La policía detiene en Valencia a un jefe de la ultraderechista Triple A de Argentina

La historia negra de la guerra sucia contra la izquierda argentina acumuló ayer unas líneas datadas en España. La policía detuvo por la tarde en Torrent (Valencia) al ex subcomisario de la Policía Federal Rodolfo Eduardo Almirón Sena, de 70 años, considerado el supuesto jefe militar de la ultraderechista Alianza Anticomunista Argentina, la Triple A, creada durante el Gobierno de María Estela (Isabelita) Martínez de Perón para acabar con la oposición de izquierdas. También ayer, la justicia argentina solicitó la extradición del ex militar Ricardo Miguel Cavallo, Serpico, acusado de viola...

La historia negra de la guerra sucia contra la izquierda argentina acumuló ayer unas líneas datadas en España. La policía detuvo por la tarde en Torrent (Valencia) al ex subcomisario de la Policía Federal Rodolfo Eduardo Almirón Sena, de 70 años, considerado el supuesto jefe militar de la ultraderechista Alianza Anticomunista Argentina, la Triple A, creada durante el Gobierno de María Estela (Isabelita) Martínez de Perón para acabar con la oposición de izquierdas. También ayer, la justicia argentina solicitó la extradición del ex militar Ricardo Miguel Cavallo, Serpico, acusado de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1976-1983).

Almirón, cuya presencia en España se conocía desde 1983, cuando ejercía como guardaespaldas de Manuel Fraga Iribarne, fue detenido poco después de que fuese tramitada, ayer por la mañana a través de Interpol, la orden internacional de detención con fines de extradición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 5 de Buenos Aires. Las autoridades argentinas imputan a Almirón Sena, localizado hace unas semanas en Torrent por El Mundo, los delitos de asociación ilícita y doble homicidio y consideran en su solicitud de extradición que "la acción penal que nace de los delitos investigados es imprescriptible debido a la declaración formulada, considerando los mismos como de lesa humanidad". La justicia argentina atribuye a la Triple A más de 600 asesinatos perpetrados en la segunda mitad de los años 70.

El ex subcomisario, que vivía en el barrio de Xenillet junto a su esposa, fue localizado sobre las 15.30 por agentes de la Comisaría de Torrent, que lo pusieron a disposición de la Audiencia Nacional. La detención ha sido ordenada por el magistrado Daniel Ercolini por varios atentados de 1974. En ellos murieron, entre otros, el entonces diputado nacional Rodolfo Ortega Peña; el ex jefe de la policía bonaerense y militante peronista Julio Troxler; el profesor universitario e intelectual Silvio Frondizi (hermano del ex presidente Arturo Frondizi) y el amigo de éste Luis Mendiburu, informa Europa Press.

Plazo perentorio

Además, la justicia argentina solicitó a España la extradición de Ricardo Miguel Cavallo, acusado de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1976-1983) y sobre quien la semana pasada la Audiencia Nacional se había pronunciado para que fuera juzgado en Argentina. La Audiencia dio 40 días de plazo a los jueces argentinos para hacer efectiva la extradición o de lo contrario Serpico quedaría en libertad. Organismos de defensa de los derechos humanos en Argentina se movilizaron para que el plazo no venciera y ayer el juez federal Sergio Torres solicitó formalmente la extradición.

Cavallo, en España desde 2003 después de que el juez Baltasar Garzón consiguiera su extradición desde México, está acusado de secuestros, torturas y asesinatos cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), el edificio situado en plena capital argentina y que en la actualidad está siendo transformado en Museo de la Memoria como recuerdo de los 30.000 desparecidos del régimen militar. Se calcula que sólo en la ESMA desaparecieron unas 5.000 personas. De lo allí sucedido ha derivado un expediente procesal denominado Megacausa ESMA, al frente de la cual está el magistrado federal Torres.

Cavallo está acusado además de robar los bienes de sus víctimas, una práctica habitual durante el régimen militar y que incluía inmuebles y grandes propiedades. La Audiencia Nacional ha considerado que al haber quedado abrogadas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en junio de 2005 han desaparecido los obstáculos para garantizar que el ex capitán de corbeta sea juzgado en el lugar donde cometió los delitos. Anteriormente, la fiscalía española ya había solicitado una pena de 17.010 años de prisión por genocidio.

Los abogados de Cavallo en España han subrayado que su cliente está detenido en España de forma ilegal y también están de acuerdo en que sea trasladado lo antes posible a territorio argentino pero para ser liberado de forma inmediata.