El descontento con las políticas de Ayuso saca a la calle a todo el arco de la educación pública en Madrid

Este domingo, el descontento ha sacado a la calle a miles de personas (25.000 según Delegación del Gobierno y más de 100.000 según los convocantes) por el centro de la capital en una gran marea de camisetas verdes bajo el lema Salvemos la educación pública. Los trabajadores de las etapas preuniversitarias llevan más de un año pidiendo menos horas lectivas como en el resto de España (23 horas y no 25 en primaria) y más medios humanos, y por primera vez se han sumado profesores de universidad y sus alumnos, principalmente de la Complutense y la Autónoma de Madrid, ...

Este domingo, el descontento ha sacado a la calle a miles de personas (25.000 según Delegación del Gobierno y más de 100.000 según los convocantes) por el centro de la capital en una gran marea de camisetas verdes bajo el lema Salvemos la educación pública. Los trabajadores de las etapas preuniversitarias llevan más de un año pidiendo menos horas lectivas como en el resto de España (23 horas y no 25 en primaria) y más medios humanos, y por primera vez se han sumado profesores de universidad y sus alumnos, principalmente de la Complutense y la Autónoma de Madrid, que están inmersos en una asfixia económica sin paliativos.

Esto ocurre mientras el Gobierno de Madrid se enorgullece de que la región dispone del Producto Interior Bruto más alto de España ―42.198 euros per cápita, 11.000 euros más que la media nacional en 2023, según el INE―, pero es también la más rácana en la financiación de su educación pública por alumno, desde los cero años a la universidad de mayores, mientras que el negocio privado no deja de extenderse. Los manifestantes se lo han recordado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con pancartas en las que se leía: “La educación es un derecho, no un negocio”.

A la manifestación ha acudido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha afirmado que existe un ataque “brutal” de la derecha a la educación pública. Ha comparado al Gobierno de Ayuso con el del presidente argentino, Javier Milei, pues considera que “bajan los impuestos a los ricos, mientras destrozan los servicios públicos”, señala EFE. Ha estado acompañada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Riego, que se ha manifestado preocupada por “la política de recortes del PP de Madrid”.

Allí estaba también Javier Moreno Luzón, reciente Premio Nacional de Historia de España, que ha vuelto a impartir clase al aire libre ―La batalla por la escuela: los liberales contra la iglesia (1898-1923) se ha titulado, antes de la manifestación― reviviendo el movimiento La uni en la calle, protagonista de las protestas de hace una década al hilo de la tijera del ministro José Ignacio Wert en las becas y las partidas para educación transferidas a las autonomías. Pero el escenario ahora es muy diferente.

“Me indigna especialmente que esta falta de financiación, que impide prestar los servicios públicos de manera adecuada en educación o sanidad, se produce en mitad de una época de bonanza económica”, argumenta el catedrático de la Complutense. “Madrid, en vez de acompañar el ciclo económico, reduce aún más el presupuesto y asfixia el sistema educativo. No hay más razón que la ideológica. Es un proyecto de deterioro de los servicios públicos para que la gente acuda a los privados”. En la manifestación se han reclamado también más pediatras, pues hay un déficit del 30% de plazas, así como más fisioterapeutas en los centros, enfermeras o integradores sociales.

En 2021 ―último dato publicado por el Ministerio de Educación― el gasto en educación pública no universitaria en Madrid era de 5.886 euros por alumno al año, frente a los 7.043 de media nacional. Y en la universidad los datos no dejan a Madrid en mejor lugar: 5.500 euros por estudiante en el 2022/2023, frente a los 6.671 en España, según datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y es la autonomía en la que las familias desembolsan más dinero por la matrícula universitaria de sus hijos (1.113 euros frente a 922 euros de media). Antes de la manifestación el consejero Emilio Viciana ha cargado contra los que protestan: “Los activistas que intentan colonizar la universidad pública quieren arrastrar este fin de semana al resto de la Educación en la Comunidad de Madrid. La Educación les importa cero”.

“Lo que tenemos en la universidad es una infrafinanciación crónica, lo que viene ahora son los recortes y estoy temblando porque en el departamento somos ciento y pico”, cuenta Irene Solbes, secretaria académica del grupo Investigación y Psicología en Educación de la UCM. “En otras etapas educativas inferiores a lo mejor no hay tanto problema de infrafinanciación, pero sí muchísimas carencias. Yo, que trabajo en el desarrollo de la salud mental, veo que en el número de orientadoras por alumnado, que es algo fundamental, estamos a la cola de Europa”. La Unesco recomienda 250 escolares por orientador, cuando en Madrid pueden ser un millar.

“Nos tenemos que preguntar qué tipo de atención educativa tenemos y si hay medios para los chavales con necesidades educativas especiales”, plantea. Tiene la sensación de que a sus alumnos, que serán maestros pronto, les habla de programas de integración de este alumnado que requieren una gran financiación que no van a llegar nunca; que les cuenta una entelequia. De ello se quejaban esta mañana en la marcha los alumnos con autismo, sus familias y sus profesores tras una pancarta: “Por una educación inclusiva. Lo llaman inclusión y no lo es”.

La serbia Milika Babic, profesora de Inglés en secundaria, no cree que sus horas lectivas vayan a bajar de 20 a 19 sus horas, como promete la Consejería de Educación. “Es imposible de cumplir”. Al igual que las ratios por alumnos. “Se supone que en primero y segundo de ESO bajaban a 25 y hay clases con 29″, prosigue esta docente del instituto José Luis San Pedro de Tres Cantos. Todas las autonomías han disminuido estos ratios que subieron con la crisis económica hace más de una década. También en la escuela de idiomas, pasaron de 18 a 20 horas y hoy se manifiestan.

Con Babic marcha su familia y Aitana Mingot, también profesora de Inglés pero en un instituto, el Vallecas Margerit, de alta complejidad y pocos medios. “Tengo 120 alumnos muy desfavorecidos, a veces son aulas hospitalarias. Se necesita mucha sensibilidad”, pero apenas cuentan con una orientadora para todo el centro.

Madrid es, tras el País Vasco, la autonomía con menos escolares matriculados en colegios e institutos públicos (54%), pues las familias han ido apostando por la enseñanza concertada (28,8%) ―en los nuevos barrios de la capital no se construyeron durante años servicios públicos― o privada (17,4%). Lo han fomentado los cheques guardería ―el 78% de las familias que solicitaron plaza pública en una del Ayuntamiento de la capital no lo lograron este año― o las becas para que familias muy pudientes abonen el bachillerato privado ―entre 2.000 y 3.500 euros― o la FP superior.

El curso pasado había más alumnos de FP Superior en centros privados y concertados (50.000) que públicos (46.319). Según datos de Comisiones Obreras, a comienzos de curso 50.000 jóvenes no tenían plaza en una titulación de FP en la pública ―la mayoría en estudios sanitarios o de informática―, mientras que el Gobierno regional recordaba que había 13.200 sin cubrir. Además, según el sindicato, el 60% de los de la pública no tenían las prácticas garantizadas. En la protesta se han hecho notar.

“13 universidades privadas en Madrid y la tuya se cae a cachos. Ayuso dimisión”, reza una pancarta. En las carreras de Medicina, Psicología o Ciencias del Deporte ―cuya desbordada demanda no puede cubrir la pública por falta de plazas y medios― ya hay más alumnos en primero en Madrid que en las aulas públicas. Esta senda de privatización la han iniciado con todo el ímpetu en Andalucía, Extremadura y Canarias.

La asfixia financiera y de resultas laboral de los científicos más jóvenes ha derivado en la creación este mes de la Asociación de Trabajadoras Precarias de la Investigación de la Comunidad de Madrid (ya existe una de ámbito estatal). “No podemos seguir permitiendo que la investigación se sostenga sobre la precariedad. Es hora de que se nos reconozca y garantice un futuro estable”, señala Cristina Rodríguez, vicepresidenta.