El riesgo de un rebote incompleto

La pandemia que se inició a finales de 2019 vino a interrumpir dramáticamente la recuperación de la economía española tras la severa crisis financiera de finales de la primera década del siglo XXI, que tuvo en nuestro caso una particular virulencia. Golpeó a España cuando la restauración del crecimiento todavía no se había consolidado y, sobre todo, no se había repuesto ...

CAPÍTULO VII. [ Ver serie completa ]

La pandemia que se inició a finales de 2019 vino a interrumpir dramáticamente la recuperación de la economía española tras la severa crisis financiera de finales de la primera década del siglo XXI, que tuvo en nuestro caso una particular virulencia. Golpeó a España cuando la restauración del crecimiento todavía no se había consolidado y, sobre todo, no se había repuesto del pesado legado de la anterior, y arrastraba altos niveles de endeudamiento, elevado desempleo y precariedad laboral en un segmento significativo del mercado de trabajo.

En conjunto, ambas crisis supusieron una brusca desviación de la senda de crecimiento y modernización de la economía española del periodo democrático y de pertenencia a la UE. En el gráfico adjunto se compara la senda de crecimiento en el siglo XXI con el que se habría producido si la tendencia de las décadas anteriores se hubiera mantenido. La brecha entre ambas trayectorias ilustra la gravedad de lo ocurrido, la magnitud de la frustración de las expectativas y la trascendencia de los retos a los que se enfrenta la economía. Cuando la recuperación se estaba asentando se ha visto interrumpida y amenazada por el potente efecto desestabilizador de la guerra de Ucrania, que incluso puede llegar a mutar la reactivación en una nueva recaída, convirtiéndose en la tercera gran crisis económica del comienzo de este siglo. Si eso llegara a ocurrir, la salida de la pandemia habría quedado en un rebote incompleto.

El retroceso desencadenado por la grave crisis sanitaria de la covid-19 fue muy diferente de la crisis financiera previa, por su naturaleza, intensidad y duración, pero también por la respuesta de la política económica a nivel europeo y nacional; y la recuperación estaba siendo también muy distinta.

El golpe de la pandemia rompió con los esquemas habituales de las oscilaciones económicas. Fue totalmente exógeno, no tuvo su origen en desequilibrios económicos o financieros y fue más violento, por la paralización de las actividades económicas, que cualquier perturbación desde la posguerra. En España, el PIB cayó en 2020 nada menos que un 10,8%. Su brusquedad y su carácter ajeno a la economía hicieron pensar en la inminencia de un brioso rebote. Es decir, se confiaba en una recuperación en forma de V. Pero pronto se tuvo que reconocer que la persistencia del virus y la gravedad de lo ocurrido no pondrían las cosas fáciles. La teoría de la V dio paso a la de la V asimétrica, con una corrección más gradual que la brusca caída. En todo caso, un patrón menos prolongado y severo que la W de la doble recesión de la crisis financiera. Este era el esquema que se estaba siguiendo, habiéndose recuperado la mayor parte de la producción y las rentas perdidas, hasta que su trayectoria se ha visto truncada por las graves consecuencias del conflicto armado en Europa que vuelve a amenazar con la temida W.

Minimizar costes

Un factor distintivo de la rápida reacción había sido la respuesta innovadora de la política económica. Una crisis de origen sanitario no estaba en el recetario de los gestores públicos. No servían las fórmulas tradicionales. Hubo que improvisar. La prioridad indiscutible era minimizar los costes en vidas humanas y número de enfermos, y evitar el colapso de los sistemas sanitarios. Y para ello había que incurrir en importantes gastos públicos, con el fin de aligerar los costes del parón forzoso de la actividad, dar soporte a la reanudación del crecimiento, proteger el mantenimiento de las rentas y proporcionar cobertura a los sectores sociales más vulnerables.

Para España, la respuesta europea resultaba determinante. Sin el apoyo exterior estaba abocada a recaer en graves aprietos financieros. Afortunadamente, la UE no se podía permitir repetir los retrasos y reticencias con los que había reaccionado 10 años antes, aunque tuviera que recurrir a políticas de gasto que contraviniesen sus reglas fiscales y desbordasen el rígido marco de la disciplina común. Se abrió la mano a los desequilibrios presupuestarios y a los aumentos de la deuda, incluso a los países más endeudados. Se hizo imprescindible un giro de políticas que afirmase el protagonismo del sector público como dinamizador del sector privado en la estabilización de las economías y garante del funcionamiento de los mercados en situación de emergencia.

