El Gobierno promete a Bruselas que se crearán 1,5 millones de empleos adicionales hasta 2026

El plan de ajuste que el Gobierno acaba de enviar a Bruselas, un compromiso marcado por las nuevas reglas fiscales europeas, no contiene mucho detalle, pero sí estimaciones ambiciosas. Entre ellas, la promesa de que en España se crearán más de 1,5 millones adicionales de puestos de trabajo hasta 2026, lo que supondrá un nuevo récord de ocupación con un número total de empleados que rozará los 23 millones de personas. Todo ello, añade el ...

El plan de ajuste que el Gobierno acaba de enviar a Bruselas, un compromiso marcado por las nuevas reglas fiscales europeas, no contiene mucho detalle, pero sí estimaciones ambiciosas. Entre ellas, la promesa de que en España se crearán más de 1,5 millones adicionales de puestos de trabajo hasta 2026, lo que supondrá un nuevo récord de ocupación con un número total de empleados que rozará los 23 millones de personas. Todo ello, añade el documento, no vendrá acompañado por una disminución de la productividad como ha ocurrido en épocas pasadas. Al contrario. “Los datos más recientes muestran una vuelta a la tendencia de crecimiento estructural de la productividad por hora”, señala el informe, que además proyecta una reducción de la jornada media laboral, una promesa del Ejecutivo de coalición defendida a capa y espada sobre todo por Sumar, su socio minoritario.

El mercado laboral ha crecido a un ritmo medio del 2,6% anual desde la aprobación de la reforma laboral, que entró en vigor a principios de 2022. Eso implicó 780.000 empleos adicionales el año pasado y unos 280.000 el anterior, aunque en los últimos trimestres la creación de empleo se ha estado desacelerando, si bien está en niveles máximos. Estos incrementos también han sido impulsados por la recuperación de la economía tras la pandemia —aunque lastrada por la irrupción de la crisis energética—, y el maná de los fondos europeos. La estimación es que la tasa de ocupación avance un 2,6% este año, un 2,5% el próximo y un 2,2% en 2026. Con esos porcentajes de crecimiento, el número de empleados pasará de los 21,3 millones registrados al cierre de 2023 a los 22,9 millones en 2026, último año por el cual el documento esboza sus previsiones en materia laboral, aunque el plan de ajuste tenga una orientación a cuatro años, hasta 2028.

Además de la contribución positiva de la reforma laboral, el Gobierno prevé que la ocupación tenga el impulso de las robustas tasas de crecimiento real de la economía proyectadas para los próximos ejercicios y de la evolución demográfica, con la llegada de importantes flujos migratorios. En sus previsiones de PIB, el Gobierno tiene en cuenta tanto las medidas ya comprometidas en el Plan de Recuperación vinculado a la crisis de la covid como nuevas políticas adicionales. Estas políticas sirven para que la Comisión permita que el plan de ajuste sea ampliado de cuatro a siete años.

“En el medio plazo, el despliegue de los efectos de las reformas conciliará el descenso de la tasa de desempleo con ganancias de poder adquisitivo de los asalariados y una reducción de la jornada media. La incorporación de los efectos esperados de la agenda reformista en el ámbito laboral al escenario macroeconómico permite proyectar nuevos máximos de ocupación, un crecimiento continuado del poder adquisitivo de los asalariados y una reducción sostenida de la tasa de paro”, vaticina el informe.

La reforma laboral, que reorganiza los contratos y refuerza el uso de la figura del fijo-discontinuo, entre otros asuntos, seguirá siendo el motor que tirará del carro, a la que se sumarán otras iniciativas. En 2025 entrará en vigor la reforma del sistema de prestaciones por desempleo, que según las estimaciones del Gobierno permitirá reducir la tasa de paro estructural. Dentro de esta reforma se incluye un nuevo esquema de incentivos: un nuevo complemento de apoyo al empleo para compatibilizar el subsidio con la actividad.

Otro de los objetivos del Ejecutivo es atraer a profesionales extranjeros cualificados, vista la creciente ola migratoria que llega a España, a través de la simplificación en la homologación de títulos y modificaciones en el sistema de extranjería. El plan de ajuste también menciona el esfuerzo que se pondrá en marcha para “modernizar la formación profesional”, dirigida principalmente a “sectores estratégicos como la economía verde y la industria digital”.

Este cóctel de políticas y previsiones macroeconómicas desencadenará, según el Ejecutivo, una suerte de círculo virtuoso que dará un empujón al crecimiento del PIB. Si la reforma laboral tendrá un impacto positivo de dos décimas sobre el PIB, será de dos y tres décimas, respectivamente, el efecto que generará compatibilizar los subsidios con el empleo y la reforma del reglamento de extranjería y la homologación de títulos, ambos previstos para el próximo año. Las mejoras en la formación profesional, por su parte, aportarán otras dos décimas al crecimiento, por un impacto total de un punto del PIB, unos 15.000 millones con los datos de este año.

“Las dinámicas positivas del mercado laboral (demografía y tasa de actividad) explican entre 0,9 y 1 punto del crecimiento potencial”, señala el plan. “La contribución del factor capital (que se incrementa para satisfacer la creciente oferta de trabajo) se situará entre el 0,3 y el 0,5 del PIB. Por su parte, la productividad contribuirá en los próximos años entre 0,6 y 0,7 puntos al PIB potencial, en línea con lo observado en 2023″.

El plan de ajuste, presentado este martes por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, supone una novedad en los compromisos que los socios europeos tienen asumidos con Bruselas. Es la primera vez que los Estados miembros confeccionan este documento, que la Comisión Europea exige ahora raíz de la reforma de las reglas fiscales. A diferencia del marco anterior, donde la variable clave que las autoridades comunitarias vigilaban era el déficit estructural, el foco se ha deslizado al gasto computable, es decir los desembolsos públicos totales a los que se restan partidas como los intereses o los desembolsos cíclicos por el desempleo. El objetivo es que este gasto no se dispare, y que su crecimiento —inevitable por la presión que ejercen partidas siempre al alza como las pensiones o la Sanidad— permita colocar la tasa de deuda en una trayectoria descendente en el medio y largo plazo. El crecimiento máximo permitido para España es de un 3% en el promedio hasta 2031, el periodo durante el cual se aplicará el ajuste.

28.000 millones más de ingresos impositivos

El Gobierno también proyecta una subida de los ingresos impositivos de más de 28.000 para este año, hasta superar los 382.000 millones, una cifra que incluye tanto impuestos como cotizaciones. El incremento se verá impulsado en buena parte por el crecimiento de la economía, estimado en un 2,7%, pues el mejor comportamiento del mercado del trabajo y de la actividad ensanchan las bases imponibles: a más empleo, más pago de IRPF y cotizaciones, más beneficios empresariales se traducen en una mayor recaudación por sociedades y un mayor consumo implica tributar más por la imposición indirecta, como IVA e impuestos especiales. También la inflación, aunque se haya moderado, contribuirá a insuflar más aire a las arcas públicas, así como la subida de cotizaciones contemplada en la reforma de las pensiones.

De aquí en adelante, el Ejecutivo también se guarda unos cartuchos para incrementar la recaudación tributaria. Uno de ellos es la reforma fiscal, que tiene comprometida con Bruselas para que se libere el quinto desembolso de los fondos del Plan de Recuperación y que Cuerpo ha adelantado que se presentará, previsiblemente, antes de que termine el año. El Gobierno estima que tenga un impacto de tres décimas sobre el PIB, aunque no ha presentado todavía las medidas concretas que contendrá. Sí ha avanzado que los impuestos extraordinarios a banca y energéticas se convertirán en permanentes, se reforzará la lucha contra el fraude e incluye en sus previsiones la transposición de la directiva comunitaria que impone un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes multinacionales. Estas iniciativas ya supondrían una parte sustancial de los cerca de 4.500 millones que el Ejecutivo pretende recaudar con la reforma fiscal.