 100 expertos de distintas disciplinas e ideologías, que ahora queda abierto a que participen y aporten sus enmiendas todos los partidos, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los sindicatos, empresarios, las ONG o las universidades. “Dialoguemos para decidir qué país que...

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este jueves el proyecto estratégico España 2050, para el desarrollo del país en los próximos 30 años. 675 páginas de un documento elaborado por más de 100 expertos de distintas disciplinas e ideologías, que ahora queda abierto a que participen y aporten sus enmiendas todos los partidos, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los sindicatos, empresarios, las ONG o las universidades. “Dialoguemos para decidir qué país queremos ser en 30 años”, ha pedido el presidente. El Ejecutivo ha señalado que este informe aborda los efectos económicos y sociales de la pandemia, el cambio climático, la digitalización, el envejecimiento o la cohesión social. Estos son algunos puntos destacados del proyecto en materia de Educación, Medio Ambiente, Sanidad, Servicios Sociales, Pensiones, Fiscalidad y Empleo.

Educación: más gasto ‘per capita’ y lucha contra el abandono escolar

Aumento en gasto por alumno. El educativo es el mayor desafío hasta 2050, ha dicho este jueves Pedro Sánchez. La pérdida de 800.000 estudiantes de entre 3 y 15 años por el cambio demográfico permitirá subir el gasto por alumno, de los 4.880 euros actuales a unos 9.640 (el nivel actual de Dinamarca) en 2050 sin “apenas incrementar el gasto público”. Esa mejora deriva de la “fuerte contracción” de la población estudiantil, que obligará a cerrar colegios, sobre todo en las zonas rurales, y a reducir el tamaño de muchos centros.

Mejora en PISA. El documento aspira a que España aumente en 20 puntos los resultados en el informe PISA —elaborado por la OCDE cada tres años para medir las competencias de los alumnos de 15 años de diferentes países en matemáticas, ciencias y lectura— para alcanzar la media europea, que está en 500 puntos.

Más titulados superiores y menos abandono. El plan persigue incrementar en 23 puntos porcentuales la población que obtiene un título superior a la ESO. España sigue siendo el país europeo con la mayor tasa de abandono escolar temprano ―abandono de los estudios cuando se obtiene el certificado de ESO, o antes―, con una tasa del 17% frente al 10% de media europea. El objetivo es reducirla al 3%.

Medio ambiente: mínimas emisiones de gases de efecto invernadero, menos viajes en avión y fiscalidad verde

Descarbonización. Los expertos que han elaborado el apartado sobre cambio climático y descarbonización asumen en su informe los grandes objetivos que ya ha puesto sobre la mesa el Gobierno. Así ocurre, por ejemplo, cuando apuntan a que en 2050 se tendrán que haber reducido un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero del país y que el 10% restante tendrá que ser compensado con sumideros (por ejemplo, bosques). Es el mismo objetivo de la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo que aprobó a finales de 2020 el Consejo de Ministros. Los expertos también dan por bueno el objetivo de reducir un 23% las emisiones en 2030 que figura en la recién aprobada ley de cambio climático.

Cambios en consumo. El informe señala la necesidad de un cambio en los estilos de vida que pasará por una disminución de la ingesta de las proteínas animales o una reducción en la generación de desechos y en la compra de ropa y de móviles. “Esta reducción de ciertos consumos no provocará un empeoramiento de las condiciones de vida ni del bienestar de la ciudadanía”, sostiene el documento.

Fiscalidad verde. En este punto aparecen las propuestas más novedosas, que van claramente más allá de lo que ha planteado hasta ahora el Gobierno en la fiscalidad. Se sostiene que será necesario “adaptar la fiscalidad a la nueva realidad del transporte para corregir sus externalidades negativas”, en referencia a las emisiones contaminantes de efecto invernadero que expulsan los motores de combustión. Se aboga por equiparar los tipos impositivos de gasolina y diésel. Y se pide que España acabe con un retraso histórico en fiscalidad verde (el país recauda mucho menos que la media de los países europeos). Por eso se propone que España alcance la media europea en 2030. Esto supondría pasar del 1,8% sobre el PIB al 2,6% a finales de esta década. Para 2050 esta recaudación verde debería llegar al 5%. El objetivo es “asegurar que se completa la descarbonización y se impulsa de forma decidida la economía circular y la protección medioambiental” por medio de las figuras impositivas.