La feliz innovación del Plan de Recuperación Next Generation EU articuló un rompedor programa de subvenciones y préstamos europeos para apoyar el esfuerzo expansivo de los países miembros. Fue un paso audaz que demostró capacidad de reacción y un ejercicio efectivo de solidaridad y de compartimiento de riesgos entre los socios ante una perturbación excepcional. Los nuevos fondos canalizan transferencias efectivas desde los países que más pueden hacia los que más lo necesitan. Además, el esfuerzo solidario se financia con una apelación conjunta a los mercados de capitales mediante la emisión de bonos europeos, que alivia la presión sobre los países más atribulados. Este avance europeo suministró un soporte fundamental para la reactivación española, aunque sea todavía un recurso no incorporado a la arquitectura institucional comunitaria.

Con el escudo protector del respaldo de la UE que proporcionó la suspensión temporal de las reglas de estabilidad presupuestaria, el refuerzo del talante laxo del BCE y la disponibilidad de voluminosos fondos europeos, la política económica española pudo adoptar con rapidez una orientación fiscal expansiva con la que contrarrestar la violenta conmoción de los confinamientos y las restricciones sobre actividades con mucho peso en el producto español, como el turismo, la hostelería, el transporte, el automóvil, etcétera. Un patrón de especialización que hizo que el hundimiento de la producción fuera en España más pronunciado que en la mayoría de los países avanzados.

Cabe destacar, por su acierto y oportunidad, la introducción de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) y las líneas de crédito del ICO. La primera de estas medidas dotó al mercado de trabajo español de un mecanismo excepcional de flexibilidad para adaptarse a una perturbación transitoria minimizando el impacto sobre el empleo y actuando como soporte parcial de las rentas. Con ello se logró romper con el papel multiplicador de las recesiones que tradicionalmente venía desempeñando la peculiar configuración del mercado de trabajo español, que hacía que los impulsos contractivos se tradujesen en una masiva destrucción de puestos de trabajo. La introducción de esta vía de ajuste facilitó la mayor rapidez en la reacción del empleo, que ha sido una de las características distintivas de esta fase de reactivación económica. Todo un ejemplo de cómo la flexibilidad del marco institucional y la estabilidad de los puestos de trabajo no están necesariamente reñidas, sino que pueden ser complementarias.

Con los avales del ICO se cortó el peligroso canal de realimentación que podía haber trascurrido a través de la crisis de liquidez de las empresas por la caída de sus ingresos y propagarse mediante la contracción del crédito bancario e interempresarial, lo que habría supuesto un número mayor de cierre de negocios y reavivado el fantasma de una nueva crisis financiera. Con todo, el estrangulamiento afectó desgraciadamente a un segmento significativo del atomizado sistema productivo, aunque las moratorias que se autorizaron para alquileres y otras rentas actuaron también como paliativos.

Estas medidas, y otras de carácter social destinadas a proteger los sectores más vulnerables y a contener el aumento de la desigualdad, fueron fundamentales para facilitar el empuje del rebote. No fueron suficientes, sin embargo, para evitar que este fuera menos completo que en otros países de nuestro entorno y que se retrasara el horizonte de vuelta a los niveles previos a la pandemia.

El desenlace de la reactivación está todavía por escribir porque los riesgos a los que ya estaba sometida se han visto confirmados y amplificados por la sacudida perturbadora de la guerra de Ucrania, que ha venido a desencadenar repentinamente fuertes impactos inflacionistas y depresivos a la vez.

Un factor clave para amortiguar la nueva conmoción sigue siendo el aprovechamiento que se haga de los fondos europeos diseñados para promover un gran esfuerzo inversor, acompañado de reformas orientadas a mantener y ampliar el producto potencial de la economía. La adecuada calibración de las políticas de gasto resultará un factor determinante de lo que ocurra. Una tarea nada sencilla cuando se trata de administrar programas de gasto de dimensiones desconocidas en áreas como el medio ambiente, la digitalización y la calidad del capital humano, en las que España presenta rezagos y deficiencias importantes y en las que la gestión de las Administraciones públicas carece de la coordinación y del dinamismo necesarios. Si los fondos no llegan o se desperdician, la economía saldrá de la crisis, agravada por la guerra, más tarde y con menor capacidad de crecimiento.

Un legado difícil con el que habrá que lidiar es el alto nivel de endeudamiento público, que ha alcanzado el máximo histórico del 120% del PIB. Con esta pesada carga, la sostenibilidad del crecimiento dependerá crucialmente de la credibilidad del programa de consolidación presupuestaria a medio plazo. Y en ello desempeñarán un papel decisivo tanto la seriedad de las políticas fiscales nacionales que se proyecten hacia el futuro como el realismo y la flexibilidad de las nuevas reglas de disciplina europea que se han de reescribir a la luz de la experiencia adquirida. España y Europa se juegan mucho en la redefinición de estas reglas.

