La forma de generalizar la bajada de ratio en las aulas: que el alumnado con necesidad de apoyo cuente doble

La propuesta para bajar las ratios de estudiantes por aula que el Ministerio de Educación presentó el martes a los sindicatos de enseñanza superó las expectativas que estos tenían, que eran muy bajas, hasta el punto de que habían comenzado los preparativos para iniciar movilizaciones de protesta. El planteamiento del Gobierno les sigue pareciendo tardío, limitado y “verde”. Pero creen, a la vez, que las líneas que Educación ha puesto sobre la mesa, y su disposición a negociarlas, pueden conducir a una mejora en las condiciones en las que se desarrollan las clases.

La idea central del ministerio que dirige Pilar Alegría consiste en concentrar la bajada del número de estudiantes por clase en aquellos colegios e institutos que tienen un elevado porcentaje de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Considerando positiva la medida, los sindicatos la ven, sin embargo, demasiado acotada a un determinado tipo de centro. La mayoría de ellos cree, en cambio, que la segunda propuesta del Gobierno, consistente en reducir las ratios en las aulas que acogen a estudiantes con necesidades educativas especiales, podría tener un efecto más potente en el conjunto del sistema educativo si en lugar de circunscribirse solo a ese tipo de alumnado (básicamente, chavales con discapacidad o trastorno del espectro autista), se ensanchara a todos los que necesitan apoyo educativo.

Esta categoría oficial incluye al alumnado con necesidades especiales que ya figura en la propuesta del Gobierno. Pero también a los que presentan otro tipo de dificultades, desde la dislexia, la discalculia, y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), al desconocimiento de la lengua de aprendizaje o a situaciones de vulnerabilidad socioeducativa. El cambio de magnitud entre ambas alternativas es sustancial. La propuesta del Gobierno alcanza a 249.494 alumnos con necesidades especiales, mientras que el planteamiento de los sindicatos ampliaría su número a 1.088.413.

Ciertos perfiles de estudiantes con necesidades educativas especiales representan un reto mayor para el profesorado, admiten los sindicatos. Pero, argumentan, todos los estudiantes con necesidad de apoyo educativo requieren mayor atención para alcanzar el éxito educativo. Y el número de estos últimos ha aumentado mucho más (cerca del doble en los seis últimos cursos) que los que presentan necesidades especiales, debido tanto a la mejor detección como a la incorporación de alumnado extranjero.

La propuesta principal del ministerio de actuar prioritariamente en los centros educativos de alta complejidad socioeconómica supone, según la definición del secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, aplicar una política de ratios “con equidad”. Los sindicatos están de acuerdo, mayoritariamente, con dicha medida. Pero añaden que extender la rebaja de ratios a todas las aulas con alumnado con necesidades de apoyo educativo mantendría la misma línea de equidad y también beneficiaría sobre todo a la enseñanza pública, ya que esta escolariza al 75% de estos estudiantes, ocho puntos más de lo que representa esta red escolar en el conjunto de la red educativa.

La medida alcanzaría a buena parte del sistema educativo, con distinta intensidad en función del grado de diversidad del centro. “Estamos de acuerdo en que los centros de alta complejidad necesitan un tratamiento específico. Pero hoy, quitando quizá los de algún barrio concreto, casi todos los centros públicos tienen un número importante de estudiantes con necesidades de apoyo educativo, y no sería justo no tenerlos en cuenta”, resume un responsable sindical.

Contar doble

La propuesta del ministerio no detalla cómo se articularía la bajada de ratios en las aulas con alumnos con necesidades especiales (que los sindicatos quieren ampliar a todos los que presentan necesidad de apoyo). Pero este tipo de medida suele aplicarse considerando que dichos estudiantes cuenten doble a efecto de las ratios, que ahora están fijadas, como máximo, en 25 en infantil y primaria, 30 en la ESO, y 35 en Bachillerato, si bien parte de las comunidades han empezado a reducirlas, sobre todo en las primeras etapas, aprovechando la caída de la natalidad. Una posibilidad, señalan los sindicatos, sería que no se otorgara el mismo peso a todo el alumnado con necesidad de apoyo educativo, sino que contaran, por ejemplo, 1,5 en los casos más leves, y más de 2 en los supuestos más graves.

Hacerlo así tendría el efecto añadido de estimular una mejor detección del alumnado con necesidad de apoyo, que aunque ha avanzado en los últimos años sigue lejos de recoger la realidad. Según los cálculos de CC OO, que utiliza datos de prevalencia de trastornos y del INE para hacer su estimación, hasta el 68% del alumnado con las llamadas dificultades específicas de aprendizaje (como dislexia, discalculia o TDAH) pasa por debajo del radar de las administraciones educativas, y sucede lo mismo con, al menos, el 43% de los chavales con “carencia material y social severa”. Una mejor detección también implicaría un aumento del coste económico de la medida.

Bajada general progresiva

La propuesta del Gobierno, que ha pedido a los sindicatos que respondan a principios de octubre, contiene otras dos posibles líneas de trabajo. La primera es una reducción progresiva de las ratios de forma general. A la espera de que el ministerio concrete, la primera impresión de los sindicatos es que se trata de un planteamiento vago, que podría traducirse en una simple recomendación a las comunidades autónomas. Al estilo de lo que se estableció en 2019 para la reducción de la jornada lectiva del profesorado o, en la Lomloe, para que priorizaran la creación de plazas escolares en centros públicos.

El documento de Educación propone una última vía de actuación, que consiste en focalizar la reducción de ratio en niveles específicos, por considerarlos clave para evitar el fracaso escolar, o porque las ratios máximas ahora son muy elevadas. Se trata, en concreto, de 5º y 6º de Primaria, 1º y 2º de la ESO, la FP Básica y el Bachillerato. Los sindicatos echan en falta, de un lado, que se incluya la FP de grado medio, que presenta tasas de abandono elevadas, y también ven impreciso el alcance de la propuesta, que podría estar ligada a la bajada general progresiva del punto anterior. Es decir, a que en caso de apostar por bajar las ratios en todas las etapas y centros, se empezara por los cursos que pueden resultar críticos para determinar el éxito educativo.