Medidas compensatorias. Paralelamente, se pone sobre la mesa el establecimiento de una “renta climática” para “devolver a la población parte de la recaudación procedente de los impuestos verdes”. Para la aviación también se recomienda incluir una “tasa de viajero frecuente o el establecimiento de impuestos sobre los billetes de avión según la cercanía del destino. Ello ayudará a limitar sus externalidades negativas y a aproximar su tratamiento fiscal al de otros medios de transporte”.

Fin a los vuelos cuya distancia se cubra en 2,5 horas en tren. El plan recomienda la prohibición de aquellos trayectos en avión que puedan completarse en menos de 2,5 horas en tren. Hasta ahora, el Gobierno ha rechazado incluir esta medida en las leyes que ha tramitado, como la de cambio climático.

Sanidad: un sistema mejor financiado y más eficiente

Aumento del gasto sanitario. El plan considera incrementar en la próxima década el gasto sanitario del 5,7% del PIB actual hasta el 7% para dar respuesta al envejecimiento de la población y a las mejoras que necesita el sistema. El objetivo es “apuntalar la solvencia del Sistema Nacional de Salud”, lo que pasa tanto por dotarle de más recursos como por dejar de hacer intervenciones médicas más o menos costosas, pero cuya “efectividad, seguridad y eficacia no ha sido probada”.

Una agencia de evaluación de políticas de salud. Con el objetivo de asegurar un uso más eficiente de los recursos, el plan propone la creación de este organismo, de carácter autónomo e independiente, cuya finalidad sea evaluar para potenciar, ampliar, reducir e incluso eliminar las intervenciones en materia sanitaria cuyos costes superen los beneficios en términos de salud.

Avanzar hacia el buen gobierno. El sistema, según el informe, requiere “cambios institucionales profundos” para mejorar su gestión. Para ello es necesario “incrementar la transparencia”, “mejorar los mecanismos de rendición de cuentas” y “favorecer la participación y el compromiso de la ciudadanía y el sector profesional en la toma de decisiones”.

Un sistema adaptado a la cronicidad. Los españoles son la tercera población más longeva del mundo, con 83 años y solo por detrás de Suiza y Japón. Pero las previsiones es que aún lo será más —más de tres años adicionales— en 2050. Esto obliga a cambiar el “modelo organizativo sanitario actual, muy orientado al tratamiento de eventos agudos, a un modelo más centrado en la cronicidad”. El sistema sanitario deberá también mejorar su “coordinación” con los servicios asistenciales de personas mayores y dependientes.

Servicios Sociales: atención a cuidados y dependencia para una población envejecida

Cuidados de larga duración. Se duplicarán las ayudas a la dependencia para mayores. Dentro de tres décadas, una de cada tres personas tendrá 65 años o más. El aumento de la esperanza de vida implica grandes retos para la sociedad. Por cada persona en esta franja de edad habrá solo 1,7 personas en edad de trabajar (hoy son 3,4). En el documento se reconoce que ni las posibles mejoras en la tasa de fecundidad, que se prevé que se eleven de 1,2 hijos por mujer actuales a 1,4 (aún por debajo de los 1,9 hijos que se desean actualmente), ni los 191.000 inmigrantes que se estima que lleguen al año de aquí a 2050 (ligeramente superior al promedio observado de 1990 a 2019) podrán revertir completamente este escenario.

Dependencia. Las necesidades de cuidados aumentarán. El número de mayores que se beneficien de una ayuda a la dependencia podría duplicarse, al pasar de los 806.963 actuales a más de 1,6 millones en 2050. España, un país en el que la mayoría de los cuidados (57%) se dan en un entorno informal (familiar), frente al 14% de Países Bajos o el 24% de Francia, y donde los cuidados formales son minoritarios y están precarizados, se enfrenta al reto del aumento de la demanda de atención.

