El Gobierno aprueba unos Presupuestos con más gasto y más inversión pese a que prevé un menor crecimiento

Los últimos Presupuestos de la legislatura llegan en un escenario enrarecido, en el que después de la pandemia vuelven a aparecer nubarrones que ensombrecen el horizonte: una crisis energética que ha disparado la inflación y empeorado las previsiones de crecimiento. Aunque el Ejecutivo ha mejorado sus estimaciones de PIB para este año, del 4,3% al 4,4%, empeora en seis décimas el pronóstico para 2023, del 2,7% al 2...

Los últimos Presupuestos de la legislatura llegan en un escenario enrarecido, en el que después de la pandemia vuelven a aparecer nubarrones que ensombrecen el horizonte: una crisis energética que ha disparado la inflación y empeorado las previsiones de crecimiento. Aunque el Ejecutivo ha mejorado sus estimaciones de PIB para este año, del 4,3% al 4,4%, empeora en seis décimas el pronóstico para 2023, del 2,7% al 2,1%. Sobre esta última cifra se elaborarán las cuentas de 2023, que los dos socios de Gobierno han aprobado este martes en el Consejo de Ministros, tras alcanzar un acuerdo PSOE y Unidas Podemos a altas horas de la madrugada que incluye, entre otras, mejoras de las prestaciones de paro y la extensión a más mujeres de la ayuda de 100 euros al mes por hijo de cero a tres años. La tasa de crecimiento, sin embargo, estará sujeta a muchas incertidumbres por el frenazo de las economías europeas, los altos precios del gas y las subidas de los tipos de interés. Se trata de un presupuesto expansivo, con un fuerte impulso a la inversión —de la mano de los fondos europeos— y del gasto público, en el que las pensiones se revalorizarán un 8,5%, se recogerán las nuevas medidas pactadas y habrá un paquete fiscal que eleva la recaudación en 3.100 millones.

Seis de cada 10 euros del presupuesto se destinarán a gasto social, que alcanzará los 266.719 millones de euros, un máximo histórico. Si se incluyen los fondos europeos, serán 274.445 millones. El aumento será del 10,5%, según el Ejecutivo. La subida del gasto en defensa, que ha causado polémica entre los socios de Gobierno, subirá un 25,8%, con 4.800 millones para la modernización del ejército financiados a crédito. Así, la partida total de defensa llegará a 12.317 millones.

Las cuentas se presentan después de que los socios de la coalición llegaran a un acuerdo para mejorar las prestaciones sociales, una exigencia de Podemos. Entre las novedades más destacadas está la ampliación de la ayuda de 100 euros mensuales para madres con hijos de cero a tres años, hasta ahora restringida a mujeres trabajadoras. Además, se elevará la prestación por desempleo del 50% al 60% de la base reguladora a partir de los seis meses, se reforzará la partida de dependencia con 620 millones más y se subirá la cuantía del ingreso mínimo vital igual que las pensiones. El IPREM —indicador que sirve para el cálculo de las ayudas— pasará de 579 a 600 euros. Los socios del Ejecutivo también se han comprometido a tramitar una ley de familias que incluya nuevos permisos de conciliación y extienda el concepto de familia numerosa.

Por otro lado, las cuentas incluirán la prolongación a 2023 de la gratuidad de los trenes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia, con un impacto de unos 700 millones. Pero no incorporarán nuevas medidas para limitar el golpe de la guerra en Ucrania. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado en la rueda de prensa que el decreto de ayudas se evaluará y se hará uno nuevo a finales de año, financiándolo con los nuevos impuestos anunciados a la banca, energéticas y ricos, cuya recaudación no se ha plasmado en los presupuestos.

En julio, el Ejecutivo había anunciado un techo de gasto récord para 2023, de 198.221 millones, incluidos los fondos de la UE, un 1,1% superior al fijado para el año en curso, que ya había supuesto un máximo. La principal partida para el próximo ejercicio será, una vez más, la de las pensiones. La vuelta a la revalorización con el IPC hará que estas se actualicen en el entorno del 8,5%, según estima el Gobierno. Además, hay que sumar el aumento en el número de pensionistas y que las nuevas prestaciones son más cuantiosas que las que salen del sistema. En conjunto, la partida crecerá un 11,4%, según ha avanzado Montero, hasta superar los 190.000 millones.

