La separación de alumnos ricos y pobres en la escuela se reduce con la reforma educativa

España ha experimentado una significativa reducción de la desigualdad en las aulas tras el inicio de la reforma educativa, que comenzó con la aprobación de la actual ley de enseñanza, la Lomloe, de la que se cumplen cinco años. El desigual reparto entre los centros públicos y los concertados del alumnado extranjero de las procedencias con mayores tasas de vulnerabilidad se ha reducido: entre el curso 2019-2020, justo antes de la aprobación de la ley, y el 2023-2024, el último que la estadística del Ministerio de Educación permite analizar con detalle, según ha calculado EL PAÍS, el incumplimiento de la ratio de alumnado extranjero vulnerable en la concertada se ha recortado casi una tercera parte. En ese periodo, los colegios concertados pasaron de acoger a 90.016 alumnos de Centroamérica, Sudamérica, África y Asia a matricular a 132.151.

Los expertos señalan que, además del cambio normativo, otros factores han contribuido a equilibrar la distribución. El principal, la fuerte caída de la natalidad, que ha incentivado a los centros concertados a escolarizar a más estudiantes desfavorecidos para evitar perder grupos o incluso verse obligados a cerrar.

La Lomloe creó una batería de herramientas para reducir la segregación escolar socioeconómica, reforzando la capacidad de las administraciones educativas para planificar la oferta de plazas. Pero la ley no obligó a usar los nuevos instrumentos, sino que hacerlo quedó en buena medida en manos de las autonomías. Los datos muestran una gran disparidad en la situación entre unos territorios y otros, debido a una cuestión histórica (el lugar del que partían) y al grado de voluntad de reducir la segregación. Destacan para bien territorios como Navarra (en su evolución reciente) y, sobre todo, Cataluña, que están haciendo valer el principio de que dado que los colegios concertados están sostenidos con fondos públicos también deben hacerse corresponsables del alumnado desfavorecido.

Entre el abanico de medidas que, bajo el paraguas de la Lomloe, estas y otras autonomías han desplegado desde 2021 en el marco de la reforma educativa se incluyen cambios en los sistemas de admisión escolar para despojar a la concertada de margen para escoger a sus alumnos ―quitándoles la capacidad de dar puntos a los aspirantes por motivos como ser hijos de antiguos alumnos o haber ido a determinadas escuelas infantiles privadas―. También una distribución equitativa de la matrícula viva ―los estudiantes que se incorporan a mitad de curso, normalmente inmigrantes―. La reserva obligatoria de cierto número de plazas para estudiantes desfavorecidos en todos los centros públicos y concertados. La creación de un indicador para identificar a los chavales vulnerables, un paso necesario para poder distribuirlos de forma equilibrada. El establecimiento de oficinas públicas encargadas de velar por dicho reparto. Y (en Cataluña) la garantía de que los colegios concertados serán totalmente gratuitos para el alumnado desfavorecido a través de una línea de fondos dirigida a costear sus actividades complementarias en estos centros.

España tiene una laguna de información educativa homogénea del conjunto del país. Debido a los vaivenes en las leyes educativas carece, por ejemplo, de una evaluación de carácter estatal como las de sus países vecinos ―lo que la hace muy dependiente de pruebas internacionales, como el Informe PISA―, aunque el Ministerio de Educación está ultimando una. Tampoco dispone de datos comparables entre territorios de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica, aunque el ministerio también prepara un indicador. Ello hace que los especialistas en segregación escolar socioeconómica, una lacra que lastra los resultados sobre todo del alumnado desfavorecido, usen métodos indirectos para calcularla.

Una forma de calcularlo

Uno de ellos consiste en analizar la concentración de alumnado extranjero por centros o redes escolares. Y es el utilizado en este artículo, seleccionando para ello cinco de las grandes procedencias geográficas que recoge la estadística del Ministerio de Educación y que destacan (según estimaciones como la que realiza la Generalitat de Cataluña) por presentar tasas elevadas de vulnerabilidad. Se trata de América Central y del Sur (con una tasa de vulnerabilidad del 79%, según la Generalitat), norte de África (80%), resto de África (88%), y Asia (que la Generalitat agrupa con Oceanía con una tasa del 53%). Como referencia, el alumnado de nacionalidad española presenta una tasa de vulnerabilidad del 29%.

La enseñanza concertada representa el 26,8% del alumnado matriculado en centros sostenidos con fondos públicos. Y si el reparto fuera equilibrado, debería escolarizar ese mismo porcentaje de alumnado vulnerable. Se trata de una forma de estimar la desigualdad educativa avalada por tres expertos en segregación educativa consultados por este periódico: Xavier Bonal, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y referente en la materia (fue clave en la elaboración del plan contra la segregación en Cataluña y ha participado en el que se va a poner en marcha en Euskadi), María Segurola, responsable de políticas contra la segregación de la Fundació Bofill, y Alfonso Echazarra, de Save the Children.

