Bruselas plantea un nuevo impuesto del 3% sobre ventas de las tecnológicas
El gravamen a empresas como Google, Facebook o Apple supondría recaudar 5.000 millones al año
Google, Facebook y Apple se han especializado en localizar de forma ficticia sus operaciones en microfiliales ubicadas en territorios o países donde el impuesto de sociedades es bajo o incluso prácticamente nulo. Y han convertido así la tributación empresarial en una especie agujero negro: los negocios digitales pagan una tasa impositiva media del 9,5% en la Unión Europea (Google ha pagado algún año menos de un 0,1% en Irlanda), cuando las empresas tradicionales pagan más del doble, una media del 23,2%.
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Google, Facebook y Apple se han especializado en localizar de forma ficticia sus operaciones en microfiliales ubicadas en territorios o países donde el impuesto de sociedades es bajo o incluso prácticamente nulo. Y han convertido así la tributación empresarial en una especie agujero negro: los negocios digitales pagan una tasa impositiva media del 9,5% en la Unión Europea (Google ha pagado algún año menos de un 0,1% en Irlanda), cuando las empresas tradicionales pagan más del doble, una media del 23,2%.
“El sistema es injusto y pone en peligro la estabilidad de las finanzas públicas de los Estados miembros”, según una recomendación de la Comisión a los Veintiocho. Para cambiar esa tendencia, Bruselas propone gravar a las tecnológicas que facturen más de 750 millones (y más de 50 millones en Europa) con un impuesto digital del 3% sobre sus ingresos, lo que supondría una recaudación de unos 5.000 millones de euros anuales para las arcas públicas de los socios europeos.
El brazo ejecutivo de la UE sugiere en realidad una horquilla que va del 1% al 5% —que aportaría hasta 7.000 millones en el caso del gravamen más elevado—, pero se decanta por ese 3% “tras un análisis del impacto de esa medida”, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico.
Se trata de un impuesto indirecto de carácter temporal para obligar a que paguen al fisco actividades que actualmente escapan de Hacienda, desde la publicidad online a los servicios de plataformas de intermediación o las empresas que les sacan partido a los datos facilitados por los usuarios. Además, Bruselas propone cambios en la base imponible del impuesto de sociedades, de manera que dejen de eludir el pago las empresas que no tienen sus sedes físicamente en territorio de la UE.
Impulso internacional
El 74% de los europeos exigen a sus Gobiernos que actúen contra la evasión fiscal. Tres cuartas partes de los ciudadanos creen que las reglas actuales son una especie de queso gruyer, con agujeros jupiterinos para las empresas digitales. Y sin embargo, lo único que han obtenido hasta ahora son vagas promesas: la OCDE —el club de los países ricos— y el G-20 —las economías industrializadas y los emergentes— llevan años mareando la perdiz, jurando y perjurando que ese juego fiscal del gato y el ratón con las grandes empresas toca a su fin.
Europa ha decidido dar un paso porque algunos países han tomado decisiones unilaterales (Francia acaba de imponer una tasa digital) y eso puede socavar el sacrosanto mercado único. “Lo ideal sería una respuesta internacional, pero la UE puede ponerse en cabeza para adoptar soluciones globales a la tributación digital”, apunta la propuesta europea.
Los datos cuentan historias. Y los tipos impositivos que pagan las multinacionales son sangrantes: las empresas aprovechan las disparidades entre los regímenes fiscales nacionales para rebajar su factura de impuestos, con empresas que disfrutan de gravámenes “cercanos a cero en países en los que tienen cuotas de mercado significativas”, según Bruselas. España es uno de esos casos: la factura fiscal de Facebook, Amazon y Google es irrisoria, gracias a entramados que permiten eludir el pago hacia países con tributaciones muy bajas. Algunos de esos países, para más inri, forman parte de la UE: Irlanda, Luxemburgo, Bélgica y Holanda, amén de varios socios del Este, han hecho de la competencia fiscal a la baja un modelo de negocio, casi una forma de vida.
Y ese es precisamente el problema. Alemania, Reino Unido Francia, Italia y España —los cinco grandes países de la UE— lideran una extraña coalición en favor de los impuestos digitales, algo que raramente se ha visto en las últimas décadas. Pero lo más probable es que los sospechosos habituales (Irlanda, Austria y Luxemburgo, entre otros) opongan una férrea resistencia a esa medida, como ocurre cada vez que Europa debate sobre impuestos. A la propuesta de la Comisión le espera un largo camino: el Consejo Europeo —los Veintiocho— debe dar luz verde para que ese plan acabe siendo aprobado por el Parlamento Europeo.
Esa andadura será cualquier cosa menos fácil. La Alemania de Angela Merkel y la Francia de Emmanuel Macron han elevado el asunto a la cumbre europea de esta semana. “Hay un grupo de países favorable a poner en marcha medidas de fiscalidad digital, pero otros Estados miembros prefieren hacerlo solo a escala internacional”, explicaba ayer una alta fuente europea. La historia sugiere que la alta política europea es capaz de inventar siempre sus propios caminos ante bloqueos de este tipo. Salvo en un caso: los impuestos, donde solo se puede avanzar por unanimidad.
Wifi gratis municipal
La Comisión Europea lanzó una primera convocatoria para que un millar de ayuntamientos europeos accedan a ayudas de hasta 15.000 euros con el objetivo de financiar la instalación de conexiones wifi gratuitas en espacios públicos como plazas, parques, museos, bibliotecas y centros de salud. La oferta forma parte del programa Wifi4EU, con el que el organismo presidido por Jean-Claude Juncker pretende potenciar el acceso a internet en el mayor número posible de pueblos y ciudades antes de 2020. La Comisión advierte que los ayuntamientos interesados deberán apresurarse porque la concesión se hará por estricto orden de petición, a partir de la fecha de solicitud.
Se trata de la primera de las convocatorias con las que la UE pretende destinar hasta 120 millones de euros para impulsar la instalación de wifi gratuito en espacios públicos, informa Europa Press. El objetivo es instalar conexiones de alta velocidad en entre 6.000 y 8.000 municipios en todo el bloque comunitario. Para ello, la Comisión Europea lanzará otras cuatro convocatorias en el futuro, de las que se podrán beneficiar más de mil ayuntamientos en cada una de ellas, según informó ayer el brazo ejecutivo de la UE.