El Gobierno estudiará si mantiene la rebaja del IVA alimentario y del bono transporte

Bruselas ha recomendado que los Estados empiecen a retirar las medidas que repartieron por doquier para paliar el impacto económico de la guerra. El BCE quiere que los países no lleven a cabo impulsos fiscales generalizados que alimenten todavía más la inflación. A partir de 2024, volverán a aplicarse las restricciones que imponen las reglas fiscales europeas. La necesidad de ir reconduciendo las cuentas públ...

Bruselas ha recomendado que los Estados empiecen a retirar las medidas que repartieron por doquier para paliar el impacto económico de la guerra. El BCE quiere que los países no lleven a cabo impulsos fiscales generalizados que alimenten todavía más la inflación. A partir de 2024, volverán a aplicarse las restricciones que imponen las reglas fiscales europeas. La necesidad de ir reconduciendo las cuentas públicas tras la pandemia llama a la puerta. Francia ya ha visto como Fitch le rebajaba su calificación crediticia hace tres semanas debido a la “rigidez de su gasto público”. Las agencias de calificación de riesgos ya están alertando en sus informes de que la combinación de tipos más altos y una demografía adversa pesará sobre el gasto público de los países. En este contexto, el Gobierno ha prometido a la UE que el déficit público descenderá este año hasta el 3,9% del PIB y que en 2024 estará en el 3%, el umbral máximo permitido para evitar la disciplina presupuestaria europea. Para poder ir cumpliendo con esta senda, en un momento en el que los ingresos están ralentizándose, el Ejecutivo tiene previsto revisar todas las medidas que expiran a finales de junio. Cuando se aproxime la fecha, verá cuáles prorroga y cuáles descarta. En este grupo están la rebaja del IVA a los alimentos básicos, el bono del transporte urbano y la bonificación al carburante profesional.

Entre las medidas que deberían finalizar el 30 de junio porque así lo incluye el decreto y que el Gobierno analizará, además de las mencionadas, están el límite al precio máximo de la bombona de butano, la rebaja del 80% en los peajes de la industria electrointensiva, la reducción al 4% del IVA de las mascarillas y las ayudas al transporte por carretera y marítimo. En marzo acabó el plazo para solicitar el cheque de 200 euros para colectivos vulnerables. “Ahora mismo no es posible saber qué decisión se tomará, pero, como se ha hecho hasta ahora, se adoptará lo que se considere mejor”, transmiten fuentes gubernamentales.

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, dio pistas al respecto este viernes. En una entrevista concedida a Catalunya Radio, afirmó que, en un contexto de caídas de los precios energéticos, la bonificación al carburante para profesionales terminará el 30 de junio, como está legalmente previsto: “Está claro que las ayudas tienen que irse retirando, pero no en España, en todos los países. De hecho, nosotros tenemos la ventaja de que ya hemos metido unos mecanismos automáticos que las van reduciendo, por ejemplo, la bonificación del carburante dejó de ser general a final de año. La dejamos solo para los sectores más afectados, pues el transporte, la agricultura, la ganadería y la pesca. La hemos reducido ya en el segundo trimestre del año y termina en junio”. Calviño añadió que el Gobierno irá decidiendo y adaptando las medidas cada seis meses, retirando “aquellas que ya tienen menos sentido” y asegurando “la eficacia” y “el mínimo coste fiscal”.

Tras la entrevista, su departamento aclaró que será a partir de junio cuando se tendrá que evaluar si se prosigue con estas subvenciones. “Estas declaraciones se producen en un contexto en el que la Comisión Europea ha solicitado a los Estados miembros ir retirando las ayudas, opinión que comparten otros organismos supervisores”, subrayan fuentes de Economía.

En cambio, sí que se mantendrán hasta finales de año los descuentos generalizados en la fiscalidad del gas y la electricidad: la reducción al 5% del IVA de la luz y el gas, la disminución del impuesto especial sobre la electricidad y la suspensión del impuesto sobre la producción eléctrica. Todas tienen como fecha de caducidad el 31 de diciembre y no está previsto que se revisen antes. La gratuidad de los trenes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia de Renfe está recogida en los Presupuestos y seguirá a lo largo de todo el año.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó el día que presentó las cuentas que es una medida con vocación estructural. También hay otras ayudas que se han introducido a raíz de la crisis con carácter permanente, como el refuerzo del bono social térmico o la rebaja del IRPF para rentas inferiores a los 21.000 euros. “Hasta la fecha, España ha compaginado con éxito medidas de apoyo a las familias, autónomos y empresas con la reducción del déficit público”, señalan fuentes de Hacienda.

Seis decretos

Desde que Rusia invadió Ucrania a inicios de 2022, el Gobierno ha aprobado una avalancha de medidas en seis decretos ley. La guerra agravó una crisis energética e inflacionaria que ya estaba en ciernes. La factura de las ayudas alcanzó los 22.217 millones de euros el año pasado, una cifra equivalente a dos nóminas mensuales de las pensiones. En 2023 se prevé que esta cifra ronde los 16.000 millones, según estima la Autoridad Independiente para la Responsabilidad Fiscal (Airef). De ellos, más de 8.000 millones se corresponden a la rebaja de la fiscalidad energética. Este cálculo no prevé la prórroga de ninguna de las iniciativas cuyo final está previsto para el 30 de junio.

Además, el Gobierno está anunciando nuevas medidas en plena campaña electoral. De ellas, la mayoría se financian con fondos europeos, créditos, avales o ya estaban presupuestados. Pero también hay algunas con coste, como la rebaja del IRPF para agricultores y ganaderos, por valor de 1.800 millones, y parte del paquete de ayudas a la sequía. La Autoridad Fiscal ha señalado que el déficit puede acabar este año un poco más alto de lo que espera el Gobierno: en el 4,1% del PIB en lugar del 3,9% que anticipa el Ejecutivo. Pero advierte de que si se prorrogan las medidas que tienen que finalizar en junio, entonces el déficit se iría por encima del 4,3%. Y explica que los paquetes por la sequía podrían elevar más el desfase de las cuentas públicas. Aunque todavía es pronto, los primeros datos de recaudación de 2023 están arrojando una ralentización de los ingresos mayor que la que espera el Gobierno. De confirmarse esta tendencia, el margen sería todavía más estrecho.

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