La fórmula utilizada por EL PAÍS muestra que la distribución entre redes está lejos de ser equilibrada, debido en buena medida a las cuotas y otros obstáculos que la enseñanza concertada utiliza para financiarse y, en muchos casos, quitarse de encima a los chavales pobres. Entre el curso 2011-2012, coincidiendo con el final del anterior Ejecutivo socialista, y el curso 2015-2016, cuando el PP de Mariano Rajoy ya llevaba varios años gobernando, el desequilibrio se agravó y la escuela concertada llegó a matricular a casi la mitad del alumnado de las procedencias citadas que le correspondía.

La situación mejoró un poco en el siguiente cuatrienio. Pero el avance significativo se produjo entre el curso 2019-2020 y el 2023-2024, coincidiendo con la aprobación de la Lomloe y el desarrollo de la reforma educativa por parte de las comunidades autónomas. La brecha entre lo que la concertada debía matricular y lo que efectivamente escolarizó se redujo un 28,5%. Persistió un gran desequilibrio, pero este se redujo a que la concertada escolarizaba aproximadamente a un tercio menos de este alumnado de lo que le tocaría.

Otros factores

“La Lomloe creó el marco”, señala Xavier Bonal, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona especializado en la segregación escolar, “pero la situación ha dependido después mucho de las políticas que ha desplegado cada comunidad”. Tanto Bonal como Segurola apuntan a que en la mejora del desequilibrio han operado otras fuerzas. Como la fuerte caída de la natalidad, que ha llevado a los colegios concertados a querer captar más alumnado extranjero, ante el riesgo de perder los conciertos o verse abocados a cerrar por falta de alumnos. También, probablemente, a las afinidades de un parte de las familias migrantes, apunta Segurola: un sector de las de Latinoamérica (la procedencia que más ha crecido en los últimos años), por ejemplo, prefiere dar a sus hijos una educación católica y tiene interiorizada una “cultura de hacer pagos a las escuelas por una cuestión de pequeña distinción social o aspiracional”, señala.

Es muy posible, por último, que la concertada haya incorporado especialmente a las capas sociales más altas de este alumnado inmigrante, indica Alfonso Echazarra, haciendo que los datos de territorios como Madrid ―que arrastra los pies en materia de lucha contra la segregación escolar― parezcan haber mejorado más en términos de equidad educativa de lo que lo han hecho en realidad. Pero los datos disponibles no permiten hilar tan fino.

La mejor y la peor comunidad autónoma

La mejor evolución la ha experimentado Cataluña, con una reducción del 62% en el indicador. La concertada matricula allí al 22,9% de este alumnado, cuando debería escolarizar al 27,5%. Solo Cantabria, un territorio con una larga tradición de acuerdos educativos, es más equilibrada, si bien su pequeño volumen de estos alumnos (5.198, el 0,7% de España) hace que pequeñas variaciones en los números generen grandes cambios estadísticos. La mejora catalana se ha producido, apunta Segurola, gracias a un gran consenso social liderado por el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo de Cataluña) que comenzó la pasada década, y al que se sumaron la Generalitat, municipios, partidos, sindicatos, organizaciones de la escuela concertada, federaciones de familias y otros agentes educativos.

La escuela concertada navarra era en 2019 la que menos cumplía con su deber de matricular a este alumnado. En una situación de equilibrio, debería haber escolarizado al 33,5%, y solo acogía al 12,8%. Cuatro años más tarde y tras cambiar su normativa, había reducido su desequilibrio 6,5 puntos. “Todos los centros sostenidos con fondos públicos deben tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, en este caso a la hora de escolarizar alumnado de un origen sociocultural diferente”, señala su consejero de Educación, Carlos Gimeno. La peor comunidad en el ranking es ahora Murcia, una de las autonomías que más se ha resistido a la Lomloe, con un desfase de 15,6 puntos porcentuales entre lo que debería matricular y matricula. Le sigue Euskadi (15 puntos de brecha), históricamente uno de los territorios más segregados (en parte por el gran tamaño de su concertada), que ultima ahora la puesta en marcha de un plan contra la segregación.

El progreso que muestra este artículo puede haber sido en parte, sin embargo, efímero. El análisis abarca el periodo de implantación de la Lomloe y los cursos en que las autonomías completaron la reforma educativa, cuando 12 de los 17 gobiernos autonómicos estaban comprometidos con la filosofía de la ley. En las elecciones de mayo de 2023 se produjo, sin embargo, un vuelco territorial, que dio a la derecha la mayor parte del poder autonómico. Varios de los Ejecutivos que cambiaron de color (como los de la Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón y La Rioja) han aprobado desde entonces normativas que desandan el camino en la lucha contra la segregación. Reintroduciendo, por ejemplo, las zonas únicas de escolarización en grandes municipios (frente al criterio de cercanía al domicilio que establece la Lomloe) y devolviendo a los centros concertados la posibilidad de conceder puntos a los solicitantes. Pero la estadística oficial todavía no permite ver el impacto de esa política.