Los nuevos derechos humanos del siglo XXI
Un foro internacional reta a empresas y ciudades a garantizar las necesidades básicas de millones de personas
Un 10 de diciembre, hace 69 años, se aprobaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. “Hoy, incluso en los países desarrollados, muchos de los derechos humanos están todavía en la categoría de ‘veremos”, denunciaba este lunes Juan Luis Cebrián, presidente de EL PAÍS. Tradicionalmente, su cumplimiento se ha exigido a los Estados, pero hay más actores en concurso. En el Foro Internacional de Derechos Humanos organizado por EL PAÍS, la FAO (la agencia de la ONU para la alimentación y la agricultura) y la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, se ha abordado el papel del sector privado.
En ocasiones, las grandes corporaciones manejan más presupuesto que muchos países pero, cuestiones de imagen aparte, no se les exige legalmente la observancia de la declaración. “A día de hoy, las empresas deciden voluntariamente si cumplen con los derechos humanos o no. Y eso no puede ser”, criticaba este lunes Esteban Beltrán, director de la ONG Amnistía Internacional en España. Beltrán pidió establecer obligaciones concretas para las multinacionales que no les permitan obviarlos cuando trabajan en países con legislaciones menos exigentes.
La amenaza del cambio climático
En una de las mesas de encuentro se debatió sobre los efectos que el cambio climático tiene sobre la realización de los derechos humanos. Porque los más afectados por la nueva realidad climática, como señalaba el fotoperiodista de Oxfam Intermón, Pablo Tosco, y coincidían los demás participantes, son los también los más vulnerables ante el hambre y la pobreza.
El 80% de los pobres del mundo, como apuntaba Marcela Villarreal, directiva de la FAO, viven en áreas rurales y dependen de la agricultura para su subsistencia. Y obviamente, el cambio climático afecta a la producción de estos últimos, impidiéndoles llevar una vida acorde con esos derechos universales.
La relación pues, entre cambio climático y hambre (o acceso al agua potable, entre otros derechos básicos) es muy estrecha, como ha resaltado Lola Huete Machado, directora de Planeta Futuro y moderadora de la mesa.
En este sentido Ana Benavente, gerente de sostenibilidad de Acciona, ha lamentado que tras el Acuerdo de París de 2015 las dos últimas cumbres del clima se hayan desinflado un poco. "Se han marcado objetivos poco ambiciosos por parte de los Estados".
“Pero es que las empresas debemos ser proactivas, y no limitarnos a cumplir las leyes si se producen problemas”, apuntaba Fernando Ruiz, director de sostenibilidad de la petrolera Repsol. Y tampoco sirve que las políticas corporativas a este respecto se limiten a los consejos de administración, avisaba Ángel Pes, presidente de la Red. Ni que el foco se centre solo en las grandes transnacionales y olvide a las pequeñas y medianas empresas locales, como argumentaba Bernardo Cruza, director de responsabilidad social de El Corte Inglés.
Respetar a las comunidades en las que se opera, velar por la igualdad de género o luchar contra la explotación son algunas de las contribuciones que las compañías privadas pueden (y deben) hacer para la efectiva realización de los derechos humanos, según han coincidido las compañías presentes en el encuentro patrocinado por Telefónica y El Corte Inglés. Pero la más importante, según Pes, es crear empleo digno y oportunidades laborales.
También corresponde a las empresas un papel importante ante la aparición de nuevos derechos y desafíos, como la identidad y el olvido digitales, o la protección de datos. Desde Telefónica, por ejemplo, proponen una Constitución digital que contemple estas y otras cuestiones. Como el uso descontrolado de las redes sociales, que, según Cebrián, ha provocado que la protección contra la difamación, la calumnia y la mentira haya desaparecido prácticamente de las democracias actuales. “Y con ellas, el derecho a la presunción de inocencia”, añadió Cebrián.
Pero hay otros temas que tampoco aparecen reflejados en la septuagenaria carta aprobada por las Naciones Unidas y que cobran cada vez más importancia. Por ejemplo, el derecho a un entorno saludable, o al espacio público. “Es en estos lugares donde se realizan los derechos humanos”, apuntaba Antoni Gutiérrez-Rubí, escritor y especialista en urbanismo. Y especialmente en las zonas urbanas, donde ya vive la mayor parte de la humanidad. “Si perdemos esta batalla en las ciudades, la perdemos en el mundo”, advertía Gutiérrez-Rubí. Las urbes pueden aprovechar su flexibilidad para llegar donde no lo hace la maquinaria del Estado, coincidía Paz Valiente, del Ayuntamiento de Madrid. “Pero tenemos unas competencias muy limitadas y poca capacidad de acción”, lamentaba Valiente. Son nuevos actores para atacar una lista de deberes inconclusa que es cada día más larga y sofisticada.
Se trata de un evento organizado por EL PAÍS, Pacto Mundial y FAO en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y patrocinado por El Corte Inglés y Telefónica.
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