Guatemala: entre la estabilidad pactada y el colapso del Estado

Este fin de semana, la economía más grande de Centroamérica, Guatemala, celebra elecciones generales, definiendo el rumbo de sus 16 millones de habitantes. El menú de candidaturas promete poco: no hay notables entre ellos y los punteros en las encuestas ofrecen una posible pax narcótica y estabilidad pactada entre corruptos, o bien una escalada en la violencia de Estado, limpieza social y subasta de los pocos servicios públicos que quedan por privatizar.

No hay oferta política viable que ofrezca soluciones a los problemas principales hoy: la pobreza, el racismo extremo y la captura del Estado por grupos de poder paralelos.

La elección se celebra en un contexto político tenso en la región. Los países norteamericanos, al militarizar la única ruta de escape del hambre, violencia y miseria que sufren los centroamericanos, y desplegar efectivos al sur de México está convirtiendo al país, al Triángulo Norte, en una Franja de Gaza de Latinoamérica. Las armas para la guerra contra las drogas se utilizan hoy para la guerra contra los pobres, que prefieren arriesgarse a morir en un desierto a vivir así.

Es el país con más niños muriendo en centros de detención en la frontera al norte, y por cada niño que ha muerto en cautiverio a las manos del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE UU, por sus siglas en inglés), muchos más murieron de hambre, una muerte tan violenta como la de una bala. La pobreza extrema que se inflige a la población indígena, especialmente a los niños, es la forma más brutal de violencia y el escenario se agudizará con la crisis climática que se avecina, estando el país listado entre los diez más vulnerables, sin un plan.

Hoy las remesas son la única fuente de crecimiento y movilidad social para los pobres. Las cifras de la pobreza no son más que evidencia de un apartheid de hecho, un racismo que atraviesa todas las capas del Estado. El 79% de los pobres son indígenas. En las áreas rurales, ocho de cada diez personas están en una condición de pobreza extrema. Casi 40% de las mujeres indígenas mayores de 15 años no sabe leer y escribir, 58% de los niños indígenas menores de cinco años sufre de desnutrición crónica, y más de la mitad de niños indígenas abandonará la escuela antes de completar los años que le sacarían del ciclo de pobreza Instituto Nacional de Estadística, UNESCO y PNUD) . La respuesta del Estado es la violencia y el despojo: solamente en el año 2018 pasado asesinaron a 26 líderes indígenas defendiendo sus territorios. Ninguno de los punteros electorales les representa.

CICIG, la esperanza destruida y su última oportunidad

Para revertir el círculo de violencia, pobreza y miseria, es imprescindible devolver la confianza en las instituciones del Estado. Una tarea en la que un experimento en Guatemala ha excedido en resultados en la región latinoamericana, la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG). Sus investigadores lograron presentar cargos contra más de 200 funcionarios, incluyendo dos expresidentes recientes y varios ministros, exjefes de la policía, militares de alto rango y jueces. Esto se logró fortaleciendo las capacidades de fiscales, jueces e investigadores, quienes presentaron más de cien casos, promovieron más de 34 reformas legales de fortalecimiento institucional.

El trabajo impecable de la Comisión estaba devolviendo a los guatemaltecos la tan necesitada credibilidad en sus instituciones, hasta que tocó al actual presidente, el comediante Jimmy Morales, a su hermano, su hijo y a intereses poderosos en el Ejército de Guatemala. Como defensiva y desde el año 2017, el grupo de afectados por CICIG llevó a cabo un concertado esfuerzo para expulsar a la Comisión. El jefe de misión, el colombiano Iván Velásquez, fue declarado persona non grata y no puede entrar al país, jueces de las más altas cortes de Guatemala, que han apoyado a la Comisión, se encuentran bajo amenaza, y la mayoría de los candidatos ha indicado que el mandato del Órgano de apoyo no será renovado al espirar este septiembre de 2019.

Las élites empresariales y las familias más poderosas del país respaldaron al presidente, quien no se apoyó únicamente en ellas: apareció flanqueado por militares, también bajo investigación, mientras desobedece órdenes expresas de la más alta corte del país. En tanto, el Gobierno del presidente Trump emitió ambiguos comentarios y una débil condena a la actuación de un presidente que busca frenar el escrutinio de sus acciones. Resulta quizás mucho más conveniente a ese gobierno tener países problemáticos a cargo de líderes frágiles y vulnerables, que ofrecen obediencia absoluta a cambio de protección e inmunidad.

La última esperanza de salvar a CICIG, y con ello ofrecer un futuro posible para millones, está en las urnas. El presidente y el Congreso que se elige este 16 de junio definirá el futuro del modelo más efectivo jamás probado en la región para rescate institucional, eligiendo rescatarlo o enterrándolo del todo. Pero sin un rescate institucional y un proyecto de país, el éxodo hacia el Norte no hará más que aumentar.

* Renata Ávila es una abogada internacional, de nacionalidad guatemalteca, que actualmente dirige la Fundación Ciudadanía Inteligente, dedicada a fortalecer las democracias en Latinoamérica.