Inversión. Una de las principales asignaturas pendientes es la mejora de la financiación del sistema de cuidados. Actualmente es del 0,8% del PIB, por debajo de la mayoría de los países más desarrollados de Europa. El documento propone elevarla a cotas próximas al 2,5% en 2050.

Listas de espera en dependencia. Se propone establecer plazos máximos explícitos para la evaluación y prestación de los servicios y dar a la población más información para que pueda elegir quién le presta el servicio, en función de la calidad asistencial, la oferta o el precio y se fija el objetivo de que la lista de espera de la dependencia sea del 0% en 2030 y en 2050, frente al 17% actual.

Cuidar a los cuidadores. Se propone dedicar un porcentaje de los recursos del sistema a la formación y el impulso de los servicios de “respiro y apoyo a las personas cuidadoras” y la creación de programas de apoyo psicológico. También, que se revise la normativa laboral para proteger a los cuidadores, bien trabajen en el hogar bien en una institución. También se prevén campañas de sensibilización sobre la importancia de los cuidados, para que se prestigie su desempeño, y el fomento de la corresponsabilidad en el cuidado a mayores, a través de mayor presencia de hombres en este ámbito.

Cambio en los cuidados. Se prevé impulsar cambios en las formas de cuidados para favorecer que el ciudadano elija dónde ser cuidado (en su casa, en una residencia o en una fórmula mixta) y promover un enfoque centrado en la persona, tanto en los domicilios como en las residencias. Se fomentará la inclusión de nuevas tecnologías en el hogar para personas dependientes y el impulso de nuevas formas de vivienda (tuteladas, viviendas colectivas autogestionadas), así como la reinvención de la atención residencial a modelos más pequeños y modulares, más parecidos a un hogar. Se potenciarán experiencias piloto para experimentar y validar nuevos modelos de cuidados de larga duración.

Profesionalización. Se propone avanzar hacia una mayor profesionalización y calidad, desarrollando una estrategia nacional de formación de los profesionales del sector, incrementando el peso de los servicios (como centros de día, ayuda a domicilio o residencias), y destinando un porcentaje mínimo de las prestaciones a promoción de la autonomía personal.

Pensiones: aumentar la edad de jubilación y combinarla con el trabajo

Medidas generales para las pensiones. El informe plantea aumentar la edad de jubilación conforme sube la esperanza de vida; combinar la jubilación con el trabajo; planes complementarios; repensar las pensiones de viudedad; anticipar mayores recursos; endurecer el sistema para calcular la pensión, y explicitar las consecuencias de las decisiones para la equidad intergeneracional respetando la igualdad entre todas las generaciones.

Atención al aumento del gasto. Dentro de tres décadas, por cada persona mayor de 64 años habrá 1,7 en edad de trabajar, muy por debajo de las 3,4 actuales. Y eso implica que el gasto en pensiones puede subir hasta en cinco puntos de PIB, unos 60.000 millones a fecha de hoy. Aunque el documento matiza que “el aumento podría ser menor en función del impacto de las medidas que se están discutiendo en la actualidad”. Aun así, ni siquiera un incremento de la natalidad o de la inmigración conseguirían revertir por completo esta tendencia, sostiene el papel. Además, señala que no son descartables los escenarios de crecimiento y aumentos del empleo más moderados en los que se ampliaría todavía más la brecha entre el gasto en pensiones y los ingresos por cotizaciones. “El sistema de pensiones habrá de superar el triple desafío de fortalecer la sostenibilidad financiera, proporcionar ingresos adecuados en la jubilación, y garantizar la equidad intergeneracional. Para ello, habrá que definir y anticipar los mayores recursos requeridos para ajustar los ingresos o redistribuir partidas de gasto, y explicitar las implicaciones sobre la equidad intergeneracional de las decisiones adoptadas. Se tome la vía que se tome, esta tendrá que respetar el principio de igualdad de todas las generaciones”, concluye.

Posible ahorro de hasta cuatro puntos del PIB. Una mayor migración, una reducción del número de pensionistas sobre trabajadores porque se adapta la vida laboral al aumento de la esperanza de vida y una mayor proporción de gente trabajando podría suponer hasta cuatro puntos de PIB de ahorro, señala. No obstante, para llegar a esa cifra se necesitan unos incrementos del empleo que son incompatibles con el crecimiento del PIB que prevé el plan, del 1,5% anual.

