La Armada argentina, acusada de espiar a civiles
El Gobierno argentino ha ordenado a la Armada que suspenda sus labores de inteligencia tras el escándalo del espionaje a civiles. El jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Jorge Godoy, se declaró ayer "máximo responsable", pero descartó dimitir. En la misma semana en que Argentina conmemora el 30º aniversario del golpe militar que instauró una dictadura que se prolongó durante ocho años y causó entre 7.000 y 30.000 desaparecidos, ha salido a la luz que en la base Almirante Zar, en la provincia de Chubut, 1.400 kilómetros al sur de Buenos Aires, personal militar ha estado espiando a func...
El Gobierno argentino ha ordenado a la Armada que suspenda sus labores de inteligencia tras el escándalo del espionaje a civiles. El jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Jorge Godoy, se declaró ayer "máximo responsable", pero descartó dimitir. En la misma semana en que Argentina conmemora el 30º aniversario del golpe militar que instauró una dictadura que se prolongó durante ocho años y causó entre 7.000 y 30.000 desaparecidos, ha salido a la luz que en la base Almirante Zar, en la provincia de Chubut, 1.400 kilómetros al sur de Buenos Aires, personal militar ha estado espiando a funcionarios, periodistas y dirigentes de organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos.
Los hechos se descubrieron por el testimonio de un militar arrepentido y fueron llevados ante los tribunales por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la misma organización que logró, gracias a un recurso presentado ante la Corte Suprema, la derogación en junio de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Opiniones de Kirchner
Los primeros registros judiciales han revelado la existencia de carpetas con información donde incluso se añaden opiniones del presidente de la República, Néstor Kirchner. El almirante Godoy se declaró "sorprendido" por la existencia de espionaje a civiles y subrayó su convicción de que se trata de un hecho "aislado".
Entre los espiados se encuentra el gobernador de Neuquén, Mario Das Neves, que se ha personado como acusación en el caso aportando como prueba una carpeta donde aparece documentación sobre su militancia política y fotografías con dirigentes de organismos defensores de los derechos humanos.
A falta de lo que decida la justicia ordinaria, la Armada ha ordenado una investigación cuyo objetivo es averiguar quién ordenó el espionaje. La documentación intervenida apunta a que en la red participaban civiles infiltrados en diversos organismos y asociaciones. Entre los datos que se aportaban de las personas espiadas figuraban ideas políticas, religiosas y orientación sexual. En los informes se calificaba a los espiados, por ejemplo, como "judíos" o "marxistas". Por ahora han sido separados de sus cargos dos militares: el comandante de Operaciones Navales, Eduardo Avilés, y el director de Inteligencia Naval, Pablo Rossi.