El déficit de las pensiones se pagará con impuestos

El Gobierno, los sindicatos y la patronal ultiman este lunes un acuerdo para la primera fase de reforma de las pensiones. Entre los ejes prioritarios de este pacto están la recuperación de las revalorizaciones con el IPC y los incentivos y desincentivos para alargar la vida laboral. Pero quizás la principal medida de todas sea el traspaso del déficit de la Seguridad Social a las cuentas del Estado. Con la idea de que se están cubri...

El Gobierno, los sindicatos y la patronal ultiman este lunes un acuerdo para la primera fase de reforma de las pensiones. Entre los ejes prioritarios de este pacto están la recuperación de las revalorizaciones con el IPC y los incentivos y desincentivos para alargar la vida laboral. Pero quizás la principal medida de todas sea el traspaso del déficit de la Seguridad Social a las cuentas del Estado. Con la idea de que se están cubriendo gastos impropios del sistema, se transferirán 22.567 millones de euros anuales que tendrán que ser soportados por Hacienda y no por cotizaciones de trabajadores y empresas. A finales de este año se habrán inyectado ya 13.929 millones que estaban contemplados en los Presupuestos y, año tras año, se subirá la cifra hasta la cantidad establecida.

Y así se reconoce en el Plan de Recuperación que envió el Gobierno a Bruselas: “Cierto es que las necesidades financieras del Estado en su conjunto no desaparecerían, pero se trasladarían a un ámbito –el estatal– en el que existen mecanismos específicos que permitirían atenderlas sin hacer recaer todo el esfuerzo en un aumento de los costes laborales, lo que resulta contraproducente dada la alta tasa de desempleo que arrastra el mercado laboral”.

El Ejecutivo explica que se está quitando a la Seguridad Social una pesada carga de gastos que no le corresponden y que así se está clarificando la situación financiera del sistema, evitando generar inquietud entre los pensionistas.

El borrador de acuerdo con los agentes sociales señala las partidas que se financiarán con la inyección del Estado. Algunas parecen justificadas, en tanto que son políticas que decide el Gobierno y que, sin embargo, su coste corre a cargo de la Seguridad Social. Es el caso de las ayudas a jubilaciones anticipadas, la reducción de cotizaciones para favorecer el empleo, el tratamiento favorable de regímenes como el sistema agrario o el complemento de maternidad. Estos conceptos alcanzan unos 9.000 millones.

Pero hay otras que pueden ser más discutibles. Un informe del servicio de estudios Fedea afirma que el resto de partidas difícilmente pueden tildarse de gastos impropios, como los 9.580 millones que sirven para financiar la prestación de desempleo y que pasarán a sufragar las pensiones. Es decir, Hacienda será quien soportará con impuestos estos gastos.

También se mueve a la financiación con tributos la prestación por maternidad o paternidad, algo que a todas luces es un pago contributivo de la Seguridad Social, se cobra precisamente conforme a lo que se cotiza y, según Fedea, no puede calificarse como gasto impropio. Y son 2.785 millones.

Ante estas afirmaciones, el Ministerio de Seguridad Social alega que no se han establecido cotizaciones suficientes para financiar esos capítulos. Sostiene que el reparto está mal calculado y que se debe asignar más al sistema de pensiones porque el servicio público de empleo ha tenido superávit en los años buenos.

En opinión de Fedea, es cierto que los pensionistas son un colectivo que tiene poco margen de maniobra y que hay que tener cuidado con actuaciones que puedan afectar a sus ingresos, especialmente en los de menor renta. Aun así, defiende que “no parece razonable eximir a todos ex ante y por completo del reparto de sacrificios que puedan ser necesarios”. Y concluye: “Si realmente existen indicios de un posible problema de sostenibilidad cuando se hacen bien las cuentas, es bueno que este se manifieste donde realmente se genera”. Los pensionistas españoles son los que perciben una mayor proporción del último salario en la UE. Y la reforma que plantea el ministro José Luis Escrivá dejaría esa proporción igual, según admite el ministerio.

En la actualidad, los mayores de 64 años presentan un menor riesgo de pobreza relativa: solo el 14,5% está por debajo del 60% de los ingresos medios. En cambio, en los que tienen entre 18 y 64 años el porcentaje en pobreza relativa alcanza el 20,6%. Si además se computa la vivienda en propiedad como un alquiler que no hay que pagar, este porcentaje baja al 8,2% en los de más de 64, muy por debajo del 19,3% que se registra en el colectivo entre 18 y 64 años.

Problema sin resolver

El déficit contributivo antes de la pandemia estaba en unos 15.000 millones de euros. Y para 2022 se calcula que rondará los 22.000 millones. O lo que es lo mismo, se espera trasladar al Estado todo el déficit que se va a generar. “Con este traspaso dejaremos de hablar de déficit de las pensiones para hablar del déficit desorbitado del Estado. La solución no resuelve el problema, solo lo cambia contablemente de lugar y, por lo tanto, traslada el ajuste al sistema impositivo”, explica Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia y miembro del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

En esta misma línea se expresó el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en el Congreso ante la Comisión del Pacto de Toledo. Tanto el Banco de España como la Autoridad Fiscal sitúan el déficit estructural de las Administraciones en unos 4,5 puntos de PIB, unos 54.000 millones de hoy. Y a este se sumarán hasta 4 puntos de PIB más por la jubilación del baby boom entre finales de 2020 y 2050, según cálculos de la Autoridad Fiscal. Una parte del desfase podría mejorar algo con el tiempo si aumentan la productividad, el empleo o las bases fiscales. Pero la diferencia en recaudación con la media de la UE está en casi seis puntos e implica que habrá que hacer un esfuerzo fiscal muy importante.

Por otra parte, al volver las revalorizaciones con el IPC, la reforma actual deshace el ajuste que hacía la de 2013 actualizando las pensiones al 0,25% mientras el sistema no estuviese en equilibrio. Esta suponía un ahorro de unos 2,5 puntos de PIB, unos 30.000 millones de la actualidad. En lugar de eso, el Gobierno ofrece medidas para retrasar la edad de jubilación efectiva y acercarla a la legal. Y vaticina que ahorrará en torno a 1,2 puntos de PIB. Pero un informe de las universidades de Valencia y Extremadura estima que el ahorro por eso es pequeño. De hecho, según un estudio del Banco de España, aquellos que se jubilan anticipadamente en realidad suponen un ahorro para el sistema porque los coeficientes reductores que se aplican a la pensión restan una cantidad significativa durante toda la jubilación.

El Ministerio dice que las reformas del Gobierno del PP no eran sostenibles socialmente y que hace falta consensos para tomar medidas. Propone además para la segunda fase de la reforma una subida de las bases máximas de cotización y un factor de equidad intergeneracional que evite sobrecargar en demasía a los jóvenes. Pero no concreta mucho más sobre cuánto podría corregirse con estas iniciativas. Y la Comisión Europea es consciente de ello. Aunque su valoración del plan de recuperación es positiva, en la documentación se señala que las medidas pueden no contrarrestar totalmente el aumento de gasto provocado por volver a la revalorización con el IPC y el envejecimiento de la población. “En el caso de que las medidas compensatorias y complementarias no sean suficientes para cumplir con las recomendaciones de la Comisión relativas a la sostenibilidad fiscal, el impacto fiscal del aumento del gasto en pensiones tendría que ser mitigado todavía más con ajustes fiscales proporcionales en el futuro”, destaca. Es decir, permite que se haga una reforma parcial, y que más adelante se aborde con impuestos el desfase que pueda producirse.