Cambiar el cálculo de la pensión y elevar la productividad. El informe también habla de reducir la relación entre la pensión y los salarios medios: con “cambios legales sobre el cálculo de las pensiones y un mayor crecimiento de los salarios asociado a un mayor incremento de la productividad”, se podría reducir el gasto en pensiones sobre el PIB hasta en dos puntos, dice. Aunque el informe no lo apunta de forma muy explícita, esto obligaría a un endurecimiento de la fórmula de cálculo de la pensión.

Fiscalidad: aumento de la presión fiscal y reducción a la mitad de la economía sumergida

Recaudación. El texto se fija como objetivo elevar la recaudación del 35% del PIB de 2019 al 37% en 2030. El porcentaje subiría al 40% en 2040 hasta el 43% en 2050, reduciendo así la brecha de unos siete puntos que ahora existe con la eurozona.

Beneficios fiscales. El plan apunta a la necesidad de ampliar las bases imponibles para elevar la recaudación. Esto pasaría por una revisión de los beneficios fiscales, manteniendo solo lo que cumplen con su objetivo. Asimismo, propone eliminar el régimen de módulos de los autónomos.

Armonización. Se propone una “reforma integral” de los impuestos sobre la renta, el patrimonio y sucesiones y donaciones “para eliminar los incentivos fiscales a favor de la inversión en activos relacionados con el patrimonio inmobiliario, elevando la tributación efectiva del capital hasta situarla en línea con los países de la UE y reforzando su contribución a la progresividad del sistema”. En sucesiones y donaciones se plantea una armonización entre comunidades “para evitar estrategias de competencia fiscal indeseables”, un punto que está estudiando el comité de expertos para la reforma fiscal. Para 2050, se apuesta por revisar las bases y los tipos sobre el trabajo en el IRPF, “adaptándolos según los efectos que el cambio tecnológico tenga sobre el mercado de trabajo y la desigualdad salarial”.

Impuestos especiales. Se proyecta una subida de los impuestos sobre bebidas alcohólicas, tabaco y combustibles derivados del petróleo, e incentivos fiscales que promuevan la transición ecológica.

Impuesto sobre el uso medido real del vehículo. La medida permitirá “transformar la movilidad y reducir las emisiones”, señala el plan, que expone: “Ajustar la fiscalidad del transporte por carretera al uso real del vehículo, abordando la totalidad de impactos negativos generados y asegurando una mayor coherencia entre el tipo de vehículo adquirido y las necesidades del servicio. Para ello, se propone pasar de las actuales figuras fiscales sobre la compra, circulación y combustibles, a un impuesto sobre el uso medido real del vehículo que tenga en cuenta sus características: su peso, su potencia, sus emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero”.

Impuesto de sociedades. Se proyecta una reforma que reduzca las distorsiones generadas por los beneficios fiscales en este tributo y se señala la necesidad de seguir trabajando en ámbito internacional. Si no se llega a un consenso en el seno de la OCDE sobre la imposición fiscal a las multinacionales, el plan recoge que España deberá impulsar en la UE una armonización de las bases imponibles y la fijación de un tipo mínimo efectivo, además de una solución para gravar a las tecnológicas.

Fraude fiscal. El documento fija una reducción de la economía sumergida del 20% que se estima actualmente a la mitad en 2050. Un objetivo que se propone alcanzar aumentando los recursos y la coordinación entre administraciones tributarias, potenciando los intercambios de información, prohibiendo las amnistías fiscales, mejorando la información para el contribuyente e introduciendo contenidos vinculados a la fiscalidad en la educación secundaria.

Sector público, empleo y vivienda: alerta a la pérdida de productividad y de mano de obra

Reducir la jornada laboral a 35 horas semanales. El documento plantea propuestas para elevar la tasa de empleo femenina hasta equipararla a la de los hombres antes de 2050 (82%), para incrementar la inserción de los mayores de 55 años en 15 puntos (68%) o para reducir el número de horas trabajadas a la semana hasta situarlas en los niveles europeos (35 horas en 2050).

