Con el impuesto mínimo global a las empresas, Estados Unidos muestra un camino ambicioso: sigámoslo

Estados Unidos nunca dejará de sorprendernos. Tras cuatro años de ataques sistemáticos al multilateralismo, la elección del moderado Joe Biden no nos daba muchas esperanzas de cambio. Sin embargo, está en el origen de una iniciativa que podría suponer una revolución en la financiación de las economías mundiales puestas de rodillas por la pandemia de la covid-19.

A primera vista, lo que Washington acaba de anunciar, ...

Estados Unidos nunca dejará de sorprendernos. Tras cuatro años de ataques sistemáticos al multilateralismo, la elección del moderado Joe Biden no nos daba muchas esperanzas de cambio. Sin embargo, está en el origen de una iniciativa que podría suponer una revolución en la financiación de las economías mundiales puestas de rodillas por la pandemia de la covid-19.

A primera vista, lo que Washington acaba de anunciar, un tipo mínimo en el impuesto de sociedades del 21% sobre los beneficios de las empresas en el extranjero, es una decisión unilateral. Esto significa que, por ejemplo, las filiales de las multinacionales estadounidenses situadas en Irlanda (donde el tipo es del 12,5%), pagarán inmediatamente un tramo adicional del impuesto del 8,5% a las autoridades fiscales de su país.

En realidad, esta propuesta, que formará parte del paquete de medidas para financiar un plan de recuperación de 1,9 billones de dólares, es una gran oportunidad. Si un número significativo de países siguiera el ejemplo de Estados Unidos, las multinacionales dejarían de tener un incentivo para maquillar sus prácticas concentrando artificialmente sus beneficios en jurisdicciones de baja o nula tributación. De este modo, estas últimas se verían obligadas a reaccionar aplicando el tipo mínimo en lugar de robar recursos fiscales a otros países. Los paraísos fiscales ya no tendrían razón de ser.

La ambición estadounidense reaviva así la posibilidad de un acuerdo global y de poner fin a la devastadora carrera a la baja en materia del impuesto de sociedades a la que asistimos desde hace cuarenta años. Por primera vez, tenemos la oportunidad de superar la resistencia de aquellas potencias que consideraban erróneamente ―empezando por Estados Unidos― que obedecer las exigencias de las multinacionales es la mejor manera de servir a su interés nacional. Visto desde una perspectiva europea, sería la vía para evitar así el bloqueo de Irlanda o los Países Bajos en múltiples reformas fiscales.

Por supuesto, la contraofensiva ya está en marcha. Algunos economistas, entre ellos el propio presidente del Banco Mundial, afirma que este tipo del 21% sería excesivo, y que perjudicaría a los países en desarrollo, privándoles de una valiosa herramienta para atraer inversiones.

Esto es un discurso inaceptable. Los estudios demuestran que cuando una gran empresa se plantea dónde ubicar una unidad de producción, las ventajas fiscales no son su prioridad en la lista de criterios a considerar. En realidad, la ventaja fiscal aparece bastante por detrás de otras cuestiones como la calidad de las infraestructuras, la educación y la buena salud de los trabajadores, o incluso la seguridad jurídica. Además, los países en vías de desarrollo son los primeros que salen perdiendo en esta creciente competencia fiscal. Sus presupuestos dependen proporcionalmente más de lo recaudado a través del impuesto de sociedades que en las naciones más ricas.

Los portavoces de las grandes empresas se han apresurado a retomar esta retórica, diciendo que están a favor de la armonización fiscal mundial, pero con un tipo mucho más bajo, el 12,5% por ejemplo. Esto equivale a un alegato a favor del status quo en el que los únicos ganadores son las multinacionales.

En la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), de la que soy miembro junto con economistas como Joseph Stiglitz, Thomas Piketty y Gabriel Zucman, creemos que, a nivel global, el tipo impositivo mínimo global debería ser del 25%. Sin embargo, el 21% ya sería un paso en la dirección correcta, y es importante subrayarlo.

Por eso es crucial que otras potencias se alineen con EE UU y se comprometan a apoyar esta iniciativa global que grave a las grandes multinacionales, sean de donde sean, a un tipo mínimo al menos del 21%. Alemania ya ha mostrado explícitamente su apoyo, tanto a la idea de un acuerdo global sobre un mínimo mundial, como al porcentaje en discusión. Francia parece que también, aunque con la boca pequeña, ahora le toca a España. El papel de estos países será también vital a la hora de convencer a sus vecinos de que hagan lo mismo. Solo así se podrá poner fin a la hipocresía que permite la existencia de varios paraísos fiscales en la Unión Europea misma.

Incluso Londres debe también entender que ya no es posible confiar en la estrategia del dumping fiscal para prosperar, y que la única manera de financiar un crecimiento sostenible es apoyar la aprobación y aplicación amplia de un impuesto mínimo global al menos al 21%.

También es hora de exigir más transparencia en la Unión Europea, con la publicación de los beneficios de las multinacionales, desglosados país por país. Si Francia, por ejemplo, se comprometiera a ello, permitiría a todos en España, ciudadanos, responsables políticos, periodistas e investigadores, saber cuánto declaran las empresas francesas en el país, cuántos empleados tienen y cuántos impuestos pagan. En España, según la propia Agencia Tributaria, hay 22 grupos empresariales que no tributan en la práctica más de un 1% en el impuesto de sociedades. Esta iniciativa que ahora está en trámite de discusión entre las instituciones europeas sería un paso esencial para restablecer la confianza en el sistema fiscal en general, en las prácticas empresariales y una vía para exigir responsabilidades tanto a grandes corporaciones como a gobiernos. La Unión Europea se situaría a la vanguardia de la transparencia internacional.

La pandemia de la covid-19, la crisis sanitaria más grave que ha conocido nuestro planeta en más de un siglo, nos obliga a replantearnos fundamentalmente la noción de solidaridad y de equidad internacional. Hoy tenemos una oportunidad única, no la dejemos pasar.

Eva Joly es abogada, miembro de la Comisión Independiente para la Reforma Fiscal de las Empresas Internacionales (ICRICT) y exmiembro del Parlamento Europeo, donde fue vicepresidenta de la Comisión de Investigación sobre Blanqueo de Capitales, Evasión Fiscal y Fraude