Fedea pide que se amplíe la cuantía de los avales ICO y estudiar su extensión a 2021

Fedea reclama al Gobierno un esfuerzo mayor contra la crisis derivada del coronavirus. La fundación pide que se amplíe la cuantía de los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y que se estudie su extensión a 2021, según ha publicado este viernes el grupo de trabajo mixto sobre la covid-19. El documento recoge que España está en una situación modesta en cuanto a las medidas lanzadas en comparación con otros países europeos tanto en términos de volumen de recursos dedicados durante la pandemia como en cuanto al tiempo dispu...

Fedea reclama al Gobierno un esfuerzo mayor contra la crisis derivada del coronavirus. La fundación pide que se amplíe la cuantía de los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y que se estudie su extensión a 2021, según ha publicado este viernes el grupo de trabajo mixto sobre la covid-19. El documento recoge que España está en una situación modesta en cuanto a las medidas lanzadas en comparación con otros países europeos tanto en términos de volumen de recursos dedicados durante la pandemia como en cuanto al tiempo dispuesto. Esto viene provocado esencialmente por el estrecho margen fiscal con el que llegó España a la crisis del coronavirus.

“Parece esencial la flexibilidad de los programas de avales, de modo que si se agotan puedan extenderse en importe y en el tiempo. De lo contrario, es probable que sean insuficientes”, recoge el documento. Sin embargo, el Ejecutivo se encuentra con un problema doble: el gasto público se incrementa a marchas forzadas y la recaudación cae sin control. Esto hace que la deuda ya coquetee con el 100% del PIB. Y se espera que el déficit se dispare al 10% en un año. Por ello, los nuevos planes de ayuda lanzados por el Gobierno reciclan medidas ya anunciadas previamente o priorizan las líneas de créditos más que las transferencias directas para evitar sobreendeudarse más, si cabe.

La fundación recomienda asimismo que las Administraciones garanticen el plazo de los pagos, algo que, recuerda, no siempre se cumple. “El papel de la Administración pública puede ser central tanto en el ámbito de la cadena de pagos de la economía como adoptando una mayor flexibilidad en su papel como acreedor privilegiado”, dice el texto. También reclama que se facilite la reestructuración de la deuda de las compañías que lo necesiten para evitar la muerte por falta de liquidez de firmas viables, una de las lecciones de la Gran Recesión. “Sería deseable facilitar la reestructuración de su deuda, limitando los privilegios de las Administraciones públicas, incluida la Seguridad Social, y los vetos de los acreedores senior. La reestructuración de la deuda con los bancos podría facilitarse mediante quitas tanto de deudas fiscales como a la Seguridad Social”, añade el comité de expertos.

El grupo de trabajo, coordinado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), lo forman más de 120 expertos procedentes de universidades, empresas y organizaciones que analizan cómo reactivar la economía española a través de las medidas públicas de apoyo al tejido productivo.

Sin colchón fiscal

España se ha encontrado con varios problemas en este 2020 que se sumaban a las tareas todavía pendientes. El principal, el golpe enorme de la crisis del coronavirus, que ha afectado al corazón de la economía. Las medidas de confinamiento y el cierre de fronteras, entre otras, fueron una especie de quimioterapia agresiva con una parte positiva, que acabó con parte de las células dañinas (redujo la expansión del virus). Pero también con una cara menos amable: por el camino ha liquidado muchas células buenas, que serían el tejido productivo, el consumo y el empleo destruido. A todo esto se le añade que las cuentas públicas no llegaron boyantes, con un estrecho margen fiscal con el que poder actuar tras años de ajustes pendientes.

“Las diferencias entre los países analizados guardan sobre todo relación con el distinto margen de política fiscal con que contaba cada uno de ellos al comienzo de la crisis, quizá con la única excepción de Italia que, a pesar de presentar altos niveles de déficit y deuda pública con anterioridad a la pandemia, ha establecido programas de financiación a las empresas y autónomos —y de apoyo a la exportación— que pueden calificarse como “ambiciosos”, lo que puede introducir una incertidumbre adicional a medio plazo”. Esta política de Italia contrasta, según el texto, con la española, de bastante más cautela: “Se debería evaluar si cuando llegue la confirmación de nuevos recursos fiscales desde la Unión Europea, y aprovechando el cierto momentum comunitario favorable, deberían plantearse de manera más decidida medidas de apoyo directo a las empresas”, insiste el documento.

Las tensiones presupuestarias tienen un reflejo directo en los dos grandes planes presentados por el Gobierno esta semana: las ayudas a la automoción y al turismo. Entre los dos sectores generan un cuarto de la economía del país, por lo que llevaban semanas reclamando enérgicamente un apoyo firme. Pero las reacciones son dispares ante las estrategias presentadas. En la automoción están conformes, al ver cumplidas parte de sus demandas, pero en el sector turístico el sabor es amargo.

Facilidades de financiación contra ayudas directas

La primera en ver la luz fue el Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción, el lunes, que incluye una inyección de 3.750 millones de euros, aunque solo 1.535 llegarán este año. Y todavía se diluye más si se separan las transferencias de los avales y las facilidades de la financiación. La inversión directa para 2020 se reduce a 645 millones, de los que una parte irá a investigación, formación y parque público. Si se limpian todas las partidas, solo 350 millones de euros se destinarán directamente a la compra de vehículos de particulares y empresas, un 9% del total. Pese a ello, el sector aplaude el programa, principalmente porque incluyó algunas de sus demandas, como que la ayuda a la compra se pueda utilizar en la adquisición de vehículos diésel y gasolina.

El jueves, solo unos días después y con la misma pomposidad en La Moncloa con el presidente Pedro Sánchez arropado por parte de sus ministros, sindicatos, patronal y representantes del sector, se presentó el Plan de impulso para el sector turístico. En este caso, las ayudas directas son de unos 300 millones de euros, aunque, si se separa por años, para este 2020 solo se ponen a disposición 126,43 millones, un escaso 3% de los 4.262,7 millones anunciados. Reflejo del escaso margen del que disponen las cuentas públicas para aumentar sus gastos es que un 93% del plan consiste en líneas de créditos avalados por el ICO u otros fondos con condiciones ventajosas.

Si los dos grandes planes para la industria automovilística y el turismo se comparan con los presentados en otros países, las diferencias son notables. Con Alemania, la comparación directamente no se sostiene. Por ejemplo, el Gobierno de Angela Merkel ha destinado 9.000 millones solo para rescatar Lufthansa, el doble del programa de apoyo al turismo español en su conjunto. En Francia la diferencia también es elevada, pero no tanto. El país galo destinó 18.000 millones de ayuda al turismo, cuatro veces más que España. Fuentes de La Moncloa lo justifican al recordar que desde el inicio de la pandemia se han dedicado al sector 15.273 millones, aunque aquí se incluyen ayudas generales como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ―hay condiciones especiales para el turismo―, las líneas de avales del ICO ―según el plan, ya se han concedido 10.524 millones para empresas del sector―, la prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos, los aplazamientos de impuestos y la ampliación en 400 millones de la línea de crédito creada tras la quiebra de la opera turística Thomas Cook.

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