Modernizar el sector público. El documento incluye una batería de medidas para que las administraciones públicas españolas sean más eficientes. Entre ellas destaca la institucionalización de una cultura de evaluación de políticas públicas y de rendición de cuentas por parte de todas las administraciones. También recoge propuestas para completar la digitalización del sector público de modo que la práctica totalidad de los trámites puedan hacerse de manera remota, homogeneizando los sistemas de acceso digital a todas las administraciones. En el plan a largo plazo figura el impulso de la Inteligencia Artificial para que la información manejada por ella pueda usarse, tanto por el conjunto de instituciones como por las empresas y las universidades, para el análisis, el diseño y la evaluación de políticas y servicios. Algunos ejemplos de ello son disponer de datos en tiempo real de la evolución del mercado laboral, información sobre el coste de intervenciones médicas o estadísticas completas de servicios sociales prestados.

Acceso a la función pública. Se propone reformar el contenido y la naturaleza de las pruebas selectivas actuales para garantizar que el conocimiento, las competencias y la trayectoria del candidato o candidata se ajustan a las necesidades de cada momento. Reforzar la formación del funcionariado para mejorar su capacitación digital y uso de las nuevas tecnologías, sus conocimientos de dirección y gestión de recursos humanos, y sus competencias en materia de seguimiento y evaluación interna de las políticas públicas. También se plantean planes de recualificación de los empleados públicos que garanticen una adaptación permanente de los conocimientos y habilidades a las necesidades de la administración. Y como uno de los puntos destacados, se recoge la promoción de la evaluación por desempeño de los empleados públicos, reforzando así los sistemas de medición de la productividad e incentivos, e incrementando la flexibilidad para atraer talento de fuera de las Administraciones públicas y retener el ya existente.

Aumentar la fuerza laboral. El documento explica que el envejecimiento de la población provocará una pérdida de la productividad y de la mano de obra que afectará al potencial económico del país. Para evitar esta pérdida potencial de fuerza laboral, nuestro país tendrá que hacer dos cosas. Por un lado, aumentar la inserción laboral de las mujeres, los jóvenes y las personas de más de 55 años de edad. Por otro, integrar laboral y socialmente a cientos de miles de personas inmigrantes. En última instancia, la aspiración debe ser la de alcanzar una tasa de inserción laboral de la fuerza de trabajo del 80% en 2050. Hacerlo permitirá mitigar el efecto negativo del envejecimiento demográfico e incrementar el número de personas ocupadas en 1,5 millones respecto al nivel de 2019. Supone aumentar la tasa de empleo de España en 15 puntos durante los próximos 30 años; el mismo aumento que ya registró el país en los 30 años anteriores a la crisis de 2008.

Integrar a inmigrantes. La propuesta de los expertos para mantener e incrementar la fuerza laboral consiste en acoger e integrar a cientos de miles de personas inmigrantes de aquí a 2050, logrando, como mínimo, un saldo migratorio (la diferencia entre las personas que entran y las que salen) superior a las 191.000 personas cada año. “Si podemos integrar a más, mejor. Por ejemplo, si conseguimos un saldo migratorio anual del orden de 255.000 personas, la caída de la población en edad de trabajar sería de 1,8 millones de personas (en lugar de los 3,7 millones proyectados en un escenario con un balance migratorio de 191.000)”.

Mejora del acceso a la vivienda. Los expertos plantean aprovechar las megatendencias como la digitalización y la transición ecológica para tratar de frenar el éxodo del campo a las ciudades. Esta propuesta permitirá, además, hacer “las ciudades más saludables, cohesionadas y sostenibles y mejorar las condiciones de vida y las oportunidades en los municipios medianos y pequeños”. El documento explica que para promover un desarrollo territorial equilibrado, habrá que reforzar el papel vertebrador de las ciudades medias; aumentar la diversificación productiva de los municipios de menor tamaño; y asegurar el acceso a servicios, mejorando las conexiones de transporte y las infraestructuras tecnológicas, entre otras iniciativas

Con información de Laura Delle Femine, Jesús Sérvulo González, Oriol Güell, Antonio Maqueda, Manuel Planelles, María Sosa y Ana Torres.