Con el tiempo, las facilidades excepcionales de financiación exterior se irán mitigando gradualmente y la atención de los inversores y de los mercados financieros se centrará en las condiciones de cada país. El efecto balsámico de las medidas excepcionales dejará paso a una actitud más discriminante. Los países más frágiles tendrán más problemas para sobrellevar la ardua herencia de la deuda contraída.

Tensiones inflacionistas

Una rémora al dinamismo que ya había emergido en la vuelta a la normalidad fue la prematura aparición de tendencias inflacionistas como consecuencia de la falta de simetría en la reactivación de la demanda y de la oferta, que dio lugar a importantes estrangulamientos en el suministro. El colapso de la demanda, inducido por las restricciones, fue en buena medida un embalsamiento de la misma. Por eso la progresiva normalización generó un intenso efecto rebote del gasto. En cambio, la paralización de la oferta había sido genuina. Los bienes y servicios se habían dejado de producir e incluso las existencias habían mermado.

La reanudación de la actividad productiva en todo el mundo estaba siguiendo una pauta gradual que no podía mantener el paralelismo con la reacción del gasto. Las tensiones de precios y los estrangulamientos de suministros se hicieron patentes particularmente en los mercados energéticos y de inputs electrónicos, aquejados de distorsiones estructurales específicas. Y la invasión rusa de Ucrania ha venido a realimentar esas tensiones, alumbrando un nuevo escenario que aúna intensas presiones de precios con avisos de estancamiento. Un escenario de shock de oferta y de demanda que suscita complejos dilemas a la respuesta de la política económica.

Ante los riesgos de recaída es importante que la inevitable modulación de las políticas monetarias expansivas se haga con prudencia y gradualidad, y que se evite toda precipitación en la necesaria consolidación presupuestaria. Pero tampoco se puede perder de vista el peligro de que las alzas de costes y precios se generalicen, se incorporen a las expectativas y den lugar a las dañinas espirales del pasado, en un intento baldío de escapar a las pérdidas que se derivan de la guerra. Ello sería notablemente perjudicial para el dinamismo por el efecto combinado de la modificación del tono de la política monetaria con la reaparición de una conducta discriminadora de los inversores en forma de primas de riesgo que penalizarían a los países más vulnerables.

Mantener los estímulos económicos en presencia del fantasma de la inflación con estancamiento exige concentrar los esfuerzos en contener las alzas de costes, márgenes y precios. Es fundamental que los mecanismos institucionales y de mercado preserven la flexibilidad necesaria y que los sistemas de indiciación de precios y rentas, allá donde pervivan, sean capaces de descontar los efectos excepcionales de una situación desacostumbrada. Si ello no fuera así, todos los sectores de la economía saldrían perdiendo, y particularmente la creación de puestos de trabajo. Una política de concertación de rentas que acuerde la distribución del coste en aras de la estabilidad sería una respuesta a la altura de las difíciles circunstancias.

El empleo estaba siendo la vanguardia de la recuperación, demostrando la positiva respuesta a la gran innovación de los ERTE, a la contención salarial y a las mejoras introducidas en la flexibilidad laboral con las modificaciones que se hicieron en la crisis financiera. El problema, sin embargo, continuaba siendo que la capacidad de ajuste descansaba en buena medida en la pervivencia de un segmento demasiado amplio de empleo temporal y precario. A ello pretende hacer frente la reciente reforma del mercado laboral, que, preservando gran parte de las mejoras introducidas con anterioridad, ha incorporado los mecanismos RED (similares a los ERTE) como recurso permanente de ajuste en situaciones de crisis y ha reordenado las fórmulas de contrato temporal, haciéndolas más exigentes, abriendo nuevas fórmulas para el empleo fijo y eliminando fisuras para los abusos, aunque también se han introducido algunas modificaciones en la negociación colectiva que pueden facilitar la reincidencia en los sesgos tradicionales hacia la indiciación salarial.

En definitiva, la recuperación presentaba luces, por los soportes que suministran las innovaciones políticas adoptadas, pero también sombras, por la pervivencia de problemas estructurales en la economía española que requieren reformas de alcance, enunciadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Unas sombras que se han visto oscurecidas con la nueva sacudida de la guerra y de las sanciones económicas al agresor, que han dado un vuelco al escenario y plantean la difícil tarea de combatir el recrudecimiento de la inflación sin agravar las pulsiones recesivas.

José Luis Malo de Molina es economista.