Nicolás Grau, ministro de Economía de Chile: “Para pagar los derechos sociales hay que elevar la productividad”

El Gobierno de Chile promulgó la semana pasada la ley que aumenta el sueldo mínimo del país en un 14,3%, una subida que su ministro de Economía, Nicolás Grau, defiende como “la mayor en términos reales de los últimos 25 años”. Pero tan importante como el porcentaje son los detalles de una medida que, según Grau, resume el espíritu de la política económica en el nuevo Gobierno de Gabriel Boric: las pymes que no puedan enfrentar la subida recibirán una subvención estatal con...

El Gobierno de Chile promulgó la semana pasada la ley que aumenta el sueldo mínimo del país en un 14,3%, una subida que su ministro de Economía, Nicolás Grau, defiende como “la mayor en términos reales de los últimos 25 años”. Pero tan importante como el porcentaje son los detalles de una medida que, según Grau, resume el espíritu de la política económica en el nuevo Gobierno de Gabriel Boric: las pymes que no puedan enfrentar la subida recibirán una subvención estatal con el doble objetivo de reducir la desigualdad (con las grandes empresas) y aumentar la productividad. De crecer a tasas anuales superiores al 4% a mediados de los noventa, la productividad en Chile se ha estancado en los últimos 15 años y en algunos casos ha llegado a retroceder. Digitalizar las pymes, mejorar sus condiciones financieras y darles prioridad en los tratos con la Administración son otras herramientas que el ministerio de Grau piensa desplegar.

Pero la que probablemente sea su medida estrella es la reorientación general de la economía hacia “las oportunidades” de dinamismo que genera la lucha contra el cambio climático, como dijo el propio Grau a EL PAÍS durante una entrevista por videoconferencia el pasado martes. “Chile, como el resto del mundo, tiene que hacer un esfuerzo importante para moverse hacia una economía verde, pero nosotros tenemos particularidades que nos permiten abordar la crisis climática al mismo tiempo que avanzamos en una solución a nuestro problema de productividad”, dice.

Algunas de esas particularidades son compartidas por otros países de la región, como la abundancia de viento y sol con un Estado que acompañe a los proveedores nacionales para hacerlos crecer. Pero la condición verdaderamente específica de Chile es una economía cuyas principales empresas ya están alineadas con la transición ecológica: las grandes mineras obtienen materiales como el cobre y el litio, imprescindibles en la electrificación y en la fabricación de baterías. Como dice Grau, Chile puede distinguirse porque “en otros países las producciones principales son incompatibles con el objetivo de llegar a la neutralidad en [emisiones] de carbono”.

La pregunta obligada es cómo se financia esa reorientación tras una pandemia que elevó el déficit fiscal de 2021 hasta un 7,6% del PIB y en un contexto inflacionario global donde los capitales huyen hacia un dólar que vuelve a ofrecer tipos atractivos. Parte de la respuesta es la creación de un banco de desarrollo nacional. Aunque no se espera que comience con muchos fondos, Grau confía en que funcione como una señal para que los inversores privados coordinen luego sus esfuerzos. El problema es que la exportación de hidrógeno verde o las mejoras en la productividad no son cosas que se consigan en el corto plazo y Boric fue elegido presidente tras las protestas sociales de 2019 y 2020, cuando los chilenos salieron a las calles exigiendo mejor educación, pensiones y salud, entre otras reclamaciones de difícil financiación.

“Desarrollar una política industrial moderna lleva tiempo, y eso es lo que tiene que suceder para revertir 15 años de estancamiento en la productividad”, dice Grau. “Pero también estamos desarrollando un conjunto de políticas para los problemas de corto plazo, con el aumento del salario mínimo como el ejemplo más claro, o las condiciones estructurales que estamos generando para las empresas de menor tamaño, como favorecerlas en las compras públicas y obligar a las empresas grandes a que les paguen a tiempo”. Sin mayoría en ninguna de las cámaras legislativas, el Gobierno logró la subida del salario mínimo con un proceso que Grau describe como de mucho diálogo, en el que también participaron la principal central sindical del país y la patronal de las pequeñas y medianas empresas. Según él, el consenso se logró cuando acordaron la introducción de los subsidios para las pymes. “Uno de los principales argumentos para no subirlo era que las empresas de menor tamaño no lo iban a poder pagar”, dice.

El Gobierno anterior, explica Grau, subsidiaba a los ciudadanos de salarios bajos otorgándoles un ingreso mínimo garantizado. Una medida que parece equivalente, pero no es igual. No solo porque termina convirtiéndose en un subsidio indirecto a las empresas de mayor tamaño, sino por “la dignidad del trabajo”. “El salario mínimo no es solo un tema de distribuir recursos, también tiene que ver con el valor del trabajo”.

Impuesto a la riqueza

Es posible que la aprobación de la reforma impositiva que su Gobierno piensa acometer no sea tan sencilla de lograr. Entre otras medidas, el plan contempla una estructura fiscal menos regresiva donde se introduzca un impuesto a la riqueza (equivalente al impuesto al patrimonio español), se eliminen exenciones tributarias y se aumenten los royalties a los grandes proyectos mineros.

Grau no lo ve tan difícil. “Hay sectores amplios de la población, incluyendo personas del mundo del centro-derecha, que entienden que Chile necesita hacer una expansión de derechos sociales y que esa expansión tiene que ser financiada de manera sostenible”, dice. “Eso requiere crecimiento y productividad, que es la parte que a nosotros nos toca en Economía, pero también requiere un Estado que recaude más”. Los datos confirman la escasa presión tributaria del Estado chileno, con impuestos que representan en torno al 21% del PIB (frente al 27% de Argentina o al 35% de España). Boric aspira a convertir a Chile en algo más parecido a Alemania que a Venezuela, según la revista The Economist en referencia a los planes del nuevo Gobierno de aumentar impuestos, desarrollar la industria y favorecer las inversiones verdes. “Es dudoso que algo así pueda darse rápidamente en Chile”, se respondió a sí mismo el semanario británico.

“Los Estados de bienestar europeos se constituyeron tras la II Guerra Mundial, cuando su PIB per capita era más bajo que el de Chile”, dice. “Nosotros creemos que hay que aumentar la productividad al mismo tiempo que se recauda más para financiar esos derechos sociales. Además, estas cosas se retroalimentan. Para una economía no es irrelevante que la población tenga un buen sistema de salud y de educación, o que exista un buen sistema de cuidado que permita que tanto las mujeres como los hombres puedan trabajar formalmente”, concluye.