Otra rúbrica importante es el sueldo de los funcionarios. Para 2023, el Gobierno ha pactado con UGT y CC OO una subida del 2,5%, que podría elevarse en un punto en función de la evolución del PIB y del IPC. El incremento, junto al aumento de plantilla por las nuevas oposiciones convocadas, elevará un 6,6% la masa salarial del Estado hasta los 20.500 millones. Bajará, en cambio, la partida destinada a desempleo, un 5,3%, hasta los 21.278 millones, gracias a la mejora del mercado laboral. El Gobierno prevé que la tasa de paro se sitúe en el 12,8% este año y el 12,2% el que viene.

El foco también está en cuánto se destina a pagar intereses de la deuda, en un contexto en el que los tipos están subiendo. Aunque el año pasado se presupuestó un poco de más, la partida ya sumaba los 30.000 millones en las cuentas de este ejercicio y se prevé un alza del 3,7% en el próximo, hasta 31.330 millones. La inversión pública, por otra parte, volverá a contar con el poderoso respaldo de los fondos europeos, unos 21.000 millones de euros en las cuentas. Aunque hasta ahora ha costado ponerlos en marcha, el Gobierno asegura que su ejecución está alcanzando una velocidad de crucero.

La inversión es otro de los puntos fuertes de estas cuentas gracias a los fondos europeos. El gasto presupuestado entre inversiones reales y transferencias de capital rondará los 43.000 millones, un 7,2% más contemplando los fondos europeos. El 25,5% se destinará a I+D+i y digitalización, seguida por industria y energía (19,7%) e infraestructuras y ecosistemas resilientes (15,1%). “Gracias al Plan de Recuperación hemos mantenido la inversión, que en las crisis anteriores ha caído”, ha subrayado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Las comunidades recibirán la mayor inyección de recursos de la historia, 135.274 millones, un 24% más, sumando las entregas a cuenta y la liquidación de 2021. Las entidades locales dispondrán de un 5% más, hasta los 23.235 millones.

Ingresos

El gasto total de la Administración central sube en 32.000 millones, de los que unos dos tercios, unos 19.000, serán para pensiones. El Gobierno alega que podrá financiarlo con el tirón de los ingresos, que van viento en popa impulsados por la inflación. Hacienda consiguió 26.000 millones más de recaudación fiscal hasta agosto, un incremento del 19% a pesar de la rebaja de los impuestos a la luz, y prevé cerrar el año en los 244.072 millones, un 9,5% por encima de 2021. Para el año que viene conseguiría otro 7,7% más sin contar las nuevas figuras tributarias. Se trata de 18.700 millones más que la liquidación estimada para 2022: un récord de 262.781 millones. La otra pata esencial de los ingresos son las cotizaciones sociales, cuya evolución todavía no se ha desglosado pero que están subiendo este año a un ritmo del 5% (según contabilidad nacional) y rondarán los 130.000 millones.

Hacienda estima una subida de los ingresos “prudente”, ha dicho Montero a pesar de la incertidumbre sobre la evolución económica. El déficit previsto para el próximo ejercicio será del 3,9%, y la deuda descenderá hasta el 112,4% del PIB.

PSOE y Unidas Podemos también han pactado una batería de medidas fiscales, anunciada la semana pasada, con subidas y bajadas de impuestos. En el primer grupo se encuentra la creación de un nuevo tributo temporal sobre los patrimonios de más de tres millones de euros y un alza del tipo del ahorro en el IRPF para las rentas más altas. También se limita para los grandes grupos consolidados, durante un año, la posibilidad de compensar las pérdidas de filiales.

Entre las iniciativas que reducen la carga fiscal se recogen una rebaja en el IRPF para trabajadores que declaren menos de 21.000 euros anuales brutos, una bajada de tipos para pymes con facturación menor de un millón y mejoras fiscales para autónomos. El saldo de todas estas propuestas es un incremento de la recaudación de más de 3.000 millones. A ello se añade la creación de dos nuevos impuestos a la banca y las energéticas, que están en trámite y que, según Hacienda, brindarán 7.000 